Foto: La Razón
La inversión edil en igualdad de género no prioriza a la mujer
– En 2016, sólo 29 de 339 municipios tuvieron “muy buena” inversión en igualdad de género.
– Crean una plataforma de “Justicia Fiscal” para hacer seguimiento a las inversiones de los municipios en la lucha contra la violencia hacia la mujer.
Miriam Telma Jemio
La Ley No. 348 y su reglamento obligan a los municipios del país a invertir en la igualdad de género. En 2016, sólo 29 de los 339 municipios del país logró “muy buena” inversión aunque priorizaron proyectos que tienen que ver en el cuidado de la familia principalmente, según un estudio realizado por el Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.
Este Centro elaboró el “Ranking Municipal de Inversión en Igualdad y Equidad de Género 2016”, en el que ubica en la categoría “Muy Buena” a los 29 municipios que están encabezados por Pelechuco con un 17,98% de participación de la IIEG en su presupuesto de inversión. El segundo lugar es ocupado por el municipio de Bolívar, de Cochabamba, que cuenta con un 17,68%; y, en tercer lugar, Yocalla de Potosí con un 17,02%. Ningún municipio capital de departamento está en esta categoría.
En el extremo opuesto, se identificó a 10 municipios con cero ejecución presupuestaria para la igualdad de género: San Agustín, San Antonio de Esmoruco y Toro Toro del departamento de Potosí; Curva, Escoma, General Juan José Pérez y Nazacara de Pacajes, en La Paz; Santos Mercado de Pando; Quirusillas de Santa Cruz y Reyes de Beni. Nazacara de Pacajes, por segundo año consecutivo, aparecen con ejecución cero.
En 2016, hubo una considerable reducción presupuestaria debido a la disminución de recursos del IDH. Se ejecutó un total de 14.458.461.415 de bolivianos para programas de inversión. Casi 2 billones de bolivianos menos que en la gestión 2015.
A pesar de esa disminución, los municipios no redujeron su inversión en políticas sociales, como las que promueven la igualdad y equidad de género. Según el Ranking Municipal de Igualdad y Equidad de Género 2016, existe un incremento sustancial de municipios con porcentajes altos de inversión. En 2015, se ejecutó un total de 312.424.542 bolivianos; en 2016, aumentó el presupuesto ejecutado en más de 154 millones de bolivianos respecto a la gestión anterior, como se ve en el siguiente cuadro.
“Pero este aumento presupuestario se ha centrado sobre todo en programas de corresponsabilidad en el cuidado de la familia, como ser construcción de centros infantiles o la promoción de la alimentación complementaria escolar en los municipios”, remarcó Tania Sánchez, directora del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.
En 2016, la inversión en corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo (CSCF) fue del 69,47 % y en la focalizada en mujeres (FM) fue apenas de 2,46%.
Este gasto, si bien contribuye a liberar el tiempo de las mujeres para que puedan participar en el mercado laboral y dedicarse a actividades no centradas en la reproducción de la vida, es necesario analizar el impacto real que se crea en la igualdad y equidad de género y en la reducción de brechas entre hombres y mujeres.
Rocco Busco, jefe de la Cooperación Unión Europea, celebró que los municipios estén invirtiendo en temas de género; sin embargo, le parece que es necesario avanzar más en esta materia. “Hay avances, pero no son suficientes”, dijo.
A pesar de existir un presupuesto obligatorio asignado por Ley para la lucha contra la violencia que, por ende, contribuye a la inversión en la igualdad y equidad de género, aún hay municipios con una ejecución del 0% para la reducción de las desigualdades de género. Eso llama la atención y, más aún, “el que no haya una entidad que haga cumplir la Ley”, señaló Sánchez.
“La asignación y ejecución de recursos en la provisión de bienes y servicios que generen condiciones futuras para reducir las desigualdades de género o incidir en su disminución no es una prioridad de los municipios”, concluyó una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario en 2017. Su estudio se centró en la inversión que realizaron los municipios del departamento de Pando durante la gestión 2016.
Para la experta de ONU Mujeres Bolivia, Elizabeth Salgueiro, se debe hacer el control social para verificar si las alcaldías y las gobernaciones están cumpliendo con los presupuestos que deben ejecutar según lo establecido por la Ley No. 348. “Ya no se trata de que no hay recursos, sino de que los municipios ejecuten los recursos establecidos (por la Ley No. 348, 30%). Es evidente que no pasan del 7%”, remarcó.
Clasificación de la inversión en igualdad y equidad de género
El Ranking Municipal de Inversión en Igualdad de Género provee información sencilla sobre cuánto invirtieron los gobiernos municipales en igualdad de género durante la gestión 2016.
El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza realizó el análisis de los presupuestos y, para medir el porcentaje de participación de la Inversión en Igualdad/Equidad de Género en el presupuesto de inversión de los gobiernos municipales, realizó una clasificación de cuatro ítemes.
