{"id":11769,"date":"2023-09-13T13:55:06","date_gmt":"2023-09-13T13:55:06","guid":{"rendered":"https:\/\/fundacionperiodismo.org\/derecho-informacion-comunicacion\/?p=11769"},"modified":"2023-09-13T14:01:12","modified_gmt":"2023-09-13T14:01:12","slug":"el-derecho-a-la-informacion-es-el-sosten-para-el-ejercicio-de-otros-derechos-humanos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fundacionperiodismo.org\/derecho-informacion-comunicacion\/el-derecho-a-la-informacion-es-el-sosten-para-el-ejercicio-de-otros-derechos-humanos\/","title":{"rendered":"El derecho a la informaci\u00f3n es el sost\u00e9n para el ejercicio de otros derechos humanos"},"content":{"rendered":"<body><p><\/p><img data-recalc-dims=\"1\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-11772 aligncenter\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/fundacionperiodismo.org\/derecho-informacion-comunicacion\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Thank-You-1080-%C3%97-1080-px-1200-x-1200-px-300x300.jpg?resize=450%2C450&#038;ssl=1\" alt=\"\" width=\"450\" height=\"450\" loading=\"lazy\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>El derecho a la informaci\u00f3n es el sost\u00e9n para el ejercicio de otros derechos humanos<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>La ciudadan\u00eda tiene derecho a conocer c\u00f3mo se manejan los asuntos p\u00fablicos y a participar en la toma de decisiones informadas; por tanto, necesita acceder a informaci\u00f3n p\u00fablica de manera oportuna y transparente. <\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Por David Ovando<\/strong><\/p>\n<p><strong>Acceder a informaci\u00f3n p\u00fablica no solo es un derecho humano, sino que es la condici\u00f3n <em>sine qua non<\/em> otros derechos no podr\u00e1n ejercerse plenamente. Y el que un pa\u00eds posea o no una ley de acceso a la informaci\u00f3n no deber\u00eda ser, como en el caso de Bolivia, un impedimento para que la ciudadan\u00eda acceda, analice, procese o use esa informaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Expertos en esta materia exponen el porqu\u00e9 de la importancia de este derecho humano, sus alcances y los riesgos que representa para la democracia el negarle a las y los ciudadanos esta cualidad.<\/strong><\/p>\n<p>Ramiro Orias, abogado y especialista en materia de libertad de expresi\u00f3n, afirma que acceder a informaci\u00f3n p\u00fablica permite a la ciudadan\u00eda <strong>tomar decisiones informadas, participar de manera m\u00e1s activa en asuntos p\u00fablicos de su inter\u00e9s o simplemente compartirla.<\/strong><\/p>\n<p>\u201cNo solamente es el derecho a pedir informaci\u00f3n, sino a procesar y difundir estos datos\u201d, dice y agrega: \u201cen el fondo es el derecho a saber, como establece la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, el derecho a conocer los asuntos p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n<p>El especialista apunta tambi\u00e9n que esta prerrogativa es la base para ejercer otros derechos. \u201cNo se puede ejercer el derecho a la participaci\u00f3n si es que no conocemos los asuntos p\u00fablicos que, por ejemplo, van a ser sometidos a una consulta o a alg\u00fan proceso participativo\u201d, se\u00f1ala.<\/p>\n<p>Bolivia, Cuba y Surinam son los \u00fanicos pa\u00edses de Am\u00e9rica que no poseen una ley de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, pese a que en varias oportunidades se plantearon propuestas legislativas que no prosperaron.<\/p>\n<p>\u201cA nivel regional, pese a que Bolivia reconoce el derecho a la informaci\u00f3n en el art\u00edculo 21 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), es de las pocas naciones que no cuentan con una norma espec\u00edfica en esta materia\u201d, resalta el experto.<\/p>\n<p>No obstante, Orias recuerda que esto no deber\u00eda ser un \u00f3bice para que cualquier persona demande de las entidades p\u00fablicas informaci\u00f3n de su inter\u00e9s en todos los niveles y en todos los \u00f3rganos del Estado, pues la normativa internacional garantiza el ejercicio de este derecho.<\/p>\n<p><strong>El derecho internacional garantiza esta prerrogativa<\/strong><\/p>\n<p>En esa misma l\u00ednea, el experto internacional en materia de libertad de expresi\u00f3n y regulaci\u00f3n de medios, Joan Barata, profundiza al respecto: \u201cNo es necesario una ley para ejercer el derecho de acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica, incluso no es necesario que la CPE lo reconozca claramente, porque el derecho de acceso a la informaci\u00f3n est\u00e1 reconocido en el derecho internacional como un derecho humano a trav\u00e9s de diversos tratados\u201d.<\/p>\n<p>Entre los mecanismos internacionales que nombra el especialista y a los que se puede recurrir est\u00e1n la Comisi\u00f3n interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).<\/p>\n<p>\u201cHay much\u00edsimas sentencias de la Corte IDH que reconocen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n\u201d, precisa Barata en una entrevista concedida a la Fundaci\u00f3n para Periodismo (FPP) de Bolivia para analizar los problemas de implementaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n correcta del marco legal que garantiza este derecho.