Medio centenar de periodistas respondieron a una consulta en línea sobre las dificultades para acceder a la información pública y las entidades menos abiertas a transparentar la gestión.
Acceder a la información pública es una condición que garantiza la producción informativa de rigor, profunda y oportuna. Sin embargo, debido a la falta de una ley específica y a la voluntad de las autoridades de todos los niveles de ejercer la función pública con transparencia absoluta, esto representa un problema constante para las y los periodistas.
Un sondeo realizado a medio centenar de trabajadores de la prensa en Cochabamba revela cuáles son los órganos del Estado más reacios a compartir los datos de la gestión pública y cuánto tiempo deben esperar, en promedio, para recibir una respuesta en caso de que haya una. Pero un dato preocupante radica en que la mayoría desconoce cómo tramitar una solicitud de acceso a la información pública.
El sondeo fue elaborado a un total de 49 redactores y editores de diversos medios de comunicación a través de un formulario en línea creado por el programa Poder DIC (Derecho a la Información y la Comunicación), una iniciativa de la Fundación Para el Periodismo (FPP). Además, se desarrollaron entrevistas en profundidad con un grupo de ellos. A continuación, los primeros resultados:
De acuerdo con los resultados, casi el 90% de aseguró que las entidades públicas, en general, no brindan información suficiente y adecuada en respuesta a los requerimientos de la prensa. Solo el 6,3% indicó que sí reciben información en función de la demanda, en tanto que un 2% señaló que las instituciones se abren a dar datos dependiendo del tema, es decir que lo hacen de manera selectiva.
De los 49 periodistas que respondieron al sondeo, el 31% señaló al Órgano Ejecutivo (presidencia, vicepresidencia, ministerios y otras instituciones y empresas estratégicas) como la entidad pública menos abierta a dar información.
El 29% apuntó al Poder Judicial (Tribunal Constitucional, Supremo, Agroambiental, Consejo de la Magistratura, etc.) como el segundo más cerrado respecto de esta obligación. Para el 10,4% son los juzgados los que más obstáculos ponen para acceder a la información.
También se les preguntó cuál consideran que es la entidad que sí brinda información con mayor apertura. El 43,7% indicó que, en general, las alcaldías son más abiertas, seguidas por las gobernaciones con el 22,9%.
Un 8,3% dijo que los partidos políticos facilitan información y un 6,3% refirió al Poder Ejecutivo. Un 4,2% de las y los consultados indicó que ninguna institución pública de Bolivia da información sin obstáculos.
Plazos y procedimientos para solicitar información
Otro aspecto relacionado con los obstáculos para el acceso a información pública es el tiempo que tardan las entidades en entregar los datos. Una característica del periodismo es la inmediatez y la urgencia de obtener contraparte y datos que la sustenten, por lo que los plazos son un aspecto de vital importancia para esta labor.
El 41,7% de las y los periodistas que respondieron al sondeo dijo que espera hasta 7 días para recibir información, mientras que el 29,2% afirmó qué más de una semana y 22,9% más de un mes.
Apenas el 2,1% respondió que recibe la información solicitada a entidades públicas en menos de 24 horas.
En otro tema, Poder DIC quiso saber si los periodistas conocen los procedimientos establecidos en las normativas para acceder a información pública.
Un 63,8% aseguró que no sabe cómo se tramita una solicitud de acceso a la información pública en caso de no recibirla por simple requerimiento verbal. El resto, es decir solo el 36,2% dijo que sí sabe cómo hacerlo.
Urge una ley de acceso a la información pública
Periodistas consultados por Poder DIC coinciden en que la mayoría de las entidades públicas no son transparentes, niegan información pública o retrasan su entrega, vulnerando el derecho de la población a estar informada sobre los asuntos del Estado.
Señalan que urge la aprobación de una ley de acceso a la información pública para que se pueda establecer sanciones a los funcionarios que se nieguen a entregar datos o a dilatarlos.
Bolivia es uno de los tres países de toda la región sin una norma específica al respecto; los otros dos países son Cuba y Surinam. En dos décadas hubo al menos 10 propuestas de ley, pero ninguna prosperó por falta de voluntad política.
Una decena de leyes y decretos sí consigna este derecho, pero son insuficientes.
“Es un tema pendiente en Bolivia. Si bien existen normativas que regulan esto, principalmente en las instituciones públicas, hasta ahora todo queda en palabras y no se plasman en los hechos”, apuntó Mithyl Antezana, periodista de un medio escrito.
Para Raisa Olivera, “ayudaría mucho una ley ya que algunas veces se nos niega información y eso hace que tengas que cambiar el objetivo de tu investigación o readecuarla por la poca información recabada”.
“En Bolivia no hay una norma que promueva el acceso a información pública y en muchas instituciones no entregan los datos ocasionando perjuicios a los periodistas que realizan una investigación”, coincidió por su parte Aryel Buitrago.
Poca transparencia y datos sesgados
La periodista Edith Erquicia dijo que en las instituciones públicas hay poco interés en dar información, sobre todo cuando se trata de temas delicados como gastos de recursos públicos, obras mal ejecutadas, corrupción y otros delitos cometidos por las propias autoridades.
“Una de las excusas de los funcionarios públicos para zafarse de la responsabilidad de dar información es que no tienen la autorización para hablar o se hacen esconder escapando de la prensa por las puertas traseras”, contó.
Antezana también hizo referencia a la burocracia para atender las solicitudes de información. “Con el argumento de que son las políticas de la institución, no se obtiene lo requerido o se debe esperar más de lo necesario”.
“Las limitaciones al acceso de la información están en todas las instituciones públicas, si bien te brindan algunos datos, no son de la profundidad que uno requiere para el trabajo periodístico e investigativo”, señaló por su parte Olivera.
Perjuicio para toda la ciudadanía
Antezana resaltó que la falta de información priva a la población de ejercer sus derechos políticos y ciudadanos.
“Los periodistas solo buscamos un análisis profesional de los datos para informar de manera adecuada a la población. La falta de datos se traduce en dificultades y en un trabajo carente de todos los elementos necesarios. A partir de esto, la ciudadanía no puede ejercer sus derechos como debería”, agregó.
Para Buitrago, el principal problema de que no se transparente la información es que la población no puede acceder a los datos para saber, por ejemplo, en qué, cuánto y cómo se invierten los recursos públicos.
“Cuán distinto sería si la información fuera pública como lo establecen las mismas normativas. Así, uno como periodista no tendría que estar jugando al gato y al ratón y la situación sería transparente para toda la ciudadanía, pero en Bolivia encontrar puertas abiertas para temas delicados es todavía un tabú”, aseguró por su parte Erquicia.
