En Bolivia, las mujeres representan cerca del 51% de las y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero el machismo socava su participación efectiva (Foto: ABI).
El plazo vence este 31 de diciembre. El TSE informó que los documentos constitutivos de siete de las 11 organizaciones con personería jurídica ya fueron supervisados por una comisión técnica; otros cuatro están en proceso.
Por Patricia Cusicanqui Hanssen
Los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tienen hasta este 31 de diciembre de 2021 para adecuar sus estatutos orgánicos y otros documentos constitutivos, incluyendo el régimen de despatriarcalización y la transversalización del enfoque de género en cada uno de ellos.
Esta adecuación está contemplada en el Instructivo 047/2021 emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), referido a los principios que rigen sobre estas y que también están previstos en la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y en la Ley 026 del Régimen Electoral.
En el parágrafo “b” de dicho artículo se estipula como principio de las organizaciones políticas la democracia paritaria, entendida “como el cumplimiento del enfoque y criterio de paridad en la vida orgánica de las organizaciones políticas y en la conformación de estructuras orgánicas, dirigencias y definición de candidaturas; como el ejercicio igualitario de los derechos políticos para la superación de las relaciones de poder; y como el ejercicio de las relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres en las organizaciones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.
Únicamente las organizaciones políticas que obtuvieron su personalidad jurídica en base a la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, no requieren actualizar su estatuto interno.
En las últimas horas, el TSE informó que son 11 las organizaciones políticas de alcance nacional con personería jurídica vigente registradas en Secretaría de Cámara del ente electoral las que deben presentar sus estatutos orgánicos adecuados.
Según registros del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), los partidos políticos que tuvieron la supervisión a cargo de la comisión técnica fueron los siguientes: Unidad Cívica de Solidaridad (UCS), Movimiento Tercer Sistema (MTS), Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Acción Democrática Nacional (ADN), Unidad Nacional (UN), Partido de Acción Nacional Boliviano (PANBOL) y el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP).
En tanto que las organizaciones políticas que están en curso de adecuación son el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Para la Victoria (FPV) y el Movimiento Demócrata Social (Demócratas); este último, además debe cumplir el proceso de conversión de agrupación ciudadana a partido político de acuerdo a la Ley 1096.
En la actualidad, las mujeres representan cerca del 51% de las y los miembros elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y la representación en los gobiernos subnacionales es muy cercana a la paridad. Sin embargo, la participación efectiva de las mujeres se ve obstaculizada por la prevalencia, dentro de las organizaciones políticas, de prácticas discriminatorias e incluso de violencia patriarcal.
Defensoría insta a crear mecanismos de prevención, atención y sanción
La Defensoría del Pueblo recordó que el cumplimiento de este mecanismo es una garantía para la profundización de la democracia, resaltando que estas acciones promueven la lucha contra la violencia hacia las mujeres en espacios políticos, el ejercicio de los derechos políticos y la reducción del racismo y toda forma de discriminación.
Y resaltó que “igualmente, resulta imprescindible que los estatutos orgánicos también incorporen mecanismos internos de prevención, atención de denuncias y sanción de actos de acoso y violencia política hacia las mujeres, acciones necesarias para materializar la democracia paritaria sin reducirla a porcentajes, que se constituye en un nuevo horizonte en nuestro país”.
La institución adelantó que, durante 2022, a través de acciones defensoriales, medirá el grado de cumplimiento de la citada norma y la incidencia y gestión que realizó el TSE.
