Mujer y adulta mayor: una doble razón para la violencia
Justina es anciana y mujer. Ello la hace vulnerable al despojo de sus bienes e incluso a la violencia física. Como ella, cada día se reportan casos de mujeres víctimas de sus propias familias.
Elizabeth Rendiz
Se cerró en su cuarto a las 6:30 de la tarde y al día siguiente, muy temprano, despertó por el ruido de unos hachazos. Su hijo le cortó su planta. “Cuando he salido mi planta estaba muerta en el suelo… (sollozos)…tenía frutos mi planta…”, dijo entre lágrimas Justina (nombre cambiado), una mujer de algo más de 70 años. El hecho derivó en que las hijas se golpearán entre ellas y solo la intervención del hijo pudo calmar la trifulca. Ella acabó recibiendo un puñete en el rostro.
Se define como adulto mayor a todas las personas de 60 o más años de edad, y de acuerdo a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas, a la fecha, Bolivia tiene alrededor de un millón de adultos mayores. De esta cifra, un poco más del 50% se trata de mujeres.
En el área urbana viven alrededor de 288.000 adultos mayores varones y 336.000 mujeres; mientras que en el área rural la prevalencia de hombres con 60 o más años de edad asciende a 182.000 aproximadamente, frente a 188.000 mujeres.
La presencia de personas adultas mayores está concentrada en un 31% en el departamento de La Paz; 20% en Santa Cruz y 16% en Cochabamba.
Mientras que en el departamento de Tarija, en la provincia Cercado, se cuentan 20 mil personas mayores de 60 años, según el registro de la subgobernación de Cercado, municipio en cuya área urbana vive Justina.
Los hijos de Justina no negaron haberla sacado de su cuarto para hacerla dormir en una carpa, pero la Unidad de la Persona Mayor logró que vuelva a ocupar una de las piezas, aunque “sus cositas” siguen en un patio, sostuvo su abogada.
“Al Centro Municipal del Adulto Mayor llegan varios casos para requerir apoyo y dentro de ellos llegan este tipo casos de despojo de vivienda”, señaló Laura Quiroga, técnica del Centro conocido también en el municipio de Cercado como La Casa del Adulto Mayor. El equipo multidisciplinario que atendió el caso conversó con la familia en busca de una resolución pacífica.
Justina contó que la directora de la Casa del Adulto Mayor, Lola Palacios, fue a su casa y acordó con una de sus hijas que le dejara habitar en un cuarto. La hija aceptó pero no le dirigía la palabra y además le puso la condición de que ninguna de sus otras hijas podría venir a visitarla; restringiéndole así la circulación por su casa y el acceso a sus pocos bienes, que ahora están en el patio.
La violencia patrimonial y económica está tipificada como delito, y es “toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir”.
El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, a través de la Secretaria de la Mujer y la Familia realiza una atención integral a todos los miembros de la familia a través del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), especialmente a las mujeres que han sufrido violencia familiar y violencia económica, apuntó Carina Flores, responsable del SLIM.
“Hemos pedido sobre todo a los fiscales la aplicación de medidas de seguridad y también medidas precautorias respecto a la inventariación de sus bienes y asimismo el desalojo de las personas agresoras. En el caso de las mujeres de la tercera edad, cuando esto ocurre, hay una doble vulneración: uno por ser mujer y dos por ser una persona de tercera edad, por ello realizamos esta atención a mujeres que sufren violencia”.
La violencia económica es una de las violencias sufren las mujeres y que condiciona la denuncia de otros tipos de violencia. Afecta a las mujeres de todas las edades. En el caso de las adultas mayores sucede con mucha frecuencia, pero a falta de denuncias y del conocimiento que este tipo violencia -que también tiene sanción- no se tiene registros que permitan acciones de prevención.
