¡JUSTICIA!: EL CLAMOR DE LOS “INOCENTES ENCARCELADOS”
Fueron procesados o condenados por crímenes que no cometieron y recorrieron un sinuoso camino para probar su inocencia. Víctimas del sistema narran sus historias en este reportaje en profundidad. La Fiscalía, uno de los brazos operativos de la Justicia, calla y no brinda información que esclarezca las razones de los yerros técnicos que comete su personal.
“Mil disculpas. Quiero olvidar el pasado, estoy en lucha con ello. Gracias por comprender”, responde Reynaldo, un joven sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de feminicidio, un crimen que no cometió. Y aunque luego fue liberado, el estigma y los efectos psicológicos aún pesan.
No da espacio a una conversación. Ahora que ya tiene 32 años de edad, no solo ha decidido volcar la página, sino que comenzó otra vida lejos de ese mal recuerdo. Cuenta que fue “torturado” y “engañado” por la Policía para que se declare culpable del asesinato de Verónica.
Su historia puede fácilmente inspirar una novela de Agatha Christie. Los “investigadores” lo acusaron de haber cometido el crimen pese a que aquel día él se encontraba en otra ciudad.
En medio de ese calvario, sus hermanos hicieron las veces de “detectives” para dar con el verdadero feminicida y de esa manera tratar de “limpiar” el mancillado nombre de Reynaldo, pero sobre todo buscaban lograr su ansiada libertad.
— “En estos momentos estoy en clases, más rato le respondo”, dice desde el otro lado del teléfono en un primer contacto con el equipo de investigación. Luego se cierra a la posibilidad de narrar su historia; y se entiende, pues podría resultar revictimizante.
Reynaldo evita hablar a toda costa sobre los dos años que pasó en Palmasola, la cárcel de máxima seguridad de Santa Cruz y uno de los centros penitenciarios más grandes de Bolivia. Se calcula que, entre sus paredes, que comenzaron a construirse en 1989, habitan más de 5.000 reclusos cuando fue pensado para albergar a un millar.
El día en que su vida cambió, un grupo de agentes vestidos de civiles lo subieron a un vehículo policial sin explicarle el motivo de su detención, días después era un recluso más y en la frente llevaba el sello de un criminal.
Su caso no es el único y pone en evidencia la negligencia de un sistema judicial que lejos de hacer justicia puede ser errante y condenatorio.
Edmundo Vélez, 5 días en prisión.
Reynaldo Ramírez, 32 meses en prisión.
Freddy Hinojosa, ocho años en prisión.
Luis Córdova, 22 años en prisión.
Alfredo Pinedo, dos semanas en prisión.
Jhiery Fernández, 47 meses en prisión.
Hugo Rodríguez, cinco meses en prisión.
Victor (nombre ficticio), seis meses en prisión…
Cada uno de ellos elevó su voz al cielo en demanda de justicia para reivindicar su inocencia, como quien busca el consuelo apaciguador del creador pese a la condena del hombre, de ese que administra la justicia en Bolivia.
Pese a la gestión realizada por el equipo de prensa, la Fiscalía Departamental de La Paz no accedió a una entrevista ni respondió a las preguntas que le fueron enviadas al fiscal Williams Alave a través de su unidad de Comunicación.
Las historias de los ciudadanos citados líneas arriba bien podrían haber sido la inspiración para “Presunto Culpable”, un documental de hora y media que relata la historia de José Antonio Zúñiga (Toño), un joven mexicano condenado a 20 años de encierro por el homicidio de Juan, un hombre al que nunca había conocido.
“Un día iba caminando por la calle, me detuvieron por la espalda, me metieron en un automóvil y me dijeron… ¡tú fuiste, y ya!”, es el desgarrador relato de esta víctima del sistema judicial mexicano, un lamentable suceso que no es ajeno a la realidad boliviana.
“El caso de Reynaldo, de Cochabamba, es algo similar al mío, me hubiese tocado llevar la peor suerte… la suerte de él. Reynaldo ha sido sentenciado injustamente, lo más contundente de él es que físicamente se parecía al asesino, si yo hubiese tenido el mismo aspecto o algo similar (al verdadero feminicida) no hubiese estado libre, quizá hubiese estado sentenciado”, cuenta otra víctima de la justicia que ellos llaman injusticia.
