La judicialización del periodismo sorprende indefensos y sin garantías a los periodistas
La mayoría de los Tribunales de Imprenta no están conformados. Casi en todos los sindicatos de la prensa carecen de abogados. Un periodista de Trinidad paga de su bolsillo para defenderse; mientras que otro colega en Yacuiba quedó afectado en su salud emocional por un proceso.
Andrés Titiboco tiene 65 años, nació en Baure, un pueblo indígena de la provincia Iténez del Beni, proveniente de una familia ganadera y agricultora. Desde muy joven mostró afición por el periodismo, trabajó como reportero en La Palabra del Beni, radio El Trópico, El Dorado y otros medios. Fue jefe de Prensa en ATB, Unitel-Trinidad y hoy es periodista del diario Contacto.
Nunca le tuvo miedo a nada y eso se refleja en su forma de hablar, siempre seguro de sí mismo y del trabajo que realiza. Pero este año no fue tan fácil para él, en la actualidad enfrenta cinco procesos judiciales por publicar noticias que forman parte de su labor periodística. Uno de los procesos es por los presuntos delitos de discriminación y racismo y los otros cuatro por difamación, injurias y calumnias.
“A la Justicia, en lo que respecta al periodismo, no le interesa la Ley de Imprenta, no le interesa. Se hace ‘la de la vista gorda’ y los procesos continúan en la justicia ordinaria, es decir, el periodista está en indefensión ante la justicia ordinaria, no hay quién lo defienda. Lo mismo pasa en el Ministerio Público, los propios fiscales pisotean la Ley de Imprenta”, afirma.
Titiboco lamenta que el sistema de justicia no sea independiente y que, precisamente, porque responde a “favores políticos” los procesos avancen –dice– sin ver objetivamente la realidad ni tomar en cuenta, como en este caso, que el periodista debe ser juzgado por un Tribunal de Imprenta.
Según el informe del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red Unitas, entre el 2020 y 2022, en Bolivia se registraron 17 casos de judicialización o criminalización a periodistas.
En este recuento también está el caso del reportero de Yacuiba, Tarija, Roberto Puma. “El proceso me quebró. Me iba a defender solo ante el juez, con mi grabación”, cuenta el periodista del chaco tarijeño.
Con 20 años en la radio, le tocó vivir una de sus peores experiencias laborales, que incluso llegó a quebrarlo emocionalmente, enfrentar un proceso judicial por defender su derecho a informar y no revelar su fuente.
Él empezó en radio desde abajo, haciendo piso, en la consola, de operador, locutor; luego realizó sus propios programas de radio y con esta labor comenzó a generar ingresos con publicidad menuda.
En junio, a través de radio Frontera de Yacuiba, lugar donde trabaja, informó sobre el malestar estomacal que sintieron estudiantes de una unidad educativa de Campo Grande, presuntamente causado por productos del desayuno escolar en mal estado, noticia que le valió ser procesado judicialmente por el alcalde Carlos Brú.
No fue hasta el 12 de septiembre, día de las marchas y protestas de sindicatos, la Federación de Trabajadores de la Prensa, además del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y del propio Gobierno, que la autoridad edil desistió de exigir que Puma revele su fuente.
El Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”. Mientras que el artículo 8 de la Ley de Imprenta boliviana, vigente desde 1925, establece: “el secreto en materia de imprenta es inviolable”.
Vivir este episodio en su vida laboral lo quebró emocionalmente. El proceso duró un poco más de dos meses desde la citación notarial hasta la demanda en el Juzgado de Sentencia II de Yacuiba. Sin muchos recursos para contratar a un abogado, pensó en defenderse solo.
“No dormía bien, baje cinco kilos por la preocupación que tenía. El proceso me quebró y pensaba defenderme solo, llegar donde el juez con mi verdad y mi grabación”, relata en tono melancólico al recordar la amenaza judicial que pesaba en su contra.
La amenaza judicial pasó, pero quedó el temor. Puma quiere estar tranquilo recuperarse del susto y si existe otra denuncia ponerse a mejor resguardado. “Cuando alguien quiere hacer una denuncia, la pienso. Creo que ahora debo estar más respaldado, porque lo que viví fue difícil. Nosotros somos como carne de cañón, por informar, luego todo el problema recae en nuestras espaldas”, afirma.
Pero este no es el único ni el primer caso en que la Justicia requiere información a un periodista. Yolanda Barrientos, una reconocida periodista radialista de Sucre, se sorprendió cuando funcionarios de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca llegaron hasta su domicilio para dejarle un citatorio con el fin de que se apersone a declarar por un hecho en el que ella físicamente no se encontraba en el lugar, cuando en noviembre de 2019, ocurrió la quema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Chuquisaca.
