Cada 2 días, se reporta un ataque contra la libertad de prensa,
lo que viola el derecho a la información
Las vulneraciones más recurrentes son las agresiones físicas a periodistas, la estigmatización de su trabajo, el impedimento de acceso a la información, amenazas contra su integridad y la criminalización de la labor de la prensa. Estas acciones vulneran el derecho de la población a conocer detalles sobre la gestión de la cosa pública.
En el ejercicio de la labor periodística, Reynaldo Sotar y Yenny Escalante tuvieron que recurrir a la Justicia para que sus agresores reconozcan que los violentaron y, en consecuencia, violentaron el derecho a la libertad de prensa.
A Reynaldo, el presidente del Concejo Municipal de Sucre le acusó sin fundamentos de recibir dinero para informar en su contra y de responder a intereses político-partidarios. Y no conforme con ello, le ofreció dinero a cambio de publicar información que le beneficie en el cargo. Los ataques de la autoridad se debieron, recuerda el periodista, a la labor de fiscalización que desarrolló en su rol de reportero.
En el caso de Yenny, su agresor le propino varios golpes por los que un perito forense resolvió otorgarle un día de impedimento. La agresión física se produjo en julio de 2021, mientras ella y un grupo de reporteras y reporteros cubrían una protesta en la plaza principal de la ciudad de Tarija.
“Ha sido en función de trabajo, por las interrogantes que le he cuestionado cuando asumió el cargo de presidente (del legislativo edil)”, dice Reynaldo y prosigue: “Me ha sindicado de recibir dinero, de pertenecer a un partido, a una agrupación política, y manifestó que me iba a dar publicidad de la institución que preside sí es que hablaba bien de él. Eso me molestó, y por ello le entablé una denuncia penal por delitos contra el honor”.
El periodista con 25 años de experiencia, que empezó como operador de radio Loyola y trabajó en tres de las emisoras más prestigiosas de la capital y otros medios, tuvo que llegar a un proceso penal que concluyó con una audiencia de conciliación, donde la autoridad, en presencia del juez, se disculpó y comprometió disculpas públicas que luego cumplió en septiembre pasado, mediante un comunicado en un diario local.
Para Reynaldo, las agresiones de los poderes no son algo ajeno en su carrera, pero él considera que las tensiones han ido en aumento en el último tiempo, a la par del incremento de la polarización político-social. “Antes tuve problemas con autoridades, pero así no, nunca habían mellado mi dignidad, sino que hubo discusiones. Pero desde que ha entrado el MAS al gobierno sí (se intensificó)”, afirma.
Lamenta también que el acoso se exprese a través de otras formas, como la asfixia económica, y recuerda que en cierta oportunidad fue echado de su medio de comunicación por este motivo. “Lo que más ha sufrido mi persona ha sido el chantaje con los medios de comunicación en torno al tema publicitario. Cuando trabajaba en radio Sudamericana me hicieron botar de mi trabajo, precisamente porque era crítico a la gestión de gobierno de Evo Morales y luego condicionaron las publicidades. Eso era cuando Esteban Urquizu fungía como gobernador. Lo mismo pasó con la Alcaldía y tuve que dejar (mi trabajo), pero ahora estoy tranquilo en Radio Horizontes”, cuenta.
En el caso de Yenny, hoy redactora del periódico de circulación nacional Pagina Siete, el ataque también se saldó con una disculpa pública y una orden para que su agresor se mantuviera lejos de ella. “Inicié un proceso penal por la agresión recibida ya que me dieron un día de impedimento. La querella la presenté por el delito de atentado contra la libertad de trabajo y agresión, el proceso siguió su curso hasta que llegó a conciliación y obtuve una orden de alejamiento. El demandado me pidió disculpas públicamente porque no quería que siga con el proceso y acepté”, cuenta.
El ataque se produjo a raíz de una protesta relacionada con la ocupación ilegal de unos predios. Yenny y el resto de los periodistas entrevistaban a uno de los sectores enfrentados y, en represalia por obtener la otra versión de los hechos, un dirigente vecinal se acercó a ella por detrás y empezó a empujarla, jalonearla y golpearla. El sujeto tenía antecedentes penales por violencia y por ello optó por disculparse una vez que Yenny se querelló en su contra.