La mayoría de estos hombres son gente de fe y han encontrado paz en un ser supremo, que aseguran no abandonó sus almas cuando sus cuerpos estaban entre rejas.
“En estos casos notas la presencia divina que es Dios y dices: ‘sí se ha hecho la justicia divina’”, añade Víctor (nombre ficticio), quien ha sabido de otros casos como el suyo en medio de las frías celdas del penal de San Pedro de La Paz.
Hace una pausa y revela que conoce de primera mano a reclusos que estuvieron en el mismo barco que él, remando contra la corriente.
El refugio en “La grulla”
De la misma manera en que a Toño (el condenado de México) le tocó dormir en el piso, debajo de los catres, en una celda ocupada por 20 personas a la que llamaron “la tumba”, en La Paz, al médico Jhiery Fernández no le quedó otra que dormir sobre un piso de cemento, entre viejos y malolientes cartones. Mientras el frío calaba sus huesos, su mente volaba para hallar el camino que le permitiera demostrar su inocencia.
“Al momento de entrar a la cárcel fui enviado a la sección de ‘La grulla’, es un pasaje pequeño formado por pequeñas carceletas con ventanas diminutas y puerta de plancha. Tiene el baño en el piso y no entra la luz del sol, todo el tiempo es sombra”, cuenta.
Así se convirtió en un preso más del penal de San Pedro en 2014, cuando el país se encontraba en un momento político complejo marcado por las elecciones de alcaldes y gobernadores y el fragor de la selección de candidatos.
Lo acusaron de la violación y muerte del bebé Alexander, un bebé que se encontraba en un centro de acogida que administraba la Gobernación de La Paz en la zona sur de la sede gobierno.
“Me quedé allí encerrado bajo candado tres o cuatro días sin poder ir a hacer mis necesidades fisiológicas, sin catre ni frazada, había un baño en el piso, me he tendido ahí mi cama, dormía sobre cartones. Los de ese sector son los más temidos de San Pedro, eran los más peligrosos, ahí me han metido, recibía amenazas, seis meses he estado ahí”.
Era un escándalo nacional por los mediáticos operativos que concentraron sus miradas en el galeno orureño que ejercía su carrera profesional en La Paz.
Víctor se enteró del caso a través de los noticieros y se cuestionó sobre el destino de Jhiery sin pensar que seis años después él también llegaría a “La grulla” y dormiría en el mismo piso de cemento.
Víctor fue aprehendido en 2020, hasta ahora no se explica cómo pudieron registrar la línea de celular de un feminicida con su nombre, lo buscaron como a un delincuente y enmanillaron. No había pruebas en su contra sobre el asesinado de esa mujer, ni los desfiles identificativos lograron inculparlo, aun así, permaneció en la cárcel de San Pedro seis “largos” mes
Tanto Víctor como Jhiery vivieron el mismo suplicio en el mismo lugar, ambos fueron estigmatizados y señalados como viles delincuentes y fueron acusados para darles impunidad a los verdaderos responsables. Aunque no se conocen personalmente, ambos coinciden en que ese capítulo de sus vidas fue demasiado duro de superar.
“No sabía lo que era una audiencia cautelar, nunca le he tomado importancia a esos temas, la jueza me envió a San Pedro y ahí empezó mi pesadilla, había COVID, había un lugar de aislamiento, estaba en ‘La grulla’, estábamos entre 10 personas en pésimas condiciones, el baño era ahí, era feo”.
El profesional que enfocaba sus labores en el ámbito industrial se vio obligado a compartir ese espacio con delincuentes confesos.
“A las personas no se las puede escoger, estás entre delincuentes, asesinos, drogadictos, entrar no es gratis, tienes que tener dinero”, relata.