El hecho motivó a la reacción de los gremios periodísticos departamentales y nacionales, rechazando el amedrentamiento que se cometió hacia una periodista y reivindicando la vigencia de la Ley de Imprenta.
Las acciones tuvieron resultado. La Fiscalía General del Estado (FGE) determinó dejar sin efecto la citación. Sin embargo, el daño emocional y laboral que causa la acción de intentar involucrar a un trabajador de la prensa en temas judiciales ya estaba hecho.
Tribunales de Imprenta
En casos específicos, cuando un funcionario público (autoridad o trabajador) intentase demandar a un periodista por el trabajo que realiza, necesariamente el caso debería ser tratado por un Tribunal de Imprenta, tal como establece la Ley de Imprenta.
Los tribunales de imprenta deben ser conformados por los concejos municipales, no solamente en las ciudades capitales, sino en los municipios de poblaciones intermedias, debido a que, en los últimos años, en esos municipios se han conformado sindicatos de trabajadores de la prensa, casi en todos los departamentos.
Analizando los casos específicos donde se iniciaron procesos judiciales a periodistas, como sucedió con Andrés Titiboco y Roberto Puma, de Trinidad y Yacuiba respectivamente, se pudo establecer que en esos municipios no existe un Tribunal de Imprenta, como manda la norma, lo que pone en indefensión a los periodistas y genera un peligro, no solo para ellos, sino para el gremio. En el caso de Yolanda Barrientos, ella fue citada a declarar para brindar información, pero tampoco correspondía.
En la actualidad, el municipio de Oruro es el único con un Tribunal de Imprenta vigente. El mismo fue conformado por el Concejo Municipal en 2017, pero hasta la fecha no trató ningún caso.
En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hace años se conformaron Tribunales, pero con el transcurso del tiempo sus vocales fallecieron o cambiaron de residencia, por lo que estas instancias quedaron con el número mínimo de miembros para funcionar. En los otros municipios de ciudad capital, nunca se conformó esta entidad.
El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Trinidad, Humberto Éguez, indica que hasta la fecha, los legisladores no han podido conformar un Tribunal de Imprenta. “Se están haciendo las gestiones ante el Concejo Municipal y esperemos pronto tener uno”, dice.
Los recientes hechos que apuntan a judicializar el trabajo de la prensa urgen la necesidad de conformar los Tribunales de Imprenta en todos los municipios.
Persecución judicial
Carminia Moscoso, ejecutiva de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, lamenta la persecución judicial que se comete contra el derecho a la información y la vulneración a la Ley de Imprenta, que no solo afecta a la o el periodista, sino a toda la población.
Revela que, como Puma, existen otros compañeros, sobre todo en áreas rurales del país, que no cuentan con los recursos para defenderse legalmente. “Las Federaciones de Prensa, las que están en el eje troncal del país, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y otras, cuentan con un asesor jurídico que las apoya, pero en el resto hacen alianzas con abogados de manera temporal, pues contar con un abogado requiere contar con recursos económicos”, sostiene.
En el caso del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Yacuiba, recién contrataron un abogado. Pero al margen de la debilidad en una asistencia jurídica a las y los periodistas que sufren persecución, está el efecto que causa en la labor periodística la judicialización de su trabajo.
Moscoso comenta que hasta el momento no se habló de manera abierta sobre el efecto emocional o psicológico que sufren los periodistas, “No solo están los procesos, también hay otro tipo de agresiones, el mismo trabajo que afecta la salud mental de los compañeros”, indica.
Por este motivo, anunció que en La Paz se contará con un área integral para ayudar, no solo física sino emocionalmente a los reporteros.
Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, menciona que el 27 de septiembre del año en curso, se envió una carta al fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, expresando el alarma y sorpresa por las imputaciones en contra de colegas periodistas.
En la misiva, le recuerdan a Lanchipa que el exrelator de la ONU sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, calificó al periodismo como un “servicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada individuo y a la sociedad en su conjunto la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y sacar libremente sus propias conclusiones”.
Glasinovic señala: “En todos los gobiernos siempre han intentado penalizar o judicializar el trabajo de la prensa, con el único objetivo de acallar la verdad, pero los gremios periodísticos se han mantenido firmes luchando por la preservación y vigencia de la Ley de Imprenta”.
Lo que dice la Ley de Imprenta sobre los procesos
El artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece: “La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”.
Y esta norma específica es la Ley de Imprenta, vigente desde 1925 y que, en criterio de Ramiro Orias, experto jurídico en Derechos Humanos, “está más viva que nunca”. El especialista enfatiza que ninguna persona, menos los y las periodista pueden ser procesados por la vía penal por emitir una opinión o divulgar una información.
