El Poder Judicial y la Vicepresidencia del Estado, son las entidades públicas que están menos abiertas a dar información a la prensa sin restricciones, según los resultado de un sondeo realizado a una muestra de 50 periodistas del país.
David Ovando
Las dos principales organizaciones de la prensa en Bolivia, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB) instan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a tratar y aprobar una la Ley de Acceso a la Información Pública.
El acceso a la información, establecido en el artículo 24 de la Constitución de la Constitución Política del Estado (CPE), y el derecho de acceso a la información, consagrado en los artículos 21/6 y 106/3 de la Carta Magna, son actualmente un “saludo a la bandera” porque nadie los cumple.
El artículo 11 del Decreto Supremo 28168 del 17 de mayo de 2022 y el artículo 10/6 de la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del 4 de septiembre de 2017, que también garantizan el derecho ciudadano de solicitar, acceder y recibir información pública completa, adecuada, oportuna y veraz, sin más requisito que la sola identificación del peticionario, tampoco se cumplen y sus principios son otra forma de manifestar intenciones que nadie toma en serio.
Ante la falta de acceso a la información en el país, pero sobre todo, a la negación a la petición de datos o informes, en las diferentes reparticiones de las instituciones públicas de Estado, las dos principales organizaciones del país solicitan al presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, el tratamiento una la Ley de Acceso a la Información Pública.
El presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic, explicó al equipo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunidad (PIDC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Fundación para el Periodismo: “Una Ley de Acceso a la Información es fundamental para la transparencia para el Gobierno y para el ejercicio de una democracia real en la que participen todos los ciudadanos del país”.
Una ley de estas características le permitiría al ciudadano asumir una especie de control social del Gobierno para conocer, por ejemplo, los detalles de la inversión y ejecución de una obra determinada.
El secretario ejecutivo de la CSTPB, Jorge Ábrego, resaltó la necesidad de aprobar la ley no solo para garantizar transparencia de la gestión pública, sino porque Bolivia es el único país que no tiene un marco legal sobre este tema.
Indicó que no contar con una norma que obligue a dar información pone en desventaja a los periodistas y medios que deben acudir, muchas veces, a fuentes extraoficiales o anónimas, para conseguir los datos que buscan.
Instó a los asambleístas a actuar con voluntad política para aprobar una ley que ponga a Bolivia entre los países que son considerados transparentes por su apertura de datos.
Caso Morales y Zapata
El director de El Potosí, Juan José Toro, explicó que el avance del acceso a la información se detuvo en Bolivia en 2016 y sufrió un preocupante retroceso a partir del escándalo del supuesto hijo del expresidente Evo Morales con Gabriela Zapata.
Todo comenzó cuando el periodista Carlos Valverde exhibió un certificado de nacimiento de un niño inscrito en una oficialía del Registro Cívico de Cochabamba con el nombre de Ernesto Fidel Morales Zapata y con Juan Evo Morales Ayma y Geraldine Gabriela Zapata Montaño como padres. La difusión de ese documento disparó un debate que tuvo efectos en el referendo de 2016 con el que Morales pretendía modificar la Constitución Política del Estado para conseguir la reelección continua. Como se impuso el “no”, el presidente de entonces no consiguió su objetivo.
“Tras el escándalo, valiéndome del acceso a la información y mi condición de periodista, conseguí ingresar hasta el archivo del Servicio del Registro Cívico (Serecí) en el que se encontraba la partida de inscripción de nacimiento y verifiqué su existencia. Sin embargo, poco después, las normas internas de manejo de esa base de datos comenzaron a cambiar con resoluciones del Tribunal Supremo Electoral. Algunos de esos cambios consiguieron refrendarse mediante decretos supremos que están vigentes y han conseguido sumir en el secretismo toda la información del Sereci”, explicó Toro.
Hasta antes del caso Morales/Zapata, era relativamente sencillo conseguir información de personas en el Sereci. “Yo mismo pude encontrar al asesino del Che Guevara, Mario Terán Salazar, en una búsqueda de meses en esa base de datos, pero ahora esa tarea es imposible. Para conseguir información que no es personal hay que justificar los motivos, que quedan registrados, y, si al Sereci no le parece, la puede negar”, agregó.
Los oficiales del Registro Cívico eran facilitadores de información, “pero ahora son los custodios obligados de la misma, con nivel carcelero”. Sin facilitar informes a la prensa, se exponen a ser destituidos. Ocurrió recientemente con el caso de la exesposa de Max Mendoza Parra, Carmen Nilza López Valenzuela.
“El hecho de haber revelado que López y Mendoza fueron esposos en el pasado desató una verdadera persecución institucional al interior del Sereci de Potosí, puesto que el primer dato salió de Tupiza. La base de datos tiene “siete candados”. Cada oficial tiene un usuario y su acceso queda registrado. Así se ubicó a quienes tuvieron acceso a los datos de López en ese periodo y todos fueron sometidos a procesos o sanciones. La de Tupiza fue destituida.
Ese es un breve cuadro de situación que muestra que en Bolivia no existe libre acceso a la información; por el contrario, esta se está convirtiendo en privativa de los poderes del Estado. Es preciso recordar que los datos del Sereci están vinculados al padrón electoral”, apuntó el periodista potosino.