En 288 días se reportaron 123 ataques
A Yenny no le quedó más que aceptar este acuerdo, pero su caso sentó un precedente para otros en los que se violenta la libertad de prensa, un atentado tan recurrente en Bolivia que, según los datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red Unitas, cada dos días se registra un ataque contra este derecho. Los datos del observatorio dan cuenta de que en los 288 días que corren de 2022 (entre el 1 de enero y el 18 de octubre) se reportaron 123 vulneraciones e la libertad de prensa.
Son nueve las categorías mediante las cuales el observatorio hace seguimiento a las violaciones a este derecho que es considerado un pilar de la democracia. Agresiones físicas a periodistas, estigmatización, impedimento del acceso a la información, criminalización de la labor periodística, amenazas a periodistas, violación del secreto de fuente, censura, ataques a los medios de comunicación y asignación discriminatoria de la publicidad y propaganda gubernamental son los indicadores de la clasificación.
Así, en los ocho primeros meses del año, el Observatorio anotó 107 vulneraciones: 34 por agresiones físicas a periodistas; 22 por estigmatización, 20 por impedimento de acceso a la información; 13 por amenazas a periodistas; ocho por criminalizar la labor de la prensa, cuatro censuras: cuatro ataques a medios de comunicación; una violación a la reserva de fuentes y una asignación discriminatoria de publicidad oficial.
De hecho, agosto fue el mes cuando más violaciones contra la libertad de prensa se produjeron, con un total de 25 hechos, que responden principalmente a las agresiones a periodistas en tres conflictos: primero, en los enfrentamientos entre la Policía y los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz; segundo, agresiones a dos fotoperiodistas de El Deber durante el paro cívico de Santa Cruz; y tercero, las agresiones y retención de cuatro periodistas en la ciudad de Potosí por parte de juntas vecinales.
Una labor al servicio de la sociedad
“El periodismo no debe convertirse en una profesión de alto riesgo, el periodismo es la máxima representación del derecho a la libertad de expresión. Cualquier atropello a la prensa o a los derechos de las y los trabajadores de la prensa debe tener una sanción”, reflexiona el periodista e historiador sucrense, Édgar Fernández.
El ejercicio profesional del periodismo compromete a las y los reporteros –que se constituyen en mediadores entre los hechos y la sociedad– con los principios de pluralidad, equilibrio, rigurosidad y responsabilidad al servicio de la sociedad, además de una alta dosis de ética.
No obstante, debido a las tensiones político-sociales, el trabajo de la prensa se enfrenta cada día a diversas expresiones de violencia fomentadas por intereses particulares. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Marco Antonio Dipp, advierte que, según el monitoreo que realizan, los ataques se han incrementado en los últimos 12 años.
“Las agresiones a periodistas y medios de comunicación, si bien, son una constante en el mundo entero, en Bolivia se han tornado frecuentes y son parte de la política de gobierno más o menos desde 2010; se han convertido en parte de la normalidad. Los medios y los periodistas han sido declarados objetivos públicos del Gobierno, sus enemigos; en muchos casos tildados de opositores”, sostiene.
A esta falta de garantías se suma la carencia de mecanismos para atender a las eventuales víctimas, pues pese a existir una ley (que lleva el nombre de los hermanos Peñasco), su implementación tropieza con problemas. Hugo Santos Sicos, miembro del Directorio de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), confirma que la mayoría de las y los periodistas carecen de un seguro que, por ejemplo, les ayude a cubrir los costos de atención de posibles ataques físicos.
El director del canal 22 América Tv de la ciudad de Quillacollo (Cochabamba), Tito Terán, considera que, ante estos vacíos y la recurrencia de los ataques en el afán de coartar el acceso a la información, “el Gobierno tiene que tener una instancia para proteger a los colegas. Las autoridades deben dar el primer paso para que puedan ejercer libremente su profesión”.
Informar con libertad supone enfrentarse a graves obstáculos, como la intimidación al periodista, con acoso y amenazas, o al medio de comunicación, con presiones para no publicar la información retirando la publicidad o abriéndole procesos judiciales.
Los derechos que confluyen cuando se ejerce el periodismo son el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública y el derecho a la libertad de expresión. Ambos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y numerosas convenciones y declaraciones de las que Bolivia es país signatario, además de la propia Constitución Política del Estado (CPE).
Leyes que amparan al ejercicio periodístico
Un amplio marco legal, internacional y nacional, garantiza los derechos a la libertad de prensa y la libertad de expresión. En sus artículos 19 y 29, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho expresar libremente sus ideas y opiniones, para lo que debe recibir irrestrictamente información pública.
