El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC) solicitó información al Ministerio de Salud, al PAI y al Sedes La Paz, pero hasta la fecha no obtuvo una respuesta. Las restricciones comenzaron en enero del año pasado
Marcelo Blanco / Periodista
Desde que estuvieron disponibles en el mundo, en Bolivia ha habido poca información sobre las vacunas contra el Covid-19. Tras más de dos años y medio de pandemia, aún no se puede acceder a datos oficiales sobre los biológicos usados para la inmunización de al menos el 80 por ciento de la población boliviana.
Desde el 29 de enero de 2021, cuando Bolivia recibió las primeras 20 mil dosis de la vacuna contra el Covid-19 desde Rusia, la información fue escasa.
En ese mes, el Gobierno de Luis Arce aprobó el Decreto Supremo 4432 que incluía una cláusula de confidencialidad respecto al costo y características específicas de las vacunas anticovid que adquirió el Estado.
La oposición criticó en ese entonces la norma. El senador de Creemos Henry Montero dijo que el decreto quitaba transparencia a los contratos hechos para cubrir las necesidades de insumos por la pandemia. “No puede haber confidencialidad con los recursos de los propios bolivianos, ese dinero no es del MAS ni de Luis Arce”, añadió.
Para el representante del Conade, Manuel Morales, la normativa además ponía al Estado boliviano a merced de tribunales extranjeros en caso de controversias o incumplimientos de los contratos.
El encargado de responder a las críticas fue el vocero presidencial, Jorge Richter. Explicó que las cláusulas de confidencialidad de las compras de vacunas eran exigidas por los laboratorios extranjeros proveedores y agregó que las restricciones se levantarían en tres años, es decir en 2024.
“Esa cláusula, que estaba en el Decreto Supremo 4432, era pública, se conocía. Si uno le pregunta a alguien cuánto tiempo dura la cláusula de confidencialidad, no lo sabía responder a pesar de que era público, y son tres años. Eso significa que no han leído el decreto, no se estaba escondiendo nada y si no incorporamos esta cláusula, no tenemos acceso a las vacunas”, insistió Richter.
Sin información pública
El Ministerio de Salud creó el sitio web Unidos Contra el COVID y una aplicación con el mismo nombre. Allí debía estar información referente a la nueva enfermedad y la inoculación, sin embargo, el contenido técnico es escaso:
Como se observa en la imagen, tomada este 21 de septiembre de 2022, los reportes nacionales no fueron actualizados desde octubre de 2021. Esto no significa que todo esté desactualizado, ya que otros acápites como las notas de prensa y el “vacunómetro” sí lo están.
Tanto en la página web como en redes sociales del Ministerio de Salud, inicialmente se publicaba infografías con la cantidad de casos y vacunados por día. Actualmente, sí continúan publicando, pero ahora en notas de prensa que engloban varios temas, como los pacientes positivos de viruela símica.
Como este boletín, por ejemplo, publicado este 20 de septiembre. La nota habla de pacientes con viruela símica, casos de COVID-19 y vacunados. Al ingresar al texto, solo aparece una imagen de los contagios de covid y el texto, no se aprecia el contenido de los inmunizados:
Cartas enviadas
El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC), en un momento en el que la enfermedad ha remitido, quiso obtener información sobre las vacunas y pese a que envió cartas a tres entidades públicas, el 26 de agosto pasado, hasta el momento no ha recibido respuesta.
Específicamente, se pidió información para responder a las siguientes preguntas: ¿Cuánto costaron las vacunas que llegaron al país? ¿Cuántas vacunas vencieron hasta la fecha? ¿Cuáles son los estudios que respaldan las combinaciones de vacunas que se han hecho en Bolivia?
Las cartas llegaron al Ministerio de Salud y Deportes, al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), y al Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz solicitando una respuesta a las interrogantes.
Tras hacer seguimiento a las tres cartas enviadas por el equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC), se confirmó que dos las derivaron a instancias del PAI nacional y la tercera al PAI departamental. Desde la primera instancia mencionada, informaron que no hay una respuesta porque su director, Max Enriquez, se encuentra de viaje, en comisión, y cuando retorne recién verá la misiva y designará un técnico para dar respuesta a la solicitud.
Hasta el 21 de septiembre no dieron una respuesta.
En el caso del Sedes La Paz, el 20 del mes contestaron con la siguiente carta:
Su respuesta es que el PAI nacional es el único ente autorizado que puede brindar esa información.
A estas demoras se suma la respuesta del encargado de Comunicación del Ministerio de Salud, Iván Ayaviri, quien dijo a El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC) que no brindará ningún tipo de información.
La falta de una ley
En ese contexto, surge la pregunta: ¿cuáles serían las respuestas si hubiera una ley de acceso a la información en Bolivia?.
Esta duda la contestaron Ramiro Orías, abogado que asesora a periodistas en el marco de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), y la jurista constitucionalista María René Soruco.
Ambos coinciden en que el acceso a la información es un derecho de todo boliviano y así lo establece la Constitución Política del Estado en su artículo 21. Asimismo, dicen que en este caso de la solicitud del equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC), si hubiera una ley de acceso a la información habría más garantías de lograr respuestas.
“El procedimiento sería de mayor certidumbre en los plazos que deben entregar (…). La respuesta tendría que ser de unos 12 a 15 días y responder de forma motivada, decir por qué no van a dar la respuesta”, aseguró Orias, a tiempo de recalcar que con esta norma el funcionario público que no brinde la información puede ser sujeto a un proceso disciplinario.
