Del otro lado de la línea.
Martín trabaja hace nueve años en la cámara de Diputados. Es el encargado de la central de llamadas telefónicas. Sus manos son sus guías.
Suena el teléfono, su mano izquierda se dirige automáticamente al auricular, “Diputados, buenas tardes”, contesta. De manera inmediata, con la derecha, digita un número interno. Martín Cubarrubia Condori, de 41 años, es quien está al otro lado de la línea cada vez que alguien llama a la entidad estatal.
En la memoria de Martín están almacenados 830 números internos de los cinco edificios de la Cámara de Diputados, pues es la única central. Cada inicio de gestión recorre todas las oficinas para conocer quiénes trabajan. No tiene una lista escrita de consulta, la falta de visión le obligó a asumir ese desafío.
Es la tarde del 28 de marzo de 2019, pero Martín recuerda con facilidad el momento que fue convocado por el jefe de personal para cambiar del puesto de ascensorista a operador de central telefónica hace poco más de ocho años.
“Me dijo: ‘no sé si podría ir usted o cómo podríamos hacer para manejar los internos fácil’. Yo le di una sugerencia, ‘tengo una reportera y en eso me lo puede grabar todo’. Entonces, transcribí al braille y repasando y repasando en unos dos días lo aprendí de memoria”, cuenta de manera pausada la oportunidad para ocupar su actual lugar de trabajo.
La oficina de la central telefónica está ubicada provisionalmente, por obras, en el tercer piso de un edificio antiguo al centro de La Paz. Al final de un pasillo, una puerta de más de dos metros de alto conduce al interior. El ambiente de 3×2 tiene una ventana alta del tamaño de una caja de zapatos y es más frío que el resto de los otros ambientes. Resalta la falta de un trozo de 30 centímetros en el machimbre, entre el escritorio y el ingreso, por lo que Martín debe esquivar este obstáculo cada vez que pasa.
La Ley Nº 977/2017 de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad exige, en su artículo dos, que las entidades estatales den trabajo a personas con alguna forma de discapacidad. Martín es parte de ese cuatro por ciento que exige la normativa y que muy pocos cumplen.
Él tiene tez morena, contextura mediana, viste un pantalón de tela plomo y una camisa color perla. Está sentado al extremo derecho de la oficina, acompañado por su hija Massiel, quien tímidamente huye. Frente a él está su escritorio con un teléfono plomo, algunas teclas se borraron, pues le acompaña seis años, pero esto no representa una dificultad para su trabajo.
Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y egresó a los 21 años. Quiso compartir este logro con su familia, ellos viven en Caranavi.
“Fui avisarles para que estén presentes en mi graduación y pasó mi accidente, fue un vuelque”, cuenta después de suspirar. Luego, lo trasladaron al hospital de Coroico. Pasaron entre cinco a siete meses desde el accidente y empezó a ver borroso.
“El oftalmólogo me dijo: ‘usted tiene desprendimiento de retina, te podemos operar pero no te garantizamos”. Por falta de recursos, su madre optó por no realizar el procedimiento, pues le dijo que no avanzaría, pero después de un año Martín casi no veía nada.
Su familia lo llevó a vivir donde su abuela, en el campo cerca Achacachi. “Estaba encerrado unos seis a siete meses (…) Me han exiliado”.
Un día en medio del exilio, Martín escuchó a través de la radio, que hasta hoy es su compañera, sobre el Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC). Le pidió a su madre que lo lleve.
Dentro del programa aprendió braille, no fue fácil. Quien carece de vista interpreta una página en cinco minutos. Una que tiene visión puede leer cinco páginas en un minuto. “Un punto puede cambiar el sentido de todo”, explica Martín.
Para caminar, en el IBC aprendió a rastrear con el bastón, el cual es uno de sus principales guías hoy. Es de aluminio y está apoyado a su lado derecho, lo agarra para explicar que es su herramienta para desplazarse 15 cuadras cada día.
En Bolivia, según el Sistema de Registro Único de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD), están contabilizadas en total 79.231 personas con discapacidad desde la gestión 2007 hasta junio de 2018. Desde la gestión 2010 hasta junio de 2018, las personas con discapacidad visual como Martín, representan solo 5.772 del total.
Él es un hombre de familia, tiene una esposa, que conoció en el trabajo, y tres hijos. La del medio, Massiel, es su compañía por las calles de La Paz. Lento, pero seguro se desplaza desde su casa, el colegio, hasta su oficina. Prefiere hacer todo el recorrido siempre a pie.
“En movilidad, a veces, uno se embarca y no le dejan donde tiene que quedarse, se pasan más allá o faltando. Eso es más complicado. Lo único que debo saber es el manejo del bastón y rastrear”, cuenta Martín.
Este es uno de los retos del día a día. Cuando le toca ir al banco se encuentra con otras dificultades. “A mí sí me maltratan mucho (…) Les digo: ‘ustedes parece que están estresados, si alguna persona viene a ser atendido, tiene que irse feliz’. Siempre con palabras, no alterándose”, agrega.
Una de las personas que intenta cambiar esta realidad es Andrea Cornejo de 33 años. Su objetivo es generar un cambio actitudinal y también en los espacios públicos, a partir de su cargo como concejal desde 2015. Ella conoce muy bien esta situación, pues lleva 17 años en silla de ruedas.
Cornejo se encontraba inspeccionando el parque de las Cebras, el primero inclusivo en el país. En su silla de ruedas automática, que ella misma maneja con un control en la mano derecha, se puso bajo un pasa manos de menor altura para demostrar cómo podría ser utilizado por niños con la misma discapacidad. Además, se subió a un columpio adaptado para silla de ruedas.
Para subirse necesitó la ayuda de dos personas, quienes la acomodaron, aseguraron y la balancearon. Entre risas, explicó que era un trabajo sencillo, pero requería voluntad. Al bajar, observó que hacían falta algunas mejoras, por lo que enviará una minuta de comunicación al Ejecutivo.
El parque es uno de los proyectos con los que Andrea llegó al Concejo. Otros son: Mercados maravillosos, brigadas móviles para el pago del bono con discapacidad, concurso con estudiantes de arquitectura para transformar espacios en accesibles, entre otros.
Un ejemplo de este trabajo es el palacio Consistorial, donde funciona el Concejo Municipal, el cual no es el mismo desde que ella asumió el cargo. En la puerta de ingreso existe una rampa de acceso al edificio, colocada en 2015. Una vez adentro Andrea recibe ayuda para subir por lo menos ocho escalones, antes de transitar el pasillo que conduce a su oficina.
“Transformar una ciudad es bastante complejo (…) Es un reto, porque La Paz es muy accidentada”, dijo Cornejo. Quien está consciente de esto es Martín cuya oficina está en una calle empinada y además debe subir tres pisos en un ascensor que se cierra con fuerza y rapidez.
En 45 minutos, Martín contesta al menos 15 llamadas. Su voz se vuelve ronca, pero fluida al momento de atender el teléfono. Llega el momento en que extiende la mano derecha para despedirse, pues debe seguir trabajando. Él y Andrea, como miles en el país, deben ganarse el pan igual que cualquier otra persona.