Esta prerrogativa también está reconocida en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se estipula que el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones: una individual y otra social o colectiva (esta última implica al derecho que tiene la sociedad de acceder a la información y opiniones).
La propia CPE boliviana en sus artículos 106 y 107 garantiza este derecho que conlleva la protección del trabajo de las y los periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) especifica que otorgar seguridad a los trabajadores de la prensa no debe limitarse a adoptar medidas después de que hubiesen ocurrido ataques. Por el contrario, se necesitan acciones de prevención dirigidas a frenar las causas de la violencia y evitar la impunidad, juzgando y sancionando a los autores de los delitos contra las y los periodistas y los medios de comunicación.
Dipp: “El secreto de fuente es sagrado, no se levanta”
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y director del diario Correo del Sur, Marco Antonio Dipp Mukled, expone en esta entrevista la manera en que los ataques a la prensa vulneran el derecho a la información y atentan contra las y los reporteros y los medios de comunicación.
– Háblenos de la red de monitoreo y vigilancia de la libertad de expresión, pionera en sistematizar loa ataques a la prensa en Bolivia…
– Como Asociación Nacional de la Prensa tenemos esta red de monitoreo y vigilancia de la libertad de expresión que registra todas las agresiones a periodistas y medios de comunicación (hace más de una década). Estos informes son recopilados y usados anualmente por Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para sus reportes anuales sobre el estado de libertad de expresión. Hubo un periodo muy intenso de agresiones en la antepenúltima gestión de gobierno, que se mantuvo en la gestión de gobierno transitorio, y en esta gestión son ejercidas de manera un poco más encubierta, a través de otro tipo de presiones, sean publicitarias, económicas o vía auditoría estatal a los medios de comunicación (…), básicamente la asfixia económica.
– ¿Cómo garantizar que cesen los ataques a la prensa?
– Los medios y periodistas siempre van a estar en la vereda del frente del poder político, siempre van a ser un mecanismo incómodo para cualquier esquema de poder político o gubernamental, y en esa lógica, siempre van a ser susceptibles a recibir cualquier tipo de agresión. De lo que se trata aquí es que gobernantes y actores sociales tengan una real convicción democrática, un real convencimiento del valor que tiene el respeto a las libertades y derechos de la ciudadanía, entre los cuales están el derecho a la información y la libertad de expresión. Y esa es la parte más débil en nuestro país, no solamente en cuanto a medios de comunicación y periodistas, sino donde pongamos los ojos: independencia de poderes, buena administración, corrupción, por donde se quiera ver; todo depende de un cambio de cultura en quienes administran y dirigen los destinos del país.
– ¿Alguna vez Correo del Sur sufrió agresiones de algún tipo?
– Permanentemente, y esas denuncias han sido públicas en los últimos 15 o 20 años. El periódico que dirijo ha sido sometido a una asfixia económica agresiva que nos ha puesto al borde del colapso económico y que, si bien era disimuladamente ejercida hasta el 2014, se ha vuelto política de gobierno por el control hegemónico que se tiene en las instituciones del Estado (…). La asfixia económica es radical; las consecuencias, sumadas a la crisis generalizada de los periódicos en el mundo, que se ha vuelto evidente sobre todo después de la cuarentena, están teniendo efectos irreversibles sobre este medio de comunicación. En cuanto a nuestros periodistas, también han sido objeto muchas veces de agresiones que han sido reportadas y denunciadas de manera oportuna, ya sea públicamente o a través de esta red de monitoreo de la ANP, que agrupa a todos los medios impresos de Bolivia.
– ¿Qué lectura hace sobre el reciente pedido que hizo el Procurador del Estado para que se levente el secreto de fuente?
– Es parte de la desubicación de ciertas autoridades que siguen teniendo a los medios y periodistas como una piedrita en el zapato, como algo que les incomoda. El secreto de fuente es sagrado, no se levanta y no está en discusión. Si alguien pretende hacerlo simplemente tenemos que reaccionar con toda firmeza y energía posibles.
“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo” (Guillermo Voltaire)
Es un reportaje desarrollado en el marco del proyecto Derecho a la Información y Comunicación “DIC” curso “Narrar con datos”, Periodismo de investigación, es un plataforma de la Fundación para el Periodismo que tiene el respaldo de UNESCO.
Reportajes desarrollado por las y el periodistas:
Naira Vidaurre
Antonio Rafael Rojas
María Luisa Valdez
Edición: Patricia Cusicanqui
