Una vez más las amenazas del crimen organizado a los profesionales de la información en México han logrado inhibir la publicación de noticias relacionadas con el narcotráfico. El Consejo Editorial de los periódicos Zócalo, uno de los más importantes del Estado de Coahuila ha anunciado en su edición de este lunes que se “abstendrá, a partir de esta fecha, de publicar toda información relacionada con el crimen organizado”.
“Nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para superar la calidad informativa y mantener una línea de objetividad e imparcialidad”, asegura el diario en su editorial. “La decisión se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra. Hacemos votos porque la auténtica paz reine pronto en nuestra querida patria”, concluye.
El jueves pasado, el director del diario, Francisco Juaristi, fue amenazado de muerte a través de mantas colocadas por presuntos miembros de la delincuencia organizada en diferentes municipios del Estado de Coahuila. El periódico Zócalo se distribuye en los municipios de Monclova, Piedras Negras, Acuña y Saltillo, este último muy próximo comercial y socialmente a Monterrey, considerada la capital industrial del país.
Ricardo González, portavoz de la asociación Artículo 19, defensora de los derechos de los profesionales de la información, recuerda vía telefónica que la situación no es nueva. «El Zócalo tiene ya un periodista asesinado y otro desaparecido. Eso muestra las condiciones en las que trabaja la prensa en México: la indefensión, la incertidumbre y el vacío de las autoridades a la hora de ofrecer mecanismos de protección».
No se trata del primer medio de comunicación en México que se aplica la autocensura. En 2012 el diario El Mañana, de Tamaulipas, publicó otro editorial en el que afirmaba que no seguiría informando sobre la violencia tras recibir un ataque contra las instalaciones del rotativo. También en septiembre de 2010 y tras varios asesinatos el Diario de Juárez publicó un desplegable pidiendo una tregua a los narcotraficantes y preguntando qué buscaban de ellos.
En las últimas semanas se han intensificado los ataques contra diferentes medios de comunicación en México. Tres días después del asesinato a tiros de Jaime Guadalupe Domínguez, director de un portal de internet de la ciudad de Ojinaga, en Chihuahua, el domingo 3 de marzo, la semana pasada, las instalaciones del Diario y el Canal 44 de Juárez fueron también objetivo de sendos atentados durante la madrugada, aunque en este caso no hubo víctimas. Tan solo unos días antes el diario norteño El Siglo de Torreón recibió tres ataques consecutivos. Ningún empleado del medio resultó herido, pero el trabajador de una maquiladora cercana murió en uno de los asaltos. En otro, cinco trabajadores fueron secuestrados y puestos en libertad a las pocas horas. El periódico reiteró el 28 de febrero en editorial su compromiso de seguir informando «a pesar de la violencia y la ineficacia de los medios de protección».
Con estos sucesos, el Gobierno de Peña Nieto enfrenta en el arranque de su mandato la continuidad de unos ataques a la libertad de expresión que durante el sexenio de Felipe Calderón dejaron 46 periodistas muertos y ocho desaparecidos, según los datos que maneja la organización Artículo 19.
