Editor abril 12, 2022
Cumbre contra la violencia

El 31 de marzo, concejalas y asambleístas electas participaron en las plenarias de la
Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política (foto: TSE).

 

Un conjunto de instituciones del Estado acordó un plan de trabajo que apunta a reducir la incidencia de la violencia que se ejerce en contra de mujeres electas para el ejercicio de cargos públicos. Las acciones deberán desarrollarse en un plazo de dos años.

 

Por: Patricia Cusicanqui

La Cumbre Nacional contra el Acoso y la Violencia Política se trazó al menos cinco acciones para hacer frente a la violencia política, el acoso, la discriminación y otras formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres en los cargos de autoridades electas o en contra de aquellas que ejerce la función pública.

Luego de tres meses de intenso trabajo regional, asambleístas nacionales, departamentales y concejalas se reunieron en La Paz para diseñar una estrategia que les permita desempeñar sus funciones en ambientes libres de violencia política.

En ese marco, y para garantizar el ejercicio de sus derechos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Gobierno, además de la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales (AMADBOL) y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) acordaron un plan de acción que se resume en cinco puntos:

 

1.       Adoptar medidas que faciliten la articulación y coordinación de actividades interinstitucionales contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

2.       Evaluar la estrategia comunicacional para la prevención del acoso y la violencia política.

3.       Establecer criterios para la conformación de espacios de educación democrática con enfoque de género para la información, prevención y sensibilización de la temática.

4.       Coordinar acciones que coadyuven de manera efectiva a la atención de casos relacionados con el acoso y la violencia política.

5.       Brindar información que coadyuve al seguimiento de estos casos, en el marco de sus competencias.

 

El convenio tiene una vigencia de dos años, pudiendo prorrogarse por un periodo similar previo acuerdo entre las partes y en función de los avances detectados.

“En lo que hace al Órgano Electoral renuevo formalmente el compromiso de llevar adelante todas las tareas para garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y una vida libre de violencia”, dijo el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, quien citó como ejemplo la importancia de que en todos los procesos electorales se cumpla el mandato constitucional de la paridad.

Por su parte, la representante de AMADBOL, Dora Flores Méndez, afirmó que urge el cumplimiento de las normas y los compromisos. “Nosotras, que hemos sufrido violencia, sabemos que las demandas se quedan ahí (sin resolver), por eso pedimos que las actividades sean coordinadas para eliminar el acoso, la discriminación y el racismo”.

A su turno, la representante de ACOBOL, Josefina Teresa Velásquez, pidió un minuto de silencio en memoria de Juana Quispe, concejala que sufrió acoso y luego apareció muerta sin que su caso se haya resuelto en los tribunales de justicia. En ese contexto pidió denunciar toda forma de violencia para acabar con la impunidad. “Si no denunciamos el acoso que sufren las hermanas nos convertimos en cómplices (…). Es tarea de los órganos del Estado estar comprometidos y buscar salidas a esta problemática”.

 

Propuestas de las autoridades electas

Por su lado, las asambleístas y concejalas asistentes a la Cumbre propusieron la creación de instancias para la recepción y seguimiento de los casos de acoso y violencia política, además de la formulación de protocolos para la atención a las víctimas, la creación de comisiones de ética en las asambleas departamentales y los concejos municipales y la capacitación permanente a las mujeres electas en cargos públicos como mecanismo de prevención.

También sugirieron trabajar en registros únicos sobre casos de acoso y violencia política, alimentados por datos de sistemas de monitoreo de ACOBOL, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, que al mismo tiempo generen datos e información abierta.