![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/boliviaverifica.bo\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/business-3079910_1280.webp?resize=696%2C529&ssl=1\")
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En Bolivia, el derecho a acceder a la informaci\u00f3n es una prerrogativa reconocida por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE), al menos siete leyes y tres decretos, pero su cumplimiento es casi nulo, no solo por la falta de una ley espec\u00edfica que regule esta materia, sino porque se advierte escasa voluntad pol\u00edtica para transparentar el manejo de la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
En 22 a\u00f1os, en Bolivia\u00a0se propusieron 10 proyectos de ley sobre acceso a la informaci\u00f3n<\/a>\u00a0p\u00fablica, sin embargo ninguno prosper\u00f3, seg\u00fan una revisi\u00f3n elaborada por Bolivia Verifica. Este medio tambi\u00e9n recogi\u00f3 informaci\u00f3n de una sistematizaci\u00f3n realizada por el experto en Derechos Humanos Ramiro Orias, de donde se colige que al menos otras 10 normas reconocen este derecho.<\/p>\n Por ejemplo, en su art\u00edculo 21, la Carta Magna establece que \u201clas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la informaci\u00f3n, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva\u201d.<\/p>\n Y su art\u00edculo 24 consigna que \u201cToda persona tiene derecho a la petici\u00f3n de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtenci\u00f3n de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigir\u00e1 m\u00e1s requisito que la identificaci\u00f3n del peticionario\u201d.<\/p>\n Mientras que el Decreto Supremo 28168 de Acceso a la Informaci\u00f3n en el \u00e1mbito del Poder Ejecutivo reconoce los principios de publicidad, obligatoriedad y gratuidad en el manejo de la informaci\u00f3n p\u00fablica, salvo excepciones reguladas por ley. Para acceder a un resumen del compendio, ingrese a este link.<\/p>\n No obstante, el gremio de las y los periodistas, uno de los sectores m\u00e1s afectados por los problemas para acceder a la informaci\u00f3n, lamenta que las normas no se cumplen en el pa\u00eds.<\/p>\n La Confederaci\u00f3n Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), a trav\u00e9s de su ejecutivo Jorge \u00c1brego, reclama una ley espec\u00edfica sobre este tema al ser \u201cun primer paso para ejercer este derecho humano\u201d.<\/p>\n \u00c1brego afirma que la CPE y los decretos supremos vigentes no han ayudado en nada a que los periodistas puedan acceder abiertamente a la informaci\u00f3n p\u00fablica. En su criterio, el marco legal vigente no es m\u00e1s que \u201cun saludo a la bandera\u201d.<\/p>\n En la misma l\u00ednea, el periodista y exdirigente de la Asociaci\u00f3n Nacional de la Prensa de Santa Cruz (ANPSC) Roberto M\u00e9ndez se\u00f1ala que, pese a lo dispuesto en lo normativa, es cada vez m\u00e1s com\u00fan que instituciones nacionales, departamentales y municipales se nieguen a proporcionar datos a la prensa y a la propia ciudadan\u00eda.<\/p>\n \u201cVemos un ejemplo con los contratos que firm\u00f3 el Gobierno para la explotaci\u00f3n del litio con empresas chinas. En t\u00e9rminos generales, la informaci\u00f3n siempre es negada a los ciudadanos. Otro ejemplo es el de los militares, que finalmente suspendieron el veto para acceder a los archivos militares de la dictadura; la idea era conocer d\u00f3nde est\u00e1n los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y resulta que los archivos fueron borrados\u201d, se lamenta.<\/p>\n El abogado Julio Veizaga, tambi\u00e9n especialista en acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, coincide en que, pese a las normativas vigentes, una respuesta afirmativa a la solicitud de informaci\u00f3n por parte de la ciudadan\u00eda es casi imposible.<\/p>\n \u201cEl Estado no cumple con su deber de facilitar la informaci\u00f3n en tiempo razonable. En la pr\u00e1ctica, acontece que el Estado no tiene voluntad pol\u00edtica para atender el derecho de petici\u00f3n consagrado por el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado\u201d.<\/p>\n \u201cNo es necesaria una ley para ejercer el derecho de acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Incluso, no es necesario que la CPE lo reconozca espec\u00edficamente, porque el acceso a la informaci\u00f3n est\u00e1 reconocido en el derecho internacional, a trav\u00e9s de los tratados, como un derecho humano\u201d, afirma Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresi\u00f3n y regulaci\u00f3n de medios.<\/p>\n Durante una entrevista v\u00eda zoom desarrollada por la Fundaci\u00f3n para el Periodismo (FPP) de Bolivia, el especialista refiere que la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos \u201creconocen el derecho de acceso a la informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Seg\u00fan su experiencia, en varios pa\u00edses del mundo hay leyes de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica que han resultado insuficientes, debido a que han sido elaboradas con falencias y aplicarlas se dificulta.<\/p>\n \u201cM\u00e1s de la mitad de los pa\u00edses del mundo tiene una ley de acceso a la informaci\u00f3n, lo cual es bueno. Sin embargo, tambi\u00e9n hay aspectos negativos, las leyes no son suficientes y no recogen\u00a0todos los aspectos del derecho a acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica\u201d, apunta.<\/p>\n En su criterio, la presi\u00f3n internacional hace que muchos gobiernos decidan adoptar una norma espec\u00edfica que regule este aspecto, pero en los hechos, \u201cno tienen inter\u00e9s en implementarla\u201d.<\/p>\n Un componente esencial de la democracia es el derecho a acceder a la informaci\u00f3n p\u00fablica, porque no consiste solo en \u201cpedir informaci\u00f3n, sino procesarla y difundirla\u201d, expone Ramiro Orias, abogado y especialista en materia de libertad de expresi\u00f3n de la Red de Apoyo y Protecci\u00f3n a Periodistas (RAPP).<\/p>\n \u201cEn el fondo es el derecho a saber, el derecho a conocer los asuntos p\u00fablicos\u201d, lo que tiene alto impacto en el ejercicio de otros derechos humanos. \u201cNo se puede ejercer el derecho a la participaci\u00f3n si es que no conocemos los asuntos p\u00fablicos que van a ser sometidos a una consulta, a alg\u00fan proceso participativo\u201d, cita como ejemplo.<\/p>\n Orias recuerda que, a pesar de la importancia de este derecho, en muchos pa\u00edses todav\u00eda es dif\u00edcil y hasta casi imposible acceder a informaci\u00f3n de car\u00e1cter p\u00fablico.<\/p>\n \u201cA nivel regional, pese a que Bolivia reconoce el derecho a la informaci\u00f3n en el art\u00edculo 21 de su Constituci\u00f3n, es uno de los tres pa\u00edses latinoamericanos (adem\u00e1s de Cuba y Surinam) que no tiene una ley\u201d espec\u00edfica sobre este tema, dice.<\/p>\n Este vac\u00edo normativo, seg\u00fan Orias, muestra que, en Bolivia, los llamados a legislar no reconocen la importancia de este derecho y reflexiona tambi\u00e9n en sentido de que toda la ciudadan\u00eda deber\u00eda comprometerse con demandar el cumplimiento de esta prerrogativa.<\/p>\n <\/p>\n<\/body>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Representantes del gremio period\u00edstico y expertos en la materia lamentan que la ciudadan\u00eda no pueda ejercer esta prerrogativa como corresponde. 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La base de otros derechos humanos<\/strong><\/h3>\n