El Poder Judicial y la Vicepresidencia, los que menos información dan
El Poder Judicial y la Vicepresidencia del Estado, son las entidades públicas que están menos abiertas a dar información a la prensa sin restricciones, según los resultado de un sondeo realizado a una muestra de 50 periodistas del país.
El 35% de los encuestados indicó que son las instancias judiciales las que menos información dan, mientras que un 22.5% señaló a la Vicepresidencia del Estado como la más cerrada a informar.
Siguen los ministerios del Gobierno en general, con similar porcentaje, 17.5%.
A la consulta de qué entidad estatal es la más abierta a dar información, el 31.7% de los consultados dijo que ninguna. El 29.3% señaló que son las gobernaciones las que están más dispuestas a brindar los datos requeridos, seguidas por el Senado y la Presidencia, ambos con 9.8%.
Otro dato relevante, es que la mitad de los encuestados apuntó que espera entre más de una semana y más de un mes a una respuesta de las entidades públicas a sus requerimientos de información.
Finalmente, 9 de 10 periodistas que contestaron la encuesta aseguró que la información que reciben de las instituciones del Estado es insuficiente.
OPINIONES
Carmiña Moscoso/La Paz
Los periodistas en el país si bien por lo general no tienen problemas en cuanto a la información de coyuntura o para obtener datos que serán parte de una información, pero cuando se indaga o algunas autoridades llegan a estar involucradas en algún caso, es ahí, donde el acceso a la información será de acuerdo a la “cara del pecador”.
En dos áreas de especialidad como es la judicial y policial, mi persona no registró problemas cuando se trata de la información de coyuntura, pero cuando requerimos hablar con jueces de sentencia o buscamos obtener estadísticas de los datos registrados en instancias de investigación como llegan a ser atendidos por la Policía Boliviana, las exigencias de las fuentes directas son mucho más burocráticas y por lo general no llegan a responder el tiempo en que un periodista así lo requiere.
En las FFAA directamente la accesibilidad a la información en temas de investigación, es sólo un sueño, porque el proceso burocrático, tedioso y perene hace desistir a cualquier periodista que inserte en sus venas la palabra paciencia”, sobre cuando uno debe trabajar para anticiparse y no para notas trasnochadas.
En el ámbito político, sea del Ejecutivo o la instancia legislativa, en más de 14 años, la característica es la misma, si uno quiere investigar, lo primero que solicitan es el envío de un cuestionario y luego de ello pocas veces llegan a responder, aduciendo que tienen una agenda recargada o esta de viaje. En el caso de los asambleístas, cuando ellos aprueban una ley o la misma esta en proceso de investigación, por lo general suele ocurrir que en algunos casos los asambleístas responsables por mayoría de ese tratamiento no quieren dar información en detalle y en el caso de los opositores aducen que no tiene una copia de la normativa a ser atendida.
Roberto Méndez/Presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz
Hablar de acceso a la información está relacionado con esos principios universales contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica y nuestra Constitución Política del Estado, que coinciden en que todo ciudadano y ciudadana tiene el derecho fundamental de acceder a la información, analizarla, interpretarla y difundirla de manera individual o colectiva por cualquier medio de comunicación social.
Ese derecho tiene dos dimensiones: el primero, que por parte del Estado o del Gobierno de turno, ya sea nacional, departamental o municipal, se demuestre, con transparencia y honestidad, el desarrollo de sus acciones de políticas públicas destinadas a la búsqueda de mejores días para la población.
Y el segundo, que permite que todos los ciudadanos de a pie, y nos incluimos los periodistas, ejerzan el derecho de exigir que las autoridades en ejercicio de sus funciones, como parte del ejercicio pleno de fiscalización de las políticas públicas, den información, más aún si sirve para denunciar hechos de corrupción o falta de transparencia, cuando vemos que así ocurre.
Neymar Antezana/Periodista de La Patria, Oruro
Si bien los periodistas sufrimos día a día dificultades en el acceso a la información, más cuando se trata de temas sensibles, también debemos observar y resaltar la discriminación que sufren los periodistas de medios de comunicación que no tienen mucho prestigio, son desconocidos o nuevos.
Son los periodistas de estos medios los que más sufren su derecho a acceder a la información, porque, simplemente, los políticos, las autoridades de turno, sean del Poder Ejecutivo, Gobernaciones, Alcaldías, Policía, Ministerio Público, Justicia, entre otros, nos los toman en cuenta y, es más, ni siquiera responden cuando se los busca.
El acceso a la información, para todos los periodistas debe ser democratizado, porque cada trabajador de la prensa, siempre le dará un tratamiento diferente a la noticia. Este hecho lo padecen más los periodistas que recién comienzan con sus labores profesionales y es un hecho que muchas veces no se analiza.
Pero en general, en Bolivia, el acceso a la información está restringido, no hay transparencia en la gestión gubernamental. Un solo hecho para mencionar, como ejemplo, es el del Ministerio de Economía y Finanzas, que hace aparecer y desaparecer los datos de la ejecución presupuestaria de las entidades del Estado, imaginamos que lo hace, en función a sus propios intereses.