Cárceles repletas
Los recintos penitenciarios del país tienen pésimas condiciones debido al poco presupuesto que el Gobierno destina para el sector. La situación se agrava por el hacinamiento carcelario y el abuso de la detención preventiva.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta el 2021 la población carcelaria bordeaba las 19 mil personas privadas de libertad, más de 17.000 hombres y casi 2.000 mujeres. Del total, casi 6.000 obtuvieron condena, mientras que 12.000 esperan la decisión judicial con detención preventiva.
Fundación Construir
Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, alerta que cada vez hay más presos en los distintos penales del país.
“La tasa de hacinamiento bordea el 300% de la capacidad instalada, el Estado no destina recursos, son condiciones precarias para la alimentación, salud y cada vez hay más presos, tenemos una de las tasas más altas de detención preventiva, la tercera en el continente, casi el 70% es detención preventiva. Hasta hoy hay personas que sus casos demoran años”, revela.
Fundación Construir
Saavedra lleva la cuenta de unos seis casos de “inocentes encarcelados” que la institución hace seguimiento, entre ellos el del médico Jhiery. “El caso de Jhiery Fernández ha tenido bastante presión social, ha habido varias destituciones de jueces, de fiscales, del director de la Defensa Pública”, cuenta.
Pero parece que nada ha cambiado.
“Había sido delito ser soltero”
— Señor Fernández, ¿qué es lo que lo mantenía con fortaleza dentro la cárcel?
— La verdad de que en ningún momento he cometido ningún delito, estaba tranquilo con mi conciencia, si iba a dar cuentas con el Creador, iba a ir en paz y tranquilo, porque yo no he cometido ningún delito. Ahí me obsequiaron una Biblia, lo leía todo el tiempo, yo no sabía que día era, qué fecha era, ni si era de día o de noche, estaba aislado, me pasaba el tiempo leyendo, agarrando la Biblia, en ese libro me he refugiado.
Fernández fue condenado a 20 años de prisión por el delito de violación e infanticidio la madrugada del 27 de marzo de 2018. El médico estaba en la cárcel desde el 13 de noviembre de 2014; el día de los hechos el bebé Alexander, de ocho meses, perdió la vida por broncoaspiración y lesiones en el hogar Virgen de Fátima. Era el médico de turno, ese día fue su último día de trabajo puesto que fue acusado de violar al infante y lo llevaron a celdas judiciales.
“Había sido delito ser soltero y no tener hijos, con eso me han acusado al principio. ‘Usted es soltero, no tiene hijos a los 33, 34 años de edad, entonces es pedófilo por ser soltero’. Así me han dicho”.
El médico fue absuelto y liberado, sin embargo, el juicio persiste porque la Gobernación paceña apeló, quiere anular la absolución y que el proceso se reabra. “No sé hasta cuándo voy a seguir así, pienso que me voy a casar voy a tener hijos, y creo que hasta mis hijos van a seguir con esto, tal vez voy a llegar a fallecer y voy a seguir esperando que de una vez todo este proceso termine, yo creo que mis hijos verán, pues, eso”.
Pero el sello con el que marcaron su vida fue difícil de enfrentar. En la cárcel tuvo que lidiar con todo tipo de personas, quienes le habían otorgado el título de “violador”, que “no tienen pisada tras las rejas”.
Revisa entre sus recuerdos el caso de un hombre que fue aprehendido por la muerte de una de sus hijas gemelas.
— He visto un caso en la cárcel de San Pedro, el caso de las gemelitas, de infanticidio, que su mamá las ha flagelado. ¿Te acuerdas?
— Sí, lo recuerdo.
— Bueno el papá llegó a la cárcel, ha pasado una noche en la cárcel y ha aparecido muerto, todos decían: ‘cómo a tus hijas has dejado pegar, has dejado matar’ y apareció muerto una madrugada.
Fernández no ha dejó de leer ni un solo día el Nuevo Testamento en la cárcel.
Drama familiar
Las “falsas acusaciones” a las que fueron sometidas estas personas debido a falta de pruebas fehacientes de parte de los operadores de Justicia en procesos penales continúan vulnerando sus derechos humanos.