“Son pocos los casos que se animan a denunciar, romper el ciclo de la violencia y romper el silencio para las mujeres adultas mayores por la situación de dependencia emocional y porque su único entorno es la persona agresora, difícilmente enfrentan la situación de denuncia”.
Esta forma de violencia familiar, según la Ley 348, establece pena privativa de libertad de 2 a 4 años, según la persona incurra en las siguientes conductas; a) Menoscabe, limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer. b) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio, de identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. c) Restrinja o suprima el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares que pongan en riesgo el bienestar de su cónyuge, hijas e hijos, como medio para someter la voluntad de la mujer. d) Controle los ingresos o flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. e) Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere ingresos.
“El hijo vendió la mitad de la casa, pese a que es de la señora y ahora él manifiesta que en ningún momento ella era dueña, cuando su madre vivió más de 60 años”. Es el testimonio de María Teresa Rojas, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Departamental Tarija, al dar a conocer que constantemente recibe denuncias sobre violencia económica hacia las adultas mayores.
En Tarija, muchas mujeres mayores del área rural quedaron sin sus tierras pues hijos, hijas yernas y yernos y hasta autoridades comunales se las quitaron indicando que no podían trabajar, señala Rojas.
Justina, la anciana de Bermejo y otras mujeres rurales, son solo una muestra de que llegar a la vejez y ser mujer trae consigo una vulnerabilidad económica que se multiplica, pues son despojadas de sus bienes y echadas de sus casas; sus familiares disponen de sus ingresos con mucha naturalidad.
“Lastimosamente existe una mala concepción de parte de la sociedad de que las personas mayores deben dejar herencia a su hijos, sobrinos o familiares que los cuidan, cuando a través de la normativa legal no es obligación dejar herencia. Esta concepción social hace que se les exija y se encuentren en esta situación de vulnerabilidad. Sobre todo en la disposición de sus bienes, una vez que la persona adulta mayor ya no trabaja o tiene jubilación, sufre la limitación o disposición de sus bienes”, recalca la directora del SLIM, Carina Flores.
En lo que va de este año 2017, la Casa del Adulto Mayor de Tarija recibió 322 denuncias de diferentes tipos de vulneraciones, entre las que se encuentra también la violencia económica. Sin embargo, como no se clasifica con esta tipificación, no se tiene con certeza de cuántos caso de violencia económica se realizaron.
En este trabajo se realizaron 61 visitas domiciliarias; se tuvieron audiencias de conciliación voluntarias para prevenir vulneración de derechos; se orientaron 3.138 casos y se hizo el acompañamiento de trámites diferentes, según el recuento de Laura Quiroga.
Después de un día discusiones en el que se determinó -con la intervención de la Casa del Adulto Mayor- que Justina retornara a su cuarto, ella, resentida porque su hija le prohibió la visita de sus otros hijos, decidió entrar en el cuarto a las seis y media de la tarde y quedarse encerrada hasta el día siguiente.
A las 7:00 am del día siguiente, un ruido como de hachazos, la despertó. Salió de su cuarto para ver cómo uno de sus hijos cortaba una de sus plantas. “Cuando he salido mi planta estaba muerta en el suelo… (sollozos)…tenía frutos mi planta…”, dijo entre lágrimas.
La abogada sostuvo que Justina recibió cuatro días de impedimento por la agresión y la otra hija agredida tiene un impedimento de cinco días. Para ella continúa la violencia familiar al interior de esta vivienda.
“Hemos exhortado a las autoridades para implementar una política específica al respecto. Este tipo de decisiones le corresponden al Servicio de Gestión Social, pero es una obligación de todos los niveles de gobierno atender a este sector de la sociedad”, dice la delegada del Defensor del Pueblo de Tarija, Carolina Romero.
“Evidentemente hemos tenido una situación que una adulta mayor. Ella misma había decidido salir de su domicilio y colocar una carpa para dormir por la violencia familiar que había sufrido. Hemos asistido y establecido compromisos. El caso está en investigación”, añade.
