Violencia económica: La imposibilidad de criar a un hijo con una pensión de Bs 412

Asistencia familiar en Bolivia

Las mujeres que decidieron salir de la violencia física o psicológica deben enfrentar el vía crucis consecuente de la violencia económica, que los hombres usan para ejercer presiones y chantajes sobre ellas y los hijos y que consiste en limitar los recursos suficientes para que puedan vivir. La organización feminista Mujeres Creando trata cada día siete casos de violencia machista, de los cuales cuatro son por la falta de pagos de la asistencia familiar.

Ángela, una psicóloga de 30 años, es una de las víctimas de ese tipo de violencia. En 2015, un juez de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dictó un fallo que ordenó a su expareja pagar una asistencia económica mensual de Bs 415 para la manutención del niño de ambos, de cinco años. Fueron tres bolivianos más de lo que establece el Código de Familia como pensión mínima para los hijos tras la separación de los padres.

Un cálculo realizado con varias madres para esta trabajo periodístico permite constatar que solo en alimentación, vestimenta, escuela, vivienda y recreación de un niño se requieren al menos Bs 2.505, una cifra mayor al salario mínimo nacional establecido en Bs 2.060 (Gestión 2018).

Si hablamos de salud, la consulta médica de control y el dentista son otros de los gastos más frecuentes, suponiendo un costo mínimo de Bs 350 por mes, si solo se adquieren las vitaminas y medicinas habituales. El monto se incrementa cuando las madres que no poseen un seguro médico llevan a su hijo o hija a un consultorio privado.

Lo más alarmante es que los Bs 2.505 que se reflejan en los gastos prioritarios, mencionados en la infografía, no llega a cubrir las necesidades básicas establecidas por la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la alimentación que debe tener un niño, adolescente o joven, porque necesitan una buena dieta para crecer, desarrollarse, protegerse de las enfermedades y tener la energía para estudiar, aprender y ser físicamente activos.

El pago de la asistencia familiar se calcula en base a seis variables que establece el Código de las Familias, que reflejarían las necesidades del menor en alimentación, educación, salud, recreación, vestimenta y vivienda, pero que se ajusta solo como un equivalente al 20% del salario mínimo nacional, llegando en 2108 a Bs 412.  La cifra sube de acuerdo al incremento del salarial mínimo anual. ¿Esto es suficiente? Para la abogada de familia Nataly Zúñiga ese porcentaje es una referencia y no una regla, porque cada caso es valorado de acuerdo a la cantidad de hijos y el oficio del progenitor.

Hasta los 24 años, el desembolso de dinero de los padres para un hijo que tuvo educación en establecimientos públicos, superó a Bs 253 mil y si la educación fue en instituciones privadas superaría los Bs 619 mil, según una publicación de la Fundación para el Periodismo (ver detalle en la infografía)

Ángela, que prefiere un relato anónimo por temor, afirma que tuvo que trabajar horas extras para poder cubrir todos los gastos de sus hijo, sin embargo recuerda que hay otras mujeres en situación más crítica ante la violencia económica que ejercen sus exparejas tras la separación.

Paola Gutiérrez, trabajadora social, de Mujeres Creando asegura que la pensión no es una limosna, “para ellas es importante conseguir la asistencia familiar y resolver con el padre cuánto, cómo y dónde se pagará y en muchos casos la asistencia familiar mínima es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un menor».

El año 2018 recibieron 2.250 denuncias de mujeres buscando asesoramiento, son madres que van en muchos casos con sus niños en brazos a solicitar asesoramiento para exigir a sus exparejas una asistencia familiar. La mayoría de las mujeres que tienen uno o más pequeños a su cuidado se quiebran en llanto al contar sus historias que van desde humillaciones, abandono, infidelidades hasta agresiones físicas.

La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, conocida como Ley 348, establece 16 formas de violencia, entre ellas «la violencia económica que se refiere al poder que se ejerce contra las mujeres para hacerlas dependientes económicamente de los hombres; cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se las priva de los medios indispensables para vivir». También señala la sanción que se aplica.

La igualdad de género y poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas es la quinta meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, de la que Bolivia es signataria. El país debe adoptar y fortalecer políticas firmes y promulgar leyes rigurosas para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

FIJARÁN ASISTENCIA PROVISIONAL

Al menos 25 medidas nuevas de protección inmediata se establecieron en la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, sancionada recientemente por la Asamblea Legislativa. Entre esas medidas, está la fijación de una asistencia familiar provisional para ampliar la protección a quienes son víctimas de violencia económica, según explica la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra.

 

Las nuevas medidas también prohíben la revictimización y la aplicación de un procedimiento especial para casos de violencia que incluyen medidas de protección inmediata, procedimientos especiales y ampliación de competencias para los juzgados, entre otras.

En América Latina la situación no es distinta, sobre todo en los países que limitan con Bolivia, donde los porcentajes para otorgar asistencia familiar rondan entre el 20 y el 40 % del salario mínimo de cada país. Por ejemplo, las normas en Chile dan a la mujer y al hijo mayor protección y mejores oportunidades, como lo refleja la siguiente gráfica. (Dar clic en cada país para ver los valores)

Finalmente, el derecho a la asistencia familiar no prescribe, el incumplimiento en el pago tiene penas de cárcel, de hasta de cuatro años, según la legislación de varios países de Sudamérica y Europa.