Pero no solo eso. Las víctimas además deben lidiar con la “muerte civil”, que en muchos casos destruyen sus vidas por los antecedentes policiales y el daño psicológico al que se someten.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
En México, el año en que Toño fue sentenciado por asesinato, la presunción de inocencia no estaba contemplada en el marco legal. Gracias a la Reforma de 2008 hoy está vigente en ese país. Fue por eso que el rapero no podía defender su inocencia. Si no fuera por el error de la firma de un falso abogado, seguiría en la cárcel pagando un crimen que hasta hoy no se ha podido resolver.
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La presunción de inocencia es un componente clave para la defensa. Para Cristian Alanes, abogado de Jhiery Fernández, los derechos de su cliente fueron vulnerados en su totalidad. A casi nueve años del caso, el juicio continúa y las fuerzas flaquean, pero ambos saben que los años de cárcel no quedarán impunes.
“Al doctor Fernández se le han vulnerado y se le siguen vulnerando sus derechos. El derecho a la defensa y el derecho a atacar a la verdad histórica, a la verdad material. El Ministerio Público, teniendo en su poder objetos probatorios, lo que ha hecho es ocultar, esconder elementos de prueba habiendo vulnerado el delito de principio de objetividad. Tiene que tomar en cuenta todos aquellos elementos”, indica el abogado con tono firme y voz fuerte.
Más de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado fueron vulnerados por la Justicia contra el médico, según el jurista.
- Artículo 14.III CPE: El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.
- Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin
dilaciones. - Artículo 116. I. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en
caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al
imputado o procesado.
Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible. - Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzga da previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal
que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en
sentencia ejecutoriada.
El Estado es el que garantiza y promueve el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para promover el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos. Desde la primera Constitución boliviana de 1826 los derechos fundamentales de la persona fueron consagrados de forma permanente, aunque su vulneración acompañaba ese proceso.
Según la psicóloga Indira Flores, cuando una persona ingresa a la cárcel por un delito, y más siendo inocente, “carga con un aspecto emocional muy grande que no solo la víctima lleva, es la familia quien tiene que afrontar muchas situaciones”.
“Todo el proceso afecta mucho, porque también afecta la parte económica. Tienen que lidiar con la parte de ser acusado, el daño que estás causando en tu familia y se va sumando, en el momento que determina ser inocente”.
En el silencio de su habitación, Jhiery cuenta que existe un dolor aún más grande que el suplicio de ser encarcelado y es el de ver a su madre de rodillas ante un fiscal clamando justicia.
“Lo que más me ha dolido y me sigue doliendo es ver a mi papá, a mi mamá caminar por los juzgados, ir de rodillas, llorar y pedir justicia. El solo imaginar que mi mamá se esté arrodillando ante un juez y ver a la gente que se mofaban en su cara aun sabiendo que yo era inocente, dentro de ellos se reían de mi mamá. ¿Crees que voy a estar en paz? Esto, tarde o temprano, tienen que pagar”.
Las historias de los “presos inocentes” se repiten. Jhiery cuenta que fue un “gran amigo” del difunto Marco Aramayo, exdirector del Fondo Indígena y principal sindicado del millonario desfalco en esa institución. Estuvo preso siete años, hasta que falleció en marzo de este año.
Ambos acudían al Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), que documentó los daños a los que fue sometido el exfuncionario y que ahora están contenidos en el libro “El disfuncionamiento de la justicia. Tortura y otros malos tratos infligidos a Marco Antonio Aramayo”.
En el texto se exponen una seguidilla de vulneraciones: suman 88 agresiones y 188 torturas por parte de jueces y policías.
“Masacre en el Titanic. […] Recuerdo que los policías entraban gritando con gases lacrimógenos, armados con fusiles de asalto. Los internos nos tiramos al piso y ahí nos redujeron. […] A todos nos desnudaron. Nos sacaron desnudos, sin ropa, al patio. Estuvimos 4 horas tendidos en el suelo, con las manos en la nuca. Al que se movía, le metían gas”, detalla un pasaje contado por Aramayo y que figura en el informe.Aramayo también fue víctima del aquel sistema de justicia que se ha sometido a varios intentos de reforma, aunque sin éxito. Los “malos operadores” de la justicia boliviana no han dejado esa compleja estructura señalada por corrupción y retardación.
