La concejala Maribel Mita.
Hasta noviembre de 2025, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) registró 75 denuncias de acoso y violencia política contra concejalas en todo el país. Para evitar que estos casos continúen en aumento, la organización impulsa una estrategia nacional de comunicación y prevención orientada a frenar la denominada «gestión compartida», una práctica sin sustento legal mediante la cual se presiona a autoridades electas para que dividan o cedan su mandato a sus suplentes.
Maribel Mita, concejala del municipio de Caquiaviri (La Paz), presidenta de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de La Paz (Acolapaz) y secretaria de Comunicación de Acobol, identifica esta práctica como una de las agresiones más sistemáticas contra las concejalas en sus municipios.
Con la mirada puesta en las Elecciones Subnacionales de marzo de 2026, Acobol intensifica su labor preventiva.
«Van a ingresar las futuras concejalas y les decimos que no deben firmar nada, que ellas son electas con voto popular por 5 años. También estamos tomando medidas, vamos a hacer cuñas radiales, vamos a salir ya. Vamos a ir socializando a las hermanas que se van a postular ahora como concejalas», adelanta la concejala Mita en contacto con Bolivia Verifica.
La Defensoría del Pueblo, en su informe «Obligadas a Renunciar. Compromisos Forzosos de Gestión Compartida: Vulneración a los Derechos Políticos de las Mujeres» (2023), documenta que estos acuerdos, informales y sin respaldo normativo, se suscriben incluso antes de los procesos electorales y operan como mecanismos de presión para forzar la renuncia anticipada de mujeres candidatas o autoridades electas, vulnerando sus derechos políticos.
Santa Cruz concentra más denuncias
De acuerdo con los datos de Acobol, el departamento de Santa Cruz encabeza la lista de denuncias con 15 casos, seguido por La Paz (13) y Potosí (11). Continúan Cochabamba (10), Chuquisaca y Oruro (9 cada uno), y finalmente Tarija y Beni, con cuatro denuncias respectivamente.
Mita explica que 48 de las denuncias fueron tramitadas por la vía administrativa, lo que implica que no llegaron a instancias penales. Asimismo, 14 casos fueron denunciados ante la justicia por acoso político. Otros seis casos derivaron en procesos judiciales por asuntos administrativos y electorales, y seis más llegaron a la vía constitucional.
Mita también informa que cuatro autoridades municipales dejaron sus cargos esta gestión 2025 tras sufrir violencia o acoso político.
El informe defensorial advierte que esta práctica no es aislada ni reciente, sino que se reproduce en distintos departamentos del país, principalmente en el ámbito municipal, y que está asociada a presiones ejercidas por suplentes, organizaciones políticas y autoridades comunitarias.
Concejalas participan en taller para fortalecer sus capacidades en la gestión de programas en prevención de violencia basada en género de UNFPA, en marzo de 2025. Foto: UNFPA
La desconfianza en el sistema judicial
Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es la falta de transparencia y celeridad en los procesos. Según Mita, el bajo número de denuncias penales se explica por la falta de recursos económicos, el tiempo que requieren los trámites de las denuncias y, principalmente, por la desconfianza en los operadores de justicia.
«Deberían capacitarse o deberían leer mejor la Ley 243. (…) No saben nuestros abogados nuestros jueces, fiscales, no conocen esa normativa realmente, para mí es una pena», lamenta la autoridad.
Violencia desde las propias estructuras comunitarias
Un dato que preocupa a Acobol es que la mayoría de las denuncias proviene de municipios rurales, donde las concejalas enfrentan discriminación y violencia política incluso desde las propias estructuras comunitarias y autoridades originarias.
«La mayoría son discriminadas en sus reuniones por sus propias autoridades», afirma Mita.
En segundo lugar, la violencia se origina en los acuerdos de gestión compartida, que derivan en presiones de concejales suplentes para asumir el cargo de manera irregular.
«Otras concejalas sí lo han hecho (firmar acuerdos). Entonces, los concejales suplentes utilizan ese documento, a pesar que no tiene legalidad, entonces es un documento interno, un documento privado», explica Mita.
En sus conclusiones, la Defensoría del Pueblo señala que los compromisos forzosos de gestión compartida atentan contra los derechos políticos de las mujeres, además de ser una amenaza en la consolidación de la democracia paritaria, inclusive pudiendo afectar -como daño colateral- el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de una determinada población (…).
El informe plantea la necesidad de modificar la Ley Nº 243 para tipificar los compromisos forzosos de gestión compartida como actos de acoso y violencia política, fortalecer su sanción penal e incorporar medidas de protección y sanción también en la normativa electoral del Órgano Electoral Plurinacional.
Campaña en redes sociales y medios
Frente a este escenario, Acobol intensifica la socialización de la normativa vigente para garantizar que las nuevas autoridades ejerzan plenamente el mandato de cinco años para el que fueron electas. En ese marco, la organización aclara a través de sus redes sociales que la gestión compartida «es un acuerdo ilegal en el que se incita u obliga a la candidata a firmar una renuncia anticipada para ceder su cargo a mitad de gestión en favor de su suplente».
«Muchos partidos y agrupaciones políticas intentan condicionar las candidaturas a través de estos acuerdos ilegales que vulneran los derechos políticos de las mujeres.
Hermana candidata, el voto no se negocia en un papel privado», alerta Acobol desde su cuenta de Facebook.