A tres años de las agresiones a periodistas, hay temor e impunidad
La violencia y el estigma dejaron huella en los trabajadores de la prensa de Cochabamba durante la crisis político-social de 2019. Sin que ningún agresor hubiera sido identificado ni castigado, periodistas se sienten vulnerables y amenazados.
Escuchar el estruendo de un petardo ya no es lo mismo para David Carlos desde 2019. El temor y el miedo se convirtieron en dos sentimientos con los que debe lidiar cuando ve pasar una marcha o cuando el trabajo le obliga a registrar las imágenes de una movilización en Cochabamba.
David Carlos Aramayo Soliz, de estatura promedio, de sonrisa recatada y padre de una niña, tiene grabada en su memoria uno de los momentos más angustiantes que vivió cuando fue camarógrafo del medio televisivo TeleC.
“Fueron días muy fuertes y de un lado y de otro nos tenían en la mira, como si nosotros tuviéramos la culpa. Nosotros solamente íbamos y enfocábamos lo que sucedía y en efecto, sí, ha sido un susto grande para mí y mi compañera”, cuenta David Carlos, quien cubría el enfrentamiento entre el Movimiento 21F y transportistas de la Línea 212 en el puente Muyurina. Una ráfaga le golpeó la frente y sus brazos quedaron heridos con esquirlas.
Hace tres años, la prensa en Bolivia vivió uno de los periodos más hostiles en el desempeño de su trabajo. “Prensa vendida”… “Prensa prostituta”… “Prensa mentirosa”, fueron las arengas que escucharon constantemente los periodistas. No tenían otra que quedarse callados para “prevenir” otra agresión.
Bolivia estaba sumergida en una de las crisis políticas más duras del siglo. Los sucesos comenzaron luego de los cuestionamientos de fraude a las elecciones del 20 de octubre de 2019. Después de 21 días, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, renunció al cargo y esto generó un caos mayor en el que los trabajadores de la prensa también pagaron los platos rotos.
El ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC), David Ovando, reconoce que, durante la cobertura de las manifestaciones y enfrentamientos en 2019, “la prensa atravesó el peor momento de su más reciente historia”, expresado en agresiones físicas y psicológicas por afines y opositores al exmandatario.
“Ni bien se desató la crisis política, ambos actores antagónicos intentaron arrastrar a los trabajadores de la prensa a sus trincheras de lucha. Esta disputa terminó en agresiones”, analiza Ovando.
Y el acoso a la prensa no cesa. De acuerdo con datos de la FSTPC, de octubre de 2019 a agosto de 2022, se conocieron 114 casos de agresiones a la prensa en Cochabamba; fruto de las agresiones, 22 trabajadores resultaron heridos y requirieron asistencia médica. Se calcula que entre el 40 y el 60 por ciento de estos ataques fueron dirigidos a mujeres.
Asimismo, el Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) registra en su base de datos 403 casos de vulneraciones a los derechos entre el 10 de octubre al 31 de diciembre de 2019, solo en Cochabamba. En comparación a 2018, se multiplicaron exponencialmente, ya que, en el mismo periodo, únicamente se reportaron 2 casos; y en 2020 fueron 17.
Entretanto, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, debido los actos de violencia y las revueltas de 2019, Bolivia se encontraba en el puesto número 113 de 180 países donde se miden este tipo de vulneraciones; el tercero en Sudamérica después de Venezuela (148) y Colombia (129).
Otra de las víctimas en los conflictos fue Ariel Buitrago, periodista de la Red Unitel en Cochabamba, quien en dos ocasiones logró escapar de la violencia de ambos bandos gracias a que, como dice él, había personas que sí “entendían el trabajo de la prensa”, llamaban a la calma al resto y lo ayudaron a escapar.
Recuerda con lamento cuando el 12 de noviembre se convocó a una conferencia de prensa en la zona sur de la ciudad, a la altura del kilómetro 9 de la avenida Petrolera, en el barrio de Uspha Uspha. Las organizaciones habían indicado que la seguridad de los medios estaba garantizada; sin embargo, no fue así.
“Lamentablemente yo fui el único periodista que asistió al lugar y al verme solo, ingresé sin cono (el accesorio que identifica a los canales de Tv en el micrófono), sin nada que me identifique como periodista de Unitel, pero lamentablemente algunas personas me reconocieron ni bien ingresé y pedí hablar con quien estuviera a cargo”, rememora, como si fuera ayer.
Sigue: “En ese momento, varios jóvenes me rodearon y decían ‘estos son mentirosos’. Empezaron a empujarme, a agredirme, a golpearme, me amenazaban con quemarme vivo para ‘dar escarmiento a los medios de comunicación’ porque (según ellos) solamente se informaba todo sobre (Luis Fernando) Camacho; para ellos, no se estaba publicando lo que decían”.
Ariel estuvo retenido por más de dos horas y media escuchando amenazas, recibiendo patadas en la canilla; golpes en la espalda.
El máximo dirigente de la FSTPC lamenta que ni la Policía ni Fiscalía ni la Defensoría del Pueblo hayan hecho algo para proteger la vida de los periodistas y su derecho a informar. Y condena que todas las denuncias presentadas hayan sido desestimadas.
“Ni en el gobierno de Evo Morales ni el gobierno de Yanine Áñez ni el gobierno de Luis Arce se han investigado estas agresiones a la prensa y el cien por ciento de los casos han sido desestimados y sobreseídos”, asevera Ovando.
Asimismo, cuenta que en 2019 la situación de desamparo de los equipos de prensa era tal que envió cartas a organismos internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional y a la Embajada Sueca para alertar que “la vida de los trabajadores de la prensa estaba en riesgo”.
