Detienen a profesor por abuso de poder manipulación a su estudiante de 15 años
Carmen Challapa y Heiddy Quiroga
Acusados de violencia, entre 2014 y lo que va de este año 104 maestros ya fueron expulsados del sistema educativo. Uno de los casos más preocupantes que aconteció en Cochabamba fue un profesor de música de la unidad educativa Taquiña C de Tiquipaya, Rubén (45), quien el pasado 12 de marzo de 2019 fue enviado a la cárcel de Arani con detención preventiva por el delito de estupro, debido a que mantenía una relación con su estudiante de 15 años.
La familia de la menor denunció que pese a que el 12 de marzo la Fiscalía notificó al director del colegio, éste no habría puesto a conocimiento de las instancias correspondientes.
Según la documentación a la que accedió Los Tiempos, Cayo Rubén M. M. comenzó a “enamorar” con su estudiante desde el año pasado y en reiteradas oportunidades la llevó a moteles.
La valoración psicológica devela que existieron actos de seducción del acusado hacia su estudiante. El Código Penal establece: “Quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con una persona de uno y otro sexo mayor de 14 años y menor de 18 será sancionado con privación de libertad de tres a seis años”.
“Nosotros, desde el 2014, tenemos cuantificado más de 800 casos; en el marco de lo que es el Decreto Supremo 1320, que sanciona este tipo de hechos (…). De estos 800 casos, hasta el momento tenemos unos 104 maestros fuera del Sistema (Educativo Plurinacional), o sea sancionados en el marco del delito de violencia”, explicó el exministro de Educación, Édgar Pary, según una nota institucional.
Falta de interés en el contexto educativo
“Algunos colegas no están tomando en cuenta los derechos de nuestros estudiantes. Las maestras y maestros tenemos que velar por la formación, cuidado e integridad física y emocional de nuestras niñas, niños, jóvenes y señoritas. Tenemos que dar el ejemplo con nuestros actos”, indicó el ministro.
La sanción contra maestros o personal administrativo se encuentra establecida en los Decretos Supremos 1302 y 1320. “(Las normas) tienen por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que atenten contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes estudiantes, en el ámbito educativo”.
De acuerdo con el ministerio, cada Dirección Departamental de Educación tiene a su disposición profesionales penalistas que hacen seguimiento de las denuncias de violencia.
La violencia sexual en el ámbito educativo sigue siendo uno de los problemas más graves que afecta a la sociedad, especialmente a las niñas, niños y adolescentes. En este contexto, el sistema educativo y las autoridades responsables se han visto en la obligación de tomar medidas drásticas y determinantes para erradicar este flagelo. En el ámbito del magisterio, los casos de violencia sexual cometidos por docentes han generado alarma, pero también han obligado a una reacción firme y decidida por parte de las instancias encargadas de la protección de los derechos de los menores.
Un Año de Desafíos: 40 Casos en el 2024
En la gestión educativa de 2024, se han reportado un total de 40 casos de violencia sexual, cifra que, lamentablemente, refleja una tendencia alarmante. Estos casos no solo se limitan a denuncias de hechos aislados, sino que abarcan una serie de procedimientos complejos, que incluyen investigaciones tanto penales como disciplinarias. Es importante subrayar que este tipo de violencia, en su mayoría, ocurre en espacios que deberían ser seguros y protectores, como son las escuelas y centros educativos, por lo que la preocupación de las autoridades y de la sociedad civil se ha intensificado.
Cada uno de estos casos ha sido tratado con la seriedad que amerita, y en paralelo se han iniciado procesos disciplinarios contra los agresores. El principal objetivo ha sido, y sigue siendo, garantizar que quienes cometen estos crímenes sean apartados del ejercicio de la enseñanza, de manera definitiva, para proteger a las futuras generaciones de cualquier daño o perjuicio adicional. Como parte del proceso disciplinario, se ha llegado a la conclusión de que los docentes involucrados en estos delitos deben ser retirados permanentemente del magisterio, eliminando así cualquier posibilidad de reincidencia en el ámbito educativo.
