El Acuerdo de Escazú busca garantizar el acceso a la información, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental. El Gobierno dice que se cumple, pero tres expertas en el tema lo niegan.
En septiembre de 2018, 14 países de América Latina y el Caribe fueron los primeros en firmar el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor en Bolivia y en otros 11 países que lo ratificaron el 22 de abril de 2021.
Desde este hecho histórico, los habitantes de toda área afectada por proyectos extractivistas, los defensores de los derechos del medio ambiente, los periodistas y la ciudadanía en general en Bolivia tienen, según la norma, el derecho de acceder a la información pública y a la justicia ambiental y a tomar decisiones informadas en esta materia.
Sin embargo, el acuerdo y, en general, la normativa ambiental en Bolivia no se cumple. Así lo afirmaron una especialista en gestión ambiental, una activista y una periodista durante un conversatorio organizado por Poder DIC (Derecho a la Información y la Comunicación), un programa de la Fundación para el Periodismo (FPP).
Por su parte, el Gobierno, a través del viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, aseguró esta semana en se cumple con la ley, lo que incluye con el acuerdo de Escazú.
Qué dicen los actores involucrados en la temática
La exdirectora de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Jenny Gruenberger, explicó a Poder DIC que el acceso a la información es limitado y que no hay respuesta a las solicitudes dentro los órganos del Estado. “Por ejemplo el país tiene que elaborar un informe sobre el estado ambiental cada cuatro años y nunca lo ha hecho. Este problema no tiene nada que ver con el MAS o con la oposición. Históricamente nunca se ha hecho. Esto demuestra la poca importancia que se le da a este tema en Bolivia”, dijo.
Gruenberger afirmó que la poca colaboración de los gobiernos para acceder a la información, no viene de ahora, sino de siempre. Ahora, obtener información de los sectores estratégicos, como hidrocarburos, es mucho más difícil, incluso ocultan información.
Mercedes Villarroel, abogada especializada en gestión estratégica ambiental de Lidema, recordó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento que tienen los países de América Latina y el Caribe acceder a tres importantes derechos relacionados con la temática ambiental.
“Son el derecho a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia, pero, además, el Acuerdo de Escazú implementa un cuarto componente que habla sobre la defensa de los defensores medioambientales”, expuso.
Villarroel señaló que, en cuanto al derecho al acceso a información, el Acuerdo establece que todas las partes tienen derecho a acceder a la información pública relacionada a la temática medioambiental y los Estados tienen la obligación de otorgarla.
“Es el derecho de la ciudadanía a acceder a toda información pública que genera el país. Por ejemplo, si hay contratos de actividades, obras o proyectos que se adjudican o se pretendan ejecutar dentro del territorio, el Estado tiene la obligación de hacerlos públicos. Es el caso de las actividades mineras y otras que tienen que ver con la extracción de recursos naturales renovables o no renovables y que pueden generar un impacto negativo en nuestro medio ambiente”, dijo.
Agregó que, según el Acuerdo, la ciudadanía boliviana también tiene derecho a participar de manera informada en la toma de decisiones. “En este caso, el derecho de acceso a la información está relacionado con la consulta previa y la información previa que se debe dar a las comunidades para la participación activa en estos temas”, apuntó.
Organismos de la ONU, como Unicef, socializan el Acuerdo con enfoque en la juventud.
¿Qué sucede con las solicitudes de los medios y la prensa?
La periodista Rocío Lloret, directora de la revista La Región, especializada en temas medioambientales y turismo sostenible, aseguró a Poder DIC que el Acuerdo de Escazú no se cumple en el país.
“Bolivia es uno de los países con mejor normativa en temas medioambientales. Lamentablemente, solo es letra muerta. En los hechos, como periodistas y en general para la ciudadanía hay trabas”.
Añadió que, si para los periodistas es difícil acceder a información sobre los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, es peor aún para el ciudadano común.
Lloret citó como ejemplos que es difícil conocer qué empresa se adjudicó un proyecto o qué tipo de empresa es la que quiere entrar a una comunidad en un área protegida para explotar oro u otro recurso natural.