“Mi directiva pidió que los periodistas no salgan más a las calles, que hagan coberturas en grupo, que eviten ir a las marchas de protesta, a K’ara K’ara, a Quillacollo, a Cala Cala porque eran puntos rojos de violencia contra los trabajadores de la prensa. La Policía, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la justicia ordinaria no nos dieron garantías”, asegura.
Después de la situación crítica que vivió Bolivia, llegó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar los hechos sucedidos. Varios periodistas participaron de las entrevistas hechas por este organismo.
De hecho, en el informe emitido por esta instancia indica que entre “el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 se registraron numerosos casos de agresión verbal y física a periodistas. Las sedes de los medios de comunicación –periódicos, radios y emisoras de televisión– fueron también objeto de ataque y destrucción”.
El documento agrega que los autores de esta situación fueron “tanto las fuerzas policiales y fuerzas armadas como los propios manifestantes, divididos entre los que denunciaban un posible fraude electoral y los que afirmaban que estaban ante un golpe de Estado”.
Por otro lado, remarca que “periodistas mujeres recibieron injurias de marcado tono sexista que se sumaron a los agravios dirigidos a todos los agentes de prensa”.
Ante estos hallazgos, la GIEI recomendó al Estado boliviano “reforzar las garantías institucionales, administrativas y judiciales para proteger la libertad de prensa y el ejercicio libre y seguro de la actividad periodística”.
También pidió crear una instancia no estatal para brindar apoyo y asistencia jurídica, administrativa y psicológica a periodistas cuyos derechos están en riesgo de ser vulnerados. Sin embargo, a tres años de los hechos y denuncias, todas estas recomendaciones quedaron como un saludo a bandera.
Se intentó conocer la posición del Viceministerio de Comunicación, sin embargo, no dio ninguna respuesta.
También se buscó la versión del Ministerio Público en Cochabamba, pero pese a la solicitud para acceder a los datos actualizados sobre las denuncias de agresiones a periodistas de diferentes medios de comunicación, indicaron que los datos no fueron socializados por los fiscales y que la mayoría se desestimaron porque las víctimas no se habrían presentado a declarar.
Extraoficialmente, se conoce que solo uno de los procesos se encuentra activo, en el que después de más de dos años, las partes recién fueron convocadas a declarar.
Pasaron tres años de la crisis política y social de 2019: el miedo sigue, los insultos no cesan, las amenazas continúan, las pulsetas entre los afines y contras continúan afectando la labor de los periodistas; en síntesis, la situación para los trabajadores de la prensa no ha cambiado.
“La impunidad es permanente, no existe ninguna sentencia por estos casos, y las agresiones vienen del mismo poder, de autoridades del Poder Ejecutivo, de la Policía, de grupos violentos militantes del Movimiento al Aocialismo, por lo que pensar en conseguir un resarcimiento o una condena es una utopía”, afirma el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic.
Ovando coincide cuando dice que la violencia contra la prensa no se ha cesado, ya que todavía se escucha a dirigentes, partidos políticos y líderes decir “prensa de la derecha o prensa de la izquierda”. Y en una reflexión atinada indica: “La libertad de prensa y la libertad de expresión no son valores políticos, son valores universales que fortalecen la democracia, y así como están las cosas solo se debilita”.
Para los periodistas el miedo no se fue. “Después cuando iba a hacer algunas coberturas a Sacaba tenía un poco de temor cuando venían algunos sectores, por ejemplo, el sector de los cocaleros, que no tenían respeto por la prensa, ya tenía algo de temor de que me podría suceder algo similar”, afirma David Carlos. Mientras, Ariel desea que estas situaciones de desasosiego no se repitan.
ENTREVISTA
Una impunidad que se impone
En una entrevista a quemarropa, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Franz Reynaldo Chávez, reconoce lo vulnerables que son los periodistas.
1.- ¿De los periodistas agredidos en la crisis de 2019, tiene conocimiento de cuántos casos fueron denunciados ante el Ministerio Público y cómo va el avance?
Ninguno de los casos denunciados durante el conflicto registrado entre octubre y noviembre de 2019, y que afectaron a periodistas de medios como diarios, radioemisoras y canales de televisión legalmente establecidos, fueron procesados por la Fiscalía.
La Unidad de Monitoreo de la ANP presentó los casos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que consignó el informe en su capítulo sobre libertad de expresión.
Como efecto de estas denuncias, surgió la recomendación para la creación de una entidad independiente para defender a los periodistas.
2.- ¿Qué tan frecuente es la impunidad en casos de agresión a periodistas?
La impunidad se impone. Lamentablemente, la Fiscalía no obra de oficio para investigar y sancionar a los responsables de agresiones a periodistas.
3.- ¿Cómo se restringe el acceso a la información para los periodistas en casos de convulsión social?
En estados de convulsión social, el acceso a la información se restringe más, y obliga a los periodistas a buscar sus datos en fuentes directas para esclarecer hechos que se registran en esa situación.
4.- ¿Considera que el marco legal actual es suficiente para garantizar el acceso a la información a los periodistas y proteger su integridad física?
Es importante que la legislación vigente sea aplicada para un periodista y para todo ciudadano. Sería deseable que todas las instituciones creadas para ofrecer justicia cumplan la función para la que fueron creadas.
Es un reportaje desarrollado en el marco del proyecto Derecho a la Información y Comunicación “DIC” curso “Narrar con datos”, Periodismo de investigación, es un plataforma de la Fundación para el Periodismo que tiene el respaldo de UNESCO.
Reportajes desarrollado por los y las periodistas:
- Carmen Challapa
- Karen Carrillo
- Ariel Buitrago
- Luis Fernando Cantoral