Para Soruco, este tema tiene que ver con la actitud de los funcionarios públicos, pero esto no quiere decir que no sería muy útil tener esta ley de acceso a la información. “El incumplimiento de una ley te abre las puertas para ir a la justicia. Si tienes normados los derechos y obligaciones, entonces, ante el incumplimiento tú puedes ir a la justicia”, acotó.
Ambos mencionan que hay una normativa antigua que buscaba normar el acceso a la información, el Decreto Supremo 28168 del 17 de mayo de 2005, pero Soruco dice que éste debe ser actualizado para adecuarse a las nuevas tecnologías.
Los especialistas mencionan que ante una negativa de entregar información, la persona puede acudir a la unidad de Transparencia de la institución para pedir una explicación de por qué la respuesta o recurrir a un recurso constitucional para obtener la respuesta.
Agregaron que aún sin una ley de acceso a información, ninguna entidad pública puede cerrarse y no brindar los datos solicitados.
“Obviamente dependiendo el volumen o grado del contenido se pueden (las instituciones) tomar más tiempo, pero tienen que contestar, no pueden dejar la respuesta con un silencio”, apuntó la jurista constitucionalista.
Búsqueda de información
El equipo de El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC)buscó en sitios web y declaraciones de autoridades de salud respuestas y preguntas a las preguntas planteadas en las cartas y encontró lo siguiente:
Costo de las vacunas
Este es uno de los datos que aún no fue informado por las autoridades en salud. El 29 de diciembre de 2020, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 4432 que determina dar confidencialidad a los contratos de la adquisición de vacunas por tres años si es requerido por el proveedor. Pasado ese tiempo recién serán difundidos en el Sicoes y se harán públicos.
Esto indica el artículo 4, inciso I y III.
Según un tuit del viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, del 6 de enero de 2022, el país compró hasta esa fecha 10.969.960 dosis de la vacuna, de las cuales Sinopharm eran 8.500.000 y Sputnik V, 2.469.960. Con datos del sitio Redacción médica se sabe que el precio comercial de la vacuna rusa es de alrededor de 9 euros y con información de Chequeado, del precio al que compró Argentina las dosis china, se sabe que éstas costaron primero 20 dólares y luego 15, cada una.
Si usamos estos costos como referencia, el dinero que invirtió Bolivia sería así:
Las vacunas de Sputnik V, si fueron compradas a 8 euros cada una, el costo total sería 2.469.960 euros.
Si las vacunas de Sinopharm hubieran costado 20 dólares cada una, el precio total de las adquiridas sería 17.000.000 dólares.
Estos montos no los convertimos a bolivianos porque, en este último año, debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, el precio del euro ha bajado. Además, se aclara que esta es una aproximación con los datos disponibles, como se conoce del caso de Argentina, compraron vacunas a 20 dólares primero y luego a 15 las mismas.
Vacunas vencidas
Este tema surgió luego de saberse que en los departamentos de Pando y Beni había vacunas vencidas ya en octubre de 2021. El Sedes de Pando dio a conocer que el 30 de septiembre de ese año vencieron 1.200 dosis y que 8.480 iban a vencer a finales de octubre.
El Sedes Cochabamba informó que también en octubre de 2021, 26 mil vacunas de AstraZeneca expiraban a finales de ese mes.
El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC) buscó esta información en el sitio web del Ministerio de Salud y solo se encontró una nota del 2 de diciembre que informa que el ministro Jeyson Auza dio la instrucción de que los Sedes, PAI regionales y municipios envíen las vacunas vencidas a La Paz con un informe que indique el saldo de dosis, fecha de caducidad y número de lote.
No se encontró registro específico de la fecha de vencimiento de todas las vacunas que dispone el país ni la cantidad que ya expiró.
Estudios que respaldan la combinación de vacunas que hace Bolivia
El tema de la combinación de vacunas o vacunación heteróloga en segundas, terceras y cuartas dosis ha sido abordado en el país desde octubre del año pasado. “Nosotros estamos hablando de este proceso de vacunación heteróloga que da muy buenos resultados, según los estudios que se están realizando”, dijo entonce en conferencia de prensa el ministro Jeyson Auza según una nota de ABI.
Pero, ¿a qué estudios se refería? Es verdad que sí hay estudios internacionales y recomendaciones al respecto, pero las autoridades en salud del país no las han citado específicamente. Actuales usa la vacuna de Pfizer como dosis de refuerzo para mayores de 18 años y para menores o casos especiales la de Sinopharm.
Es decir, se está combinando estas dos vacunas con todas las que llegaron al país, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen de J&J y Moderna.
Bolivia Verifica publicó dos notas explicando los estudios hallados sobre algunas combinaciones, no todas. Aquí puede ver las notas:
¿Qué se sabe sobre la combinación de las vacunas contra el coronavirus?
El equipo de trabajo de Derecho a la Información y Comunicación (DIC) acudió a tres puntos de vacunación en la ciudad de La Paz, donde médicos indicaron que esa información de los estudios se debe solicitar directamente al Ministerio de Salud.
La información que sí se pudo recabar sobre las vacunación en el país es la cantidad de inmunizados, revisando el portal Word In Data, que usa información del Ministerio de Salud para dar certeza de su contenido:
Este reportaje se realiza en el marco del proyecto “Promoviendo la Ley de acceso a la información como una herramienta para fortalecer el periodismo en Bolivia”, impulsado por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunidad (PIDC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación para el Periodismo de Bolivia.
