Miles de mujeres son asesinadas cada año solo por su condición de mujer. En América Latina un crimen de este tipo es cometido cada dos horas (foto: shutterstock.com).
El Gobierno recibió una serie de propuestas para modificar la Ley 348 a fin de agilizar los procesos y prevenir más hechos de violencia en sus diversas formas. Un proyecto modificatorio de ley deberá ser presentado al Legislativo.
Por Claudia Quenallata
Edición: Patricia Cusicanqui
Los asesinatos en razón de género, tipificados en la normativa boliviana como feminicidio, se cobraron la vida de 108 mujeres en Bolivia durante 2021, una cifra que en promedio se parece mucho a la de los años precedentes. Mientras, se aguarda la reformulación de la Ley 348 con la esperanza de reducir el número de casos, acelerar la aplicación de la justica y prevenir más hechos de violencia.
El fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, se refirió al estado de los procesos en los 108 casos. En 83 —dijo— se logró identificar al agresor: 52 están con detención preventiva por sospechas en la responsabilidad de los asesinatos; 30 procesos fueron concluidos, por tanto, los 30 culpables recibieron sentencia; 17 aún están en etapa preliminar de investigación; y 9 causas fueron rechazadas.
Según un comunicado del Ministerio Público, los casos fueron atendidos con la intervención de los equipos multidisciplinarios que acudieron al lugar de los hechos para llevar adelante un adecuado procesamiento de la escena del crimen, bajo la dirección funcional de los fiscales de materia. Esto permitió, de acuerdo con la Fiscalía, una reducción de los tiempos de investigación y el esclarecimiento de los casos e identificación del o los autores de los hechos y la emisión de resoluciones fiscales a fin de obtener una sanción para los agresores.
“La coordinación efectiva entre el Ministerio Público y la Policía boliviana permitió identificar en 83 de los casos a los agresores, los que significa un 77,57% del total, demostrando el avance de los actuados a través de una investigación penal estratégica con la participación de los equipos multidisciplinarios”, explicó Lanchipa.
El ciclo de la violencia
Lorena Bustillos, psicóloga y experta en temas de género, explica la manera en que se reproduce el círculo de violencia. La primera característica de los feminicidios es que estos, por lo general, son cometidos por la pareja actual o la pareja anterior de la víctima e incluyen maltrato sistemático en el hogar o la relación.
Otras características son la “intimidación o amenazas (violencia psicológica), la violencia sexual o situaciones en las que las mujeres son sometidas porque carecen o tienen menos poder o menos recursos que su pareja (violencia económica). Por efectos del machismo, las mujeres reciben aún diversos tipos de maltrato y/o intimidación por parte de su pareja, haciéndoles sentir que no son capaces de realizar alguna actividad, en muchos casos, aprovechando la baja autoestima de la víctima”, expone.
Los datos muestran que los departamentos con mayor incidencia de feminicidios en Bolivia son La Paz con 43 casos, Santa Cruz con 17 y Cochabamba con 15. Luego aparecen Oruro con 10, Potosí con 10, Chuquisaca con 6, Beni y Tarija con 3 cada uno y Panco con 1.
Desde 2013, año de promulgación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el promedio de asesinatos en razón de género en Bolivia es superior a 100. Según la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM), del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 74,7% de las mujeres de más de 15 años de edad casadas o en unión libre sufren o han sufrido situaciones de violencia en su relación de pareja.
La reformulación de la Ley 348
Ante el preocupante aumento de crímenes, colectivos feministas y otras organizaciones de la sociedad civil han reiterado su llamado a las autoridades para que la Ley 348 sea reformulada, pues arguyen que no todos los casos llegan a tener una sanción penal y consideran que, en muchas ocasiones, la justicia y el sistema revictimizan a las mujeres que denuncian hechos. Otro de los objetivos de ajusta la norma es prevenir la violencia y reducir el número de asesinatos y violencias de maltrato.
Para eso, el Gobierno recibió una serie de propuestas que ahora sistematiza y que pronto presentará en forma de proyecto de ley al Legislativo.
Acerca de cómo optimizar el derecho a la justicia, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, indica que se conversó con la Fiscalía para solicitar mayor celeridad a los procesos que se encuentran estancados.
“Para la sanción de los casos de feminicidios, la Fiscalía indica que tienen que darse los procesos de acuerdo con los plazos, estamos tratando de agilizar estos plazos para que se den respuestas rápidas. También se está buscando la manera en que se pueda realizar el acompañamiento desde los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y desde la Policía, con personal especializado para dar celeridad a los procesos”, indica la autoridad.
Estas y otras ideas serán parte de las propuestas de modificación de la norma.
Cuando una mujer es víctima de violencia puede acudir a denunciar a su agresor a la Policía, al Ministerio Público, a los SLIM, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (si fuese menor de edad), a los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, al Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima o a las autoridades indígena originario campesinas (cuando corresponda), como específica el artículo 42 de la Ley 348.
