Fondo Concursable para la investigación periodística
La Fundación para el Periodismo, con el apoyo de Solidar Suiza, publicó por tercer año consecutivo la separata “Prioridad” que este año abordó la temática del empleo/desempleo en casos de mujeres y madres jóvenes. El objetivo de este programa es visibilizar en los medios de comunicación impresa la situación laboral, social y económica de ese segmento de la población, reflejando la problemática de conseguir un empleo digno cuando se es joven, mujer y madre.
De las postulaciones de todo el país, fueron seleccionadas las propuestas de periodistas de La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija.
A partir de este lunes 05 de diciembre, presentaremos los 16 reportajes que son parte de la separata “Prioridad” publicada con el periódico Página Siete, el martes 29 de noviembre de 2016.
Heidi Fuentes Jaldín
El cierre de al menos 4.600 empresas anunciado por el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Federico Díez de Medina, es un número más en las estadísticas que reflejan la situación económica del país, pero ¿cuántos desempleados resultan del quiebre de estas empresas? y ¿qué están haciendo ahora los afectados?
Las cifras son elevadas si se considera que el mayor número de empresas que anunció su cierre son medianas; es decir, cada empresa con un promedio de seis a diez trabajadores afectados. Y peor aún cuando los más vulnerables son jóvenes y mujeres madres de familia, a quienes no les queda otra opción de acudir al mercado informal, lo que significa renunciar a sus beneficios sociales de salud, bonos, aguinaldos e incrementos salariales.
Y es que las medidas gubernamentales que buscan amparar al trabajador y darles mejores condiciones de vida, los ha llevado a vivir en la ironía de que si buscan un mejor trato pueden llevar a la quiebra a sus empleadores y quedar sin trabajo.
Así es la historia de María Crespo, una mujer que cumplió 25 años en junio pasado en medio de necesidades, pues tiene dos hijos a quienes debe mantener y perdió su empleo tras el cierre de la empresa de calzados en la que trabajaba.
María cuenta que cada día deja a sus dos niños (4 y 6) en una guardería de la avenida Petrolera, cerca de su casa, para salir a buscar trabajo. El desaliento es su desayuno diario, pues entre los centenares de letreros que refieren requerimiento de personal, amontonados en la calle Punata, no existe ninguno que pague al menos el salario básico de 1.805 bolivianos. La mayoría no pasa de los 1.500.
La joven madre narra que trabajaba en una fábrica de zapatos que cerró en mayo tras el anuncio del Gobierno de un incremento salarial del 6%, el doble aguinaldo de 2015 y la nueva fijación del salario mínimo, que según los empresarios está asfixiando a las empresas.
“La dueña nos ha dicho que ya no podía pagarnos porque no le alcanzaba. Todo ha subido y no hay trabajo, por lo menos en la fábrica teníamos seguro de salud. Aunque sin el aumento salarial yo me habría quedado”, narró.
Como María, se estima que miles de jóvenes y mujeres quedaron desempleados a raíz de la quiebra de las empresas donde trabajaban o quedaron a merced de empleadores en el mercado informal que los vuelve más vulnerables a ser explotados.
¿Cómo es el mercado informal?
Según el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Federico Díez de Medina, al menos 29 mil empresas no renovaron su matrícula en Fundempresa, lo que significa que están migrando a la informalidad y esto a su vez significa que son inexistentes ante los ojos del Estado, por lo que no pagan impuestos, no aseguran a sus empleados, no hay contratos que cumplir y muchas veces funcionan en lugares clandestinos donde fácilmente pueden explotar a sus empleados.
Díez de Medina confirmó que al menos el 70% de estos empleados son jóvenes que carecen de experiencia, capacitación y conocimiento de sus derechos, y mujeres como María que prefieren aguantar injusticias para poder llevar el alimento a sus hogares.
Para el líder empresarial, la informalidad es el mayor problema para este sector, aunque también preocupa el desempleo. De enero a julio de este año, 4.600 empresas ya anunciaron su cierre.
“Son datos preocupantes porque se está perdiendo el empleo digno, el empleo con calidad de vida que tiene caja, seguridad social, incremento salarial, aguinaldos”, dijo.
En la misma línea, la presidenta de la Cámara Departamental de la Pequeña y Mediana Industria (Cadepia), Luz Mary Zelaya, reiteró que las empresas más afectadas con estas imposiciones son las medianas, ya que las grandes empresas tienen un fuerte capital y un respaldo económico, mientras que las pequeñas son sólo negocios familiares en las que la participación es asociada y pueden negociar entre ellos salarios, beneficios, entre otros.
“En lugar de poner trabas, el Gobierno debería incentivar a que estas empresas crezcan y se vuelvan grandes empresas”, dijo.