- Inversión focalizada en mujeres (FM). En esta categoría se agrupa programas, proyectos y/o servicios dirigidos exclusivamente a mujeres, en todas las etapas de la vida, orientados a cerrar las brechas entre hombres y mujeres, promover la autonomía y el ejercicio de los derechos de las mujeres y asegurar la redistribución equitativa de los recursos públicos y sociales.
- 2. Inversión en corresponsabilidad social y pública en el cuidado de la familia y la reproducción de la fuerza de trabajo (CSCF). Esta categoría nombra, agrupa y establece la inversión pública que promueve condiciones para la reproducción de la vida, la redistribución del trabajo doméstico y de cuidado de la familia generando condiciones materiales y culturales para ellos.
- Inversión para la construcción de cultura de igualdad y despatriarcalizadora (CI). Nombra la inversión pública que promueve cambios estructurales en el sistema patriarcal en la gestión pública y en las relaciones entre hombre y mujeres.
- Inversión en atención prevención y protección a mujeres víctimas de violencia en razón de género (VRG). Nombra la inversión pública orientada a la atención, prevención y protección a mujeres víctimas de violencia en razón de género tomando como referencia lo dispuesto en la Ley No. 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
En el primer año de implementación de la Ley No. 348, en 2015, los 339 municipios del país programaron una inversión de 114.556.198 bolivianos para proyectos y actividades destinados a la lucha contra la violencia en razón de género en los ámbitos de prevención, atención, protección y reparación de las mujeres víctimas de violencia y sistemas de tratamiento a los agresores. Hasta diciembre de 2015, lograron ejecutar sólo el 47% de lo presupuestado.
El estudio del Centro “Gregoria Apaza”, “Recursos de los municipios y departamentos para la lucha contra la violencia hacia las mujeres: Presupuesto y ejecución 2015- presupuesto 2016”, establece que en 25 municipios no se destinó ni un solo boliviano para cumplir con lo que dicta la Ley en esta materia. Contar con un SLIM es una tarea fundamental en esta lucha y son 30 los municipios que asignaron recursos para este fin, señala Tania Sánchez, directora de ese centro. De los 339 municipios, sólo 169 cuentan con una oficina de servicios legales.
La Ley No. 348 dispone en su artículo 13 que durante el primer año de la vigencia de la norma, los gobiernos municipales con una población menor de 50 millones de habitantes deberán invertir el 25% de su presupuesto y en las poblaciones con más de 50 millones de habitantes el 30% para la infraestructura, equipamiento, mantenimiento, contratación de personal especializado y gastos de funcionamiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
A partir del segundo año de la aprobación de la normativa, los municipios deberán invertir el 10% del total de los recursos del IDH para la seguridad ciudadana y para el funcionamiento eficaz en los servicios legales integrales municipales, con el objetivo de restituir los derechos de las mujeres en situación de violencia.
Una plataforma para vigilar que se cumpla la Ley 348
¿Qué instancia vigila que los municipios inviertan lo que manda la Ley No. 348? La abogada, especialista en derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres, Mónica Bayá, responde que hay un vacío en la Ley porque no se especifica qué entidad se encargará de controlar el cumplimiento y menos existe una sanción a los municipios que contravengan la Ley No. 348.
Es por eso que resalta Mónica Baya que en los municipios, en organizaciones e instituciones de la sociedad civil, crearon la “Plataforma de justicia fiscal desde las mujeres”, un espacio de articulación, análisis, diálogo y elaboración de propuestas para la aplicación de planes y políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
La Justicia Fiscal es entendida como un sistema de derechos y obligaciones equilibrado, donde la recaudación de recursos sea progresiva, equitativa y donde se asegure el financiamiento de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas, logrando altos niveles de equidad socioeconómica en armonía con el medio ambiente.
Este espacio ayudará a aportar al diseño de marcos normativos e implementación de políticas orientadas a la justicia fiscal en los parámetros del Plan de Desarrollo Económico y Social y la nueva metodología de planificación del Sistema de Planificación Integral Estatal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
“Es una tarea que iniciamos hace dos años, a la cual se fueron sumando otras instituciones”, remarcó Tania Sánchez, directora del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”.
Una de las líneas de trabajo de la plataforma en la generación de conocimiento que será fortalecida a través del “Observatorio de justicia fiscal desde las mujeres”, un sistema de información dinámico que producirá, procesará y sistematizará información referida a la justicia fiscal del nuevo sistema de Planificación del Estado Plurinacional y la asignación progresiva de recursos con enfoque de género.
La plataforma fue presentada al iniciar esta gestión. En esa oportunidad, Rocco Busco, jefe de la Cooperación Unión Europea, resaltó la importancia de la participación de la sociedad en los procesos políticos para garantizar políticas eficaces e integradoras. Señaló que su apoyo al proyecto responde a la línea de trabajo de la Unión Europea basada en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
La plataforma (www.mujeresyjusticiafiscal.org) es impulsada por Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza” (CPMGA), el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) y Oxfam en articulación con la Casa de la Mujer, el Equipo de Comunicación Alternativa de Mujeres (ECA), Acción Cultural Loyola (ACLO), la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y ONU Mujeres. Tiene presencia en 11 municipios de los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Santa Cruz. Cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea.