Retiro Definitivo del Magisterio: Un Acto de Justicia
El proceso disciplinario se ha llevado a cabo con rigor, y los resultados son claros. En los casos en los que se ha comprobado la culpabilidad de los docentes involucrados en actos de violencia sexual, se ha tomado la decisión de su retiro definitivo del magisterio. Este paso no solo implica la sanción administrativa, sino también un mensaje claro a la sociedad de que no se tolerarán abusos en ningún nivel educativo. La integridad y los derechos de los niños y jóvenes deben ser siempre la prioridad en cualquier proceso relacionado con el ejercicio profesional en la enseñanza.
Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de las sanciones impuestas, algunos de los agresores han recurrido a la figura del amparo constitucional para impugnar las decisiones tomadas en su contra. A través de este mecanismo, algunos de los docentes procesados intentan revertir las sentencias de retiro, argumentando que sus derechos han sido vulnerados. Sin embargo, a pesar de estos intentos, los tribunales han defendido de manera firme los derechos de las víctimas, priorizando la protección de los menores sobre las pretensiones de los agresores.
Los Amparos Constitucionales son Un Obstáculo Legal y una Larga Batalla
Los amparos constitucionales interpuestos por los agresores representan uno de los mayores obstáculos en este tipo de procesos. Si bien el sistema judicial reconoce la posibilidad de recurrir a este mecanismo, las autoridades encargadas de los procesos disciplinarios han defendido con firmeza la legalidad de las sanciones impuestas. En cada uno de los amparos presentados, se ha abogado por los derechos de las víctimas, y se ha logrado, hasta el momento, una serie de fallos favorables que han mantenido las sanciones de retiro definitivo del magisterio.
No obstante, los procesos de amparo constitucional no son rápidos, y su resolución puede prolongarse durante meses o incluso años. Esto genera una sensación de inseguridad e incertidumbre tanto en las víctimas como en la sociedad, pues el daño causado por los agresores no se limita a la violencia física, sino que también impacta profundamente en la confianza en las instituciones educativas. A pesar de estos obstáculos, se ha logrado mantener una postura firme en defensa de la integridad de los menores.
La Última Batalla Judicial
Uno de los casos más relevantes de esta gestión se encuentra actualmente en la fase de casación en la ciudad de Sucre. Este proceso, que involucra a uno de los docentes implicados en un caso de violencia sexual, está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de revisar la legalidad de las decisiones previas y determinar si las sanciones impuestas se ajustan a la normativa vigente. Este proceso de casación es crucial, ya que sentará un precedente en cuanto a la aplicación de la justicia en casos de violencia sexual dentro del ámbito educativo.
La casación es un recurso judicial que permite revisar las decisiones tomadas por tribunales inferiores, lo que otorga una oportunidad para que las partes involucradas puedan presentar nuevos argumentos y pruebas. Sin embargo, este mecanismo también ha sido utilizado por los agresores como una estrategia para dilatar el proceso y evitar las consecuencias de sus actos. A pesar de esto, se espera que la decisión de la Corte Suprema sea contundente y reafirme el compromiso de las instituciones con la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
Es fundamental reconocer que el problema de la violencia sexual en el ámbito educativo no puede ser abordado de manera aislada. Si bien es necesario sancionar a los culpables, también es urgente implementar políticas públicas que favorezcan la prevención de estos delitos. La capacitación de los docentes, la sensibilización de la comunidad educativa y la creación de protocolos claros para la atención de denuncias son pasos clave para garantizar que el entorno escolar sea verdaderamente seguro para todos los estudiantes.
Es crucial seguir fortaleciendo los mecanismos de prevención, los protocolos de denuncia y las sanciones para garantizar que los docentes responsables de estos actos sean apartados del sistema educativo de manera definitiva. Además, es necesario seguir trabajando en la sensibilización y educación tanto de los docentes como de los estudiantes, para crear una cultura de respeto y seguridad en el ámbito escolar.
El camino aún es largo, pero con decisiones firmes y el compromiso de todas las instancias involucradas, se puede construir un sistema educativo más seguro y respetuoso, en el que los derechos de los menores sean siempre la prioridad para la defensa de niños, niñas y adolescentes.
Fotos: Redes Sociales.