Bolivia es el único país en Sudamérica que no tiene Ley de Acceso a la Información y es uno de los países de la región con más alto índice de percepción de corrupción. Esta realidad es consecuencia de la debilidad del periodismo que no fiscaliza al Estado no sólo porque no desea enfrentarse al gobierno, sino también porque los periodistas no tienen los conocimientos ni las herramientas para investigar. Este proyecto parte de la premisa de que para aplicar la Ley de Acceso a la Información y precautelar la libertad de expresión es necesario tener periodistas capacitados en técnicas de la investigación y en derechos humanos. Es por ello que propone impulsar una campaña de sensibilización para impulsar la formulación de una Ley el Acceso a la información con periodistas, parlamentarios y sociedad civil y, paralelamente, formar periodistas especializados en investigación (periodismo de datos y digital), libertad de expresión, equidad de género y lucha contra la Pandemia del Covid 19.
El acceso a la información puede definirse como el derecho a buscar, recibir y difundir información producida por los organismos públicos. Es parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos(link is external) de 1948, el cual establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras”.