“El tema de justicia es estructural, que no vamos a resolver en 120 días, sería engañarnos entre nosotros mismos”, admitió la presidenta de la Comisión de Justicia Plural del Senado, Virginia Velasco, en medio de la conformación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, que en su informe final dio cuenta de 18 jueces investigados, 10 de ellos destituidos y cuatro detenidos preventivamente por liberar y favorecer a “violadores y feminicidas”.
En este proceso, ocho fiscales también fueron alejados de sus cargos por el mismo motivo.
“Estirando” la plata
Víctor cuenta que “entrar a la cárcel no es gratis, tienes que tener dinero”. Y así fue, gastó más de $us 15.000 para su defensa legal y recibir “protección” en el penal. “Si no (pagas) te va a tocar lo peor”, le advirtieron, cuenta.
Dice que “más bien” tenía un ahorro, pero no fue suficiente. Su familia tuvo que vender parte de sus enseres. “Ahí te atan de manos, tenía deudas bancarias y no dejaban ni llamar”.
El feminicida con el que confundieron a Víctor era alto y moreno y, según el testimonio de varias personas a su favor, nada lo incriminaba, pero ahí estaba: encarcelado por un crimen que no cometió. “No pensé que esto iba a demorar, dos años estoy así”, lamenta mientras camina en una céntrica calle de La Paz que ya tiene atuendo navideño.
Los procesos judiciales dejan secuelas, coinciden quienes enfrentan a la justicia con su bandera de inocencia. “Entrar a un proceso judicial es entrar en un infierno, es un desgaste económico y moral, es un desgaste en la familia”, afirma Jhiery, quien impulsa un proceso contra sus acusadores, los exfiscales Susana Boyán y Edwin Blanco, este último fue designado como juez en La Paz.
No sabe hasta cuándo seguirá “estirando la plata” en los juicios que enfrenta, pero asegura que continuará sin desfallecer hasta lograr que sancionen a quienes lo acusaron “injustamente” y, de esa manera, encontrar algo de paz en su interior.
“La justicia tanto me ha golpeado, me ha juzgado, me ha sentenciado, y por todos los medios, entonces porque esta misma justicia no puede hacer lo mismo con esas personas que han cometido ese delito, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. El Estado está en el deber de protegerme. He sido absuelto, pero sigue el proceso por la Gobernación”, lamenta.
El trance que viven estas personas no se acaba con su absolución.
“En el caso de las personas que no han cometido el delito, aquí viene el enojo, la frustración. La persona para hacer una reinserción social va a requerir un apoyo psicológico, para que vea todas las distorsiones y problemas psicológicos que ha podido generar en esa estadía”, resalta el psicoterapeuta Guery Zabala Gumucio.
El rapto que cambió su vida
Danna intenta reconstruir su vida luego de la “pesadilla” que le tocó vivir por un “caso armado” por los investigadores del caso del rapto del bebé Alex, denuncia su padre, Ruddy Palavecino.
La estudiante de enfermería de 22 años fue presentada ante las cámaras como la mujer que “raptó” en agosto pasado al pequeño niño en la plaza Eguino de La Paz y que apareció horas después abandonado en unas gradas de Miraflores.
“La Fiscalía me ha secuestrado a mi wawa, dense cuenta de esa maldad que le han hecho, debo dinero, he dejado de trabajar, mi madre ya se está enfermando. ¡Liberen a mi hija!”, imploraba el hombre horas después de que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó la “raptora confesa” en una conferencia de prensa que brindó dos meses después, en octubre.
Desde su detención, la familia defendió la inocencia de Danna y aseguró que la confundieron por su parecido con un identikit que elaboró la Policía con base en el testimonio de la madre de Alex.
“Como ser humano la destruyeron civilmente, en lo económico destrozaron sus pequeños ingresos que tenía, por ende, la familia quedó sin trabajo, sin ingresos y lo poco que tenían fue puesto para gastos de abogados y demás, en lo social ella quedó tildada por personas que ni la conocían porque la sacaron en medios de comunicación destrozando su imagen”, lamenta Lilian Ramírez, su madre.