La presidenta explicó que desde el anuncio del incremento salarial (poco más de un mes), en Cochabamba seis de ellas ya anunciaron su quiebra y más de 500 pasaron a la informalidad pues dejaron de participar como asociados en CADEPIA.
“Son 1.100 afiliados que tiene Cadepia y sólo 500 permanecen activos. Este impacto no se ve tan grave porque cuando las empresas pequeñas cerramos no se hace bulla, nadie se entera”, dijo haciendo referencia a la empresa de calzados donde trabajaba María que tuvo que cerrar a pesar de tener productos de calidad y un futuro prometedor.
Para Zelaya, la mayor parte de los desempleados que resultan de estas quiebras, terminan como comerciantes ambulantes y más puestos de venta en una ciudad que se ha convertido en un mercado.
SI EL PROBLEMA SURGE DEL INCREMENTO SALARIAL, ¿SERÁ MEJOR NO INCREMENTAR EL SALARIO Y CONSERVAR EL EMPLEO?
Los empresarios coinciden en que debería haber flexibilidad en las exigencias impositivas del Gobierno así como de los montos salariales. Al menos hasta que las empresas estén mejor posesionadas y estables para poder cumplir las normativas de incrementos y pagos dobles.
“Debería ser con tiempo, unos cinco años para ver a las empresas crecer, categorizar a las empresas y no incluirlas a todas en el régimen general. Ahora se ha convertido en un delito decir que eres empresa”, dijo al respecto Zelaya.
Por su parte, Federico Díez de Medina, presidente de la Federación de Empresarios Privados, aseguró: “Nosotros estamos trabajando con el Gobierno en seis mesas y creo que lo más importante es preservar el trabajo para el boliviano, de lo hecho en Bolivia. Todas las inversiones nacionales deben favorecer principalmente a los trabajadores y empresas bolivianas. La solución es que los servicios del Estado favorezcan a las empresas nacionales”, dijo.
Los afectados prefieren renunciar a sus derechos
Encontrar una empresa que desde un principio cumpla con todas las obligaciones laborales es cada vez más difícil y cotizada. Sólo aquellas grandes empresas pueden cumplir con estas obligaciones y sólo se entra a trabajar en esos lugares “con muñeca” narraba Ruth de 22 años, una joven que trabaja en una cadena de micromercados de Cochabamba donde le pagan un salario de 1.800 bolivianos pero que no le cubren los beneficios de salud, aguinaldos y mucho menos incrementos salariales. Pese a ello, la joven agradece tener trabajo y prefiere no reclamar sus derechos por “vergüenza”.
Ruth es graduada de Contabilidad y cree que pedir lo que por Ley le corresponde sólo la dejará en la calle. Al igual que María prefiere recibir poco, pero seguro.
Asimismo, Rodrigo -un joven empresario que comenzó la venta de helados sabor a vino-, en un tono de decepción dijo que decidió comenzar su propio emprendimiento luego de descubrir que la carrera que estudió durante cinco años no le sirvió para encontrar un empleo digno con un salario que le permita ayudar económicamente a su familia.
“A una empleada doméstica le pagan 1.800 a 2.000 bolivianos que no ha invertido tiempo y dinero en estudiar, en tanto que un profesional egresado debe conformarse con ese mismo salario y debe pasar al menos otros 10 años para conseguir un empleo digno. No hay condiciones.”, dijo asegurando que la mayor parte de los jóvenes siguen siendo dependientes de los padres porque sus primeros diez años de trabajo son explotados.
Tanto María, Ruth y Rodrigo coinciden en que no hay condiciones laborales dignas para las mujeres y los jóvenes, para quienes conseguir un salario de por lo menos 4.000 bolivianos, que son necesarios para cubrir una canasta familiar (según estimaciones de la Central Obrera Boliviana), sería un logro que todavía lo ven muy lejano.
CRUDA REALIDAD
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2016, la mayoría de los trabajadores se insertan en condiciones de trabajo no deseado. Del universo de trabajadores, el 81% no aporta para su jubilación, el 72% no cuenta con un seguro de salud, el 89% no está afiliado a ningún sindicato y el 57% trabaja sin un horario establecido. El informe también detalla la desigualdad existente entre regiones y género generacional, no se gana lo mismo en Santa Cruz, Cochabamba, La paz y mucho menos en los departamentos que están fuera del eje troncal.
Según el estudio, el ingreso femenino sólo consigue alcanzar el 49% del ingreso masculino. En tanto que los jóvenes entre 17 a 24 años sufren por falta de capacitación, experiencia laboral y precariedad en sus trabajos. Menos de la mitad de los jóvenes entre esas edades están matriculados en algún centro educativo. Diariamente buscan trabajo de obreros, ayudantes o degustadores pero no ofrecen ningún beneficio.
Por ello, muchos de ellos prefieren migrar a la Argentina o Brasil para ganar salarios que no pasan los 2.500 bolivianos o 350 dólares.