En cuanto a la consulta previa, apunto que, en muchos casos, no solo se limita la información a los pueblos indígenas, sino que se les engaña, ignorando su derecho sobre la tierra y el territorio.
“El Ministerio de Medio Ambiente, las entidades públicas, tendrían que verificar que la consulta se realice efectivamente, pero hay historias que revelan que se han firmado acuerdos incluso en medio de churrascos. Yo he documentado un caso de 2021, cuando les han dicho a los asistentes (indígenas) que pongan sus nombres en una hoja y (los representantes de la empresa) han presentado eso para argumentar que todos estaban de acuerdo con que se construya una carretera”, denunció.
Qué argumenta el Gobierno nacional
El viceministro Herrera aseguró que existe acceso transparente a la información del Gobierno en materia de medio ambiente. “Particularmente, mi despacho no ejecuta proyectos, pero los responsables de la ejecución deben entregar la información. Nosotros atendemos a la gente más allá del horario de oficina”, dijo.
Recordó que mucha gente, lo busca, por ejemplo, para que se indague la explotación presuntamente ilegal de oro en la Amazonía. Sin embargo, aseguró, este tema está en manos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
“Hace poco también se dijo que había fallecidos por consumo de agua contaminada con mercurio cerca de los ríos donde explotan oro. Sin embargo, un informe oficial rechaza esa versión y atribuye a otros problemas de salud el fallecimiento de dos personas”, indicó.
Justicia medioambiental
Así como los entrevistados reclamaron porque no se cumple el acceso a la información medioambiental, también denunciaron fallas en la aplicación de la justicia en esta área.
“Se incorporó en el sistema judicial del Estado los juzgados agroambientales, pero dentro de sus atribuciones no hemos podido incidir como sociedad civil para que estos cumplan con su misión como establece la ley (…) Hay casos que no han tenido respuesta en los estratos judiciales”, dijo Villarroel.
La abogada llamó también la atención sobre los problemas derivados de la contraposición de unas leyes con otras. Por ejemplo, citó que la ley minera se apoya en la Constitución, la cual señala que todo recurso no renovable puede ser explotado si es de interés público. “Así, el Estado se atribuye un derecho prioritario sobre nuestros recursos naturales, por encima de los pueblos indígenas. Esas falencias son brechas que debemos allanar”, expuso.
Consulta previa informada
La consulta previa, como dice la misma Constitución, debe ser libre e informada, pero generalmente estas premisas no se cumplen.
Lloret, que como periodista conoce casos de consultas realizadas en la Amazonía y la Chiquitanía, apuntó que el gran problema es la falta de acceso a información transparente y oportuna desde el Estado.
Las empresas que buscan entrar a explotar recursos naturales, indicó, suelen apelar directamente a las necesidades que tienen los pueblos indígenas.
“Muchas de estas empresas llegan directamente (al lugar) con sus técnicos y le hablan a la gente en un lenguaje inentendible, ni siquiera para un periodista. Casi siempre mencionan que va a haber beneficios, pero cuando uno empieza a ver qué tipo de beneficios les ofrecen se da cuenta que están ofreciendo una escuelita de 20 mil dólares, un coliseo, montos que parecieran elevados para su realidad, pero que en los hechos son ínfimos”, añadió.
Para Lloret, el problema no es la discusión sobre desarrollo, porque los propios pueblos dicen que sí quieren desarrollo y tienen derecho a beneficiarse de él; “el problema es la información tergiversada y muchas veces manipulada que reciben”. De esta forma, dijo, terminan aceptando una compensación mínima por proyectos que harán mucho daño a su hábitat.
“El tema no pasa porque se haga una lucha férrea para que nunca se explote nada, sino que se lo haga de manera responsable y sostenible. Por eso las propias leyes señalan que se deben elaborar informes ambientales, informes de impacto, informes de mitigación. Pero el tema es que no se cumple”, lamentó.