<\/p>\n<p>Barata afirma que, de hecho, en muchos pa\u00edses hay leyes de acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica, pero algunas de estas son \u201cinsuficientes\u201d debido a que han sido elaboradas con falencias y aplicarlas se dificulta.<\/p>\n<p>\u201cM\u00e1s de la mitad de los pa\u00edses del mundo tiene una ley de acceso a la informaci\u00f3n, sin embargo, en algunos casos hay aspectos negativos: las leyes no son suficientes y no recogen todos los aspectos del derecho de acceso a la informaci\u00f3n\u201d, apunta.<\/p>\n<p>En su an\u00e1lisis, ante la presi\u00f3n internacional, varios gobiernos deciden adoptar una norma para no sentir el peso que representa el incumplir con este mandato. \u201cTienen una ley, pero no tienen inter\u00e9s en implementarla en la pr\u00e1ctica\u201d, afirma.<\/p>\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1l es la situaci\u00f3n en Bolivia?<\/strong><\/p>\n<p>En Bolivia, el acceso a la informaci\u00f3n est\u00e1 contemplado en los art\u00edculos 21 (par\u00e1grafo 6), 24, 106, 237 y 321 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado. Asimismo, al menos una decena de leyes sectoriales reconocen este derecho, pero su cumplimiento es parcial y no existen mecanismos que garanticen esta prerrogativa ni sancionen a los funcionarios que se nieguen a cumplirla.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n est\u00e1n vigentes los decretos supremos 28168 y 0214, que promueven el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica en el marco de la transparencia que deber\u00eda regir en el pa\u00eds, no obstante, su alcance es \u00fanicamente al \u00d3rgano Ejecutivo y tampoco se cumplen.<\/p>\n<p>El abogado Julio Veizaga, tambi\u00e9n especialista en acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica, coincide en que pese a haber leyes y decretos que contemplan este derecho, en el caso de Bolivia, la ciudadan\u00eda no puede hallar eco a sus requerimientos.<\/p>\n<p>\u201cEl Estado no cumple con su deber de facilitar la informaci\u00f3n en tiempo razonable. En la pr\u00e1ctica, acontece que el Estado no tiene voluntad pol\u00edtica para atender el derecho de petici\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado\u201d, lamenta.<\/p>\n<p><strong>Las normas resultas insuficientes para el periodismo<\/strong><\/p>\n<p>El gremio de las y los periodistas, uno de los m\u00e1s interesados y afectados en este sentido, expone los perjuicios que ello representa para el ejercicio de su labor y para su misi\u00f3n de mantener informada a la ciudadan\u00eda.<\/p>\n<p>La Confederaci\u00f3n de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), a trav\u00e9s de su ejecutivo, Jorge \u00c1brego, dice que una ley de acceso a la informaci\u00f3n es un primer paso para reconocer este derecho que tienen periodistas y poblaci\u00f3n en general. En su criterio, las normas y decretos vigentes no son m\u00e1s que \u201cun saludo a la bandera\u201d.<\/p>\n<p>El periodista y exdirigente de la Asociaci\u00f3n Nacional de la Prensa de Santa Cruz (ANPSC), Roberto M\u00e9ndez, se\u00f1ala que el Estado deber\u00eda garantizar el ejercicio de este derecho, pero que es cada vez m\u00e1s com\u00fan qu\u00e9 instituciones del \u00e1mbito nacional, departamental y municipal, adem\u00e1s de los otros poderes estatales, nieguen a las y los periodistas y m\u00e1s a\u00fan a los ciudadanos la informaci\u00f3n solicitada.<\/p>\n<p>\u201cUno de esos ejemplos claros lo vemos con los contratos que el gobierno de Luis Arce firm\u00f3 recientemente para la explotaci\u00f3n del litio con empresas chinas. En t\u00e9rminos generales, la informaci\u00f3n siempre es negada a los ciudadanos. Otro ejemplo es el de los militares, que despu\u00e9s de 20 a\u00f1os suspendieron el veto para acceder a los archivos (de la dictadura) y que pod\u00edan dar luces sobre d\u00f3nde escondieron los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz; y resulta que cuando dijeron que hab\u00eda acceso, los archivos hab\u00edan sido borrados\u201d, lamenta.<\/p>\n<p>Cada 28 de septiembre se conmemora el D\u00eda Internacional del Acceso Universal a la Informaci\u00f3n; uno de los objetivos es promover este derecho a trav\u00e9s de la legislaci\u00f3n. En ese marco, la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas (ONU) ha designado a la Unesco como el organismo que haga seguimiento a los pa\u00edses para ver si efectivamente han cumplido o no con la elaboraci\u00f3n de leyes de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El derecho a la informaci\u00f3n es el sost\u00e9n para el ejercicio de otros derechos humanos La ciudadan\u00eda tiene derecho a conocer c\u00f3mo se manejan los asuntos p\u00fablicos y a participar en la toma de decisiones informadas; por tanto, necesita acceder a informaci\u00f3n p\u00fablica de manera oportuna y transparente. 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