La democracia en Bolivia vivirá un hecho sin precedentes: la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) contará con una inédita mayoría femenina. Tras los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2025, el 52,4% de los escaños será ocupado por mujeres, consolidando un avance histórico en la representación política.
En la Cámara de Senadores, 21 de los 36 curules estarán en manos de legisladoras (58,3%), mientras que en la Cámara de Diputados las mujeres ocuparán 66 de los 130 asientos (50,7%). Con ello, la paridad se convierte en una realidad en ambas cámaras, situando a Bolivia entre los países con mayor presencia de mujeres en sus instancias legislativas.
Este logro revierte la tendencia descendente registrada en la legislatura pasada, cuando la representación femenina en Diputados cayó al 46,9% tras haber alcanzado un 50,8% en el periodo 2014-2019. Ahora, con la composición para la nueva legislatura (2025-2030), se recupera y consolida el equilibrio.
A esto se suma un hecho inédito que destaca en esta elección: por primera vez, las diputaciones uninominales alcanzaron más del 50% de mujeres electas como titulares, un hito que refuerza la consolidación de la paridad en los cargos de elección directa.
Composición histórica del Legislativo por sexo
Ya en 2020 –con el 56% de los curules ganados–, las mujeres habían roto la preeminencia masculina en la Cámara Alta que se mantenía desde 1982, cuando se escogieron a las primeras mujeres senadoras. La nueva ALP no solo mantendrá esa tendencia, sino que refuerza el protagonismo de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional.
Una sistematización de datos elaborada por la Coordinadora de la Mujer muestra la composición histórica del Legislativo en materia de género desde hace 43 años. Como se ve en el siguiente gráfico, el entonces Congreso Nacional estaba conformado casi eminentemente por hombres. Fue recién en 2014 cuando el país se acercó a la paridad.
En general, desde 1982 hasta los comicios de este año, 396 mujeres resultaron electas en 11 procesos junto a 1.367 varones. Estos avances representan, por ahora, el 22,4% del total, pero desde las elecciones de 2014 la composición de la ALP muestra una representación más equitativa.
La representación y participación deben ser sustantivas
El predominio femenino en la Asamblea Legislativa 2025-2030 no solo es una conquista estadística. Representa la maduración de décadas de lucha por el reconocimiento de las mujeres en la vida pública, desde su incorporación al sufragio hasta la conquista de espacios decisorios.
Este escenario implica un doble compromiso: por un lado, celebrar el avance; por otro, exigir que la igualdad numérica se traduzca en una participación efectiva que transforme la vida política del país. “Este nuevo escenario nos impone el reto de acompañar, fortalecer y exigir el compromiso político de las nuevas legisladoras y legisladores, para que la igualdad no solo sea una cifra, sino una realidad transformadora”, señaló Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
Una mayoría legislativa femenina abre la posibilidad de enriquecer el debate político con nuevas perspectivas y de impulsar agendas más inclusivas, lo que fortalece a la democracia en su sentido más profundo: garantizar que todas las voces estén representadas.
Así, la Defensoría del Pueblo destacó que por primera vez en la historia democrática del país, el 52,4% de las autoridades electas sean mujeres, logrando una representación que reafirma el compromiso con el principio de paridad.
Se trata de «un avance relevante hacia el cumplimiento del mandato constitucional de paridad y alternancia, así como de las obligaciones internacionales que el Estado boliviano ha contraído al ratificar instrumentos vinculantes en materia de derechos humanos de las mujeres, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, dijo la Defensoría mediante un comunicado.
Por su lado, durante la presentación oficial del cómputo electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que este proceso marca la décimo octava elección nacional desde que, en 1956, las mujeres pudieron ejercer por primera vez su derecho no solo al voto, sino también a ser candidatas.
Desafíos: más espacios y ejercicio pleno de los derechos
Según el análisis elaborado por la Coordinadora de la Mujer, en espacios sin obligatoriedad normativa para garantizar la presencia femenina, como las diputaciones plurinominales o indígenas-especiales, la brecha de género sigue siendo marcada.
Por ejemplo, apenas el 14,2 % de los escaños indígenas corresponde a mujeres. Situación similar ocurre en los supraestatales, donde seis de los siete puestos electos fueron para hombres.
La Defensoría recordó que que la Recomendación General 40 del Comité de la CEDAW, establece las obligaciones reforzadas de los Estados Parte para garantizar la participación equitativa, significativa y transformadora de las mujeres en la vida política y pública; por lo que, todos los Órganos del Estado deben diseñar e implementar de manera articulada una Hoja de Ruta hacia la paridad total, con enfoque interseccional, que contemple medidas legislativas, programáticas, presupuestarias dirigidas a consolidar la presencia, liderazgo y toma de decisiones de las mujeres en todos los niveles del aparato estatal.
“La paridad de género no puede reducirse a la dimensión numérica, sino que debe traducirse en condiciones materiales para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos políticos de las mujeres, libres de violencia política, estereotipos de género y obstáculos institucionales. La participación política real y sustantiva implica garantizar no solo el acceso a los cargos, sino también la capacidad de incidir en las decisiones que configuran el rumbo del país”, subrayó.
En la misma línea, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea reconoció, en su informe preliminar, que Bolivia goza de reconocimiento mundial por contar con uno de los marcos jurídicos más avanzados y un firme compromiso con la igualdad de género en la política.
La paridad y la alternancia son obligatorias en las listas de candidatos a ambas cámaras de la Asamblea, sin embargo —hace notar—, «no se extienden al binomio presidencial».