Al contrario, existen instancias que están establecidas en esta ley y que hacen referencia a los Tribunales de Imprenta. “Esta norma protege la libre difusión de todas las ideas sin ningún tipo de censuras ni restricciones indebidas”, reafirma.
Es más, el artículo 28 de esta ley casi centenaria, dispone que los delitos de imprenta deben ser procesados por jurados de imprenta sin distinción de fueros, explica Orias.
Por tal razón, ningún periodista debe ser procesado por la vía penal u ordinaria por verter sus ideas o dar información. “Los funcionarios públicos no pueden acudir directamente a la justicia penal para restringir las ideas o la libertad de opinión en el país”, sostiene.
La labor periodística está respalda por esta norma. Incluso es un deber de los periodistas respetar la confidencialidad y no divulgar la fuente, una acción que infringen autoridades de turno, indica Orias.
La normativa del gremio de la prensa está respaldada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que advierte que no es lícito penalizar la labor periodística. “Por lo que el uso del Código Penal es ilícito. Hay instancias, jurisdicciones especiales, a las que un funcionario público o persona particular puede acudir. Ahora, los periodistas, incluso, han instalado sus propios códigos de ética para regular su labor”, subraya el experto.
La vulnerabilidad de las normas frente al poder
Además de ser signatario de un marco jurídico internacional que resguarda la Libertad de Expresión y el trabajo de las y los periodistas, el Estado boliviano no solo es garante de estos derechos a través de la Carta Magna y la Ley de Imprenta, sino por medio de otras leyes que también los consignan.
Sin embargo, los intereses del poder impiden su cumplimiento integral, afirma la periodista Isabel Mercado, de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), una plataforma de la Fundación para el Periodismo (FPP) que tiene el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).
“En términos de normas, tenemos suficiente para tener una excelente cobertura, garantías al trabajo de la prensa y libertad de expresión, pero no se concreta por los intereses del poder, económico y político, que restringen el acceso a la información”, remarca.
En los últimos tres años, diferentes organizaciones como la Red Unitas, la ANPB, gremios de la prensa y otras denunciaron el acoso, la persecución judicial y el amedrentamiento de los que es víctima el gremio por realizar su trabajo.
En esa línea, la RAPP hace seguimiento a casos concretos y actuales como los de las y los periodistas Javier Colque de Cochabamba; Yolanda Barrientos, de Sucre; Roberto Puma, de Tarija y otros para apoyarlos.
Mercado menciona que hay un acoso judicial permanente contra la prensa y los medios, lo que afecta directamente a las y los periodistas y a toda la ciudadanía, pues al ser perseguidos u hostigados, su labor tiende a mermar. Incluso, el temor infundado hace que se llegue a la autocensura y bajo esta lógica, la que más pierde es la población, porque se le niega el derecho a informarse, subraya.
“El acoso judicial está hecho para amedrentar. Es un círculo vicioso porque el Estado, el poder económico o político –a través de la Justicia y como ésta no es independiente ni fiable–, la usan para causar este tipo de consecuencias”, lamenta.
Frente a esta realidad, las y los periodistas están sin protección, considerando que tampoco conocen en detalle sus derechos y obligaciones enmarcadas, por ejemplo, en la Ley de Imprenta.
La falta de abogados que los apoyen es otra debilidad en el sector. Según Mercado, la mayoría de los medios no cuenta con un asesor, los gremios periodísticos lo propio, por lo que el periodista amedrentado gasta de sus propios recursos para defenderse, sostiene.
Por esta razón surge la RAPP, una entidad que busca llenar ese vacío, sobre todo para garantizar el acceso a la información, que es un derecho humano, y garantizar el trabajo de las y los periodistas.
Las y los trabajadores de la prensa que sientan sus derechos vulnerados pueden hacer llegar sus denuncias a esta entidad. “La RAPP tiene un horizonte largo. Lo que queremos es que sea un espacio para los periodistas, donde se brinde asesoramiento y educación jurídica a los colegas. Y patrocinar algunos casos si fuera necesario”, afirma Mercado.
Lo que falta, también, es que los periodistas se animen a denunciar. A raíz de la persecución judicial, los colegas no creen en la justicia y prefieren dejar de lado el acoso que sufren, enfatiza Mercado.
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Es un reportaje desarrollado en el marco del proyecto Derecho a la Información y Comunicación “DIC” curso “Narrar con datos”, Periodismo de investigación, es un plataforma de la Fundación para el Periodismo que tiene el respaldo de UNESCO.
Reportajes desarrollado por las y el periodistas:
- Mónica Huancollo
- Yenny Escalante
- Marco Antonio Flores