Como en otros casos, su paso por la cárcel, el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, le ha dejado secuelas.
“En cuanto a su salud psicológica, ella tenía ataques de ansiedad y shock nerviosos, así como depresión al igual que la familia”, añade la mujer, quien en varias ocasiones se plantó junto con su familia en la puerta de la Fiscalía de La Paz para exigir justicia.
Para los fiscales del caso, Danna es una sospechosa más. De haberla señalado como raptora, los investigadores ahora la tipifican como “captora”. Aseguran que tuvo contacto con la madre del bebé Alex meses antes del rapto y las evidencias -entre ellas vestimentas de infantes y una fotografía- les hacen suponer de su responsabilidad. Incluso mantienen la hipótesis de que es parte de una red de trata de menores.ç
La familia ha negado esas versiones y reiteró que la ropa de niños hallada en su casa era usada por Danna para las prácticas de enfermería que realizaba en el instituto que recientemente le negó su retorno por este proceso. Aun así, la joven busca reconstruir su vida.
“Danna tiene otra perspectiva de la vida en este momento porque vio de cerca la mala práctica de nuestra justicia y, por ende, las injusticias que existen dentro de nuestras cárceles y tuvo que aprender de la peor manera”, lamenta su madre.
“En cuanto al maltrato, afuera ella sigue viviendo un calvario porque le arruinaron los estudios y lo peor no puede retomar su vida hasta que termine su juicio, lo cual es un perjuicio para una muchacha inocente afectada por una mala justicia”, añade.
Por el mismo caso, la Fiscalía procesa a Reynaldo, un taxista sindicado de trasladar a la raptora. La Policía y la Fiscalía usaron imágenes de cámaras de seguridad para identificarlo y vincularlo con el caso, aunque el hombre asegura que es inocente y que solo transportó “como cualquier” pasajera a la mujer acusada del delito.
Recientemente, el Ministerio Público le propuso declararse culpable en un procedimiento abreviado para que el proceso se cierre y pueda salir en libertad, denunció su abogado Manolo Rojas.
“Cualquier persona que tenga criterio se da cuenta que no hay ningún indicio, a falta de pruebas lo están presionando con su libertad, él es inocente”, dijo el jurista tras señalar que rechazaron la propuesta.
Los abogados de Danna y Reynaldo anunciaron una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El otro Reynaldo, el que prefiere callar, en su momento también pensó en demandar al Estado, pero el Gobierno le dio un empleo en medio de los flashes y las cámaras y el litigio quedó en la nada.
Aferrarse a la vida
Es difícil calcular la cifra de personas procesadas por un delito que no cometieron. Víctor cree que “la justicia es vengativa, hay todo un poder”.
“Ahorita estoy en la cuerda floja, en Bolivia lo que manda es la corrupción, me han arruinado prácticamente la vida, todavía estoy con medidas cautelares, con derecho al trabajo, es horrible, sigo, tildarle a una persona de feminicidio es vergonzoso”, lamenta. Prefiere guardar en reserva su identidad porque asegura que recibió amenazas de los investigadores y teme que, por una decisión de la justicia, vuelva a la cárcel.
Ese mismo pesar tiene Jhiery, pero en su caso ha recobrado la esperanza de concretar un futuro con paz, pero sobre todo con plena libertad.
— ¿Hay algo que no mencionó?
— Siempre quise decir a las todas las personas que yo estaba en el piso, pero me he aferrado tanto a la Biblia, a las oraciones, siempre he sido muy devoto. Decirles que no todo está vencido siempre hay una luz, no se alejen del Señor, él va a saber responder.
— Así sea.
Reportaje en profundidad elaborado en el marco del “Curso: Periodismo con enfoque en DDHH y herramientas narrativas”; el equipo a cargo está conformado por:
Paola Choque Tapia
Jorge Quispe
Stephanie Costas
Freddy Juan Yujra
Verónica Chávez
