La agricultora es uno de los espacios donde las mujeres desarrollan su fuerza laboral (foto: ABI).
Las mujeres con alguna ocupación económica representan la mitad de la población económicamente activa. A la par de alguna actividad que genere ingresos, la mayoría cumple también con los roles asignados del cuidado del hogar.
Por Patricia Cusicanqui, con datos de la agencia ABI
Más de 2,2 millones de mujeres impulsan la economía del país desde diferentes ámbitos, el profesional, la agricultura, el comercio agremiado y otros, mientras que a la par, muchas de ellas, cumplen con los roles del cuidado del hogar que les han sido asignados social y culturalmente.
“La población económicamente activa en el país, está alrededor de los 4,5 millones de personas, y de esta al menos el 50% son mujeres, es decir más de 2,2 millones de mujeres son trabajadoras”, dijo a la ABI, el director General de Trabajo, Arturo Alessandri.
La autoridad explicó que, en el caso de las mujeres, el trabajo tiene una doble carga porque no solamente cumplen una actividad laboral remunerada o que genera ingresos económicos, sino que también se ven avocadas a desarrollar las actividades del cuidado del hogar, entre ellas la administración del hogar, la atención de hijos, hijas y/o adultos mayores, la limpieza, la cocina, el seguimiento a las tareas y otros.
En criterio de Alessandri, el trabajo de las mujeres merece reconocimiento no solo por lo que hacen por sus parejas y su descendencia, “sino también por su aporte a la economía y al desarrollo del país”.
Según Alessandri, pese a que en las últimas dos décadas se impulsaron muchas mejoras para las mujeres en diversos ámbitos, aún persisten brechas por superar, como la diferencia salarial entre hombres y mujeres o la imposibilidad que tienen las mujeres de alcanzar algunos espacios laborales pese a su formación, lo que se conoce como techo de cristal.
El trabajo decente y el crecimiento económico es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por los líderes mundiales en septiembre de 2015 en la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Estos objetivos de aplicación universal entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y los países se comprometieron a intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.
Entre las metas e indicadores trazados para este objetivo (el número 8) y que tienen relación con los derechos humanos de las mujeres se dispone:
- Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
- Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad y personas con discapacidad.
- Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad.
