Los niños y niñas tienen derecho a una vida libre de toda forma de violencia y al ejercicio pleno de todos sus derechos (Foto: Aline Ponce en Pixabay).
El caso de la niña de 11 años embarazada producto de una violación motivó también una cadena de manifestaciones en favor de la menor de edad.
Por Claudia Quenallata
Durante 16 días, las circunstancias que rodearon el drama que vivió la niña de 11 años embarazada producto de una violación, marcaron la agenda informativa del país. Aunque con menos repercusión que otro tipo de hechos, las acciones y manifestaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil apuntaron a reivindicar los derechos humanos de la víctima.
En días pasados, apoyada en un amparo constitucional, la Defensoría del Pueblo informó que los derechos de la menor de edad fueron protegidos y que por orden judicial, en adelante, el caso será manejado en absoluta reserva.
En relación al hecho y antes de que ocurra la intervención, diferentes organismos han dado a conocer su voz mediante distintos pronunciamientos, entre los cuales seis son coincidentes:
1. La vulneración a la normativa y legislación vigente en favor a los derechos de las niñas y mujeres.
2. El actuar de la Iglesia Católica, las organizaciones autodenominadas Provida, las entidades estatales (Gobierno Central, Gobernación de Santa Cruz, Gobierno Municipal de Yapacaní y las Defensorías de la Niñez), acusadas de haber interferido en la interrupción legal del embarazo (ILE), acción que correspondía en virtud de la Sentencia Constitucional No. 206 2014, del 5 de febrero de 2014, que establece la interrupción del embarazo “en situación de que la mujer haya quedado embarazada a raíz de una violación”.
3. El rechazo al actuar de grupos religiosos que basados en fundamentos dogmáticos han impedido la interrupción legal del embarazo de la menor de edad, y han persuadido en la voluntad a su madre para continuar con la gestación pese a ser producto de una violación, poniendo en riesgo la salud física y emocional y hasta la propia vida de la niña, aprovechándose de su vulnerabilidad.
4. El rechazo a grupos fundamentalistas que manejan un discurso que legitima la pedofilia y el estupro, normalizando estos hechos atroces que atentan con la seguridad de las mujeres y niñas bolivianas. Lo que está haciendo la iglesia católica es obligar a dejar su niñez para volverse madre, la está sometiendo a cargar con el producto de una violación de un hombre de 61 años.
5. La niña se encuentra en etapa de crecimiento y no se está preparada biológica ni emocionalmente para sobrellevar un embarazo, menos un parto.
6. El Repudio a las declaraciones emitidas por el responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, quien señalo que no pueden centrar todo su trabajo en una sola niña cuando existen muchas otras que se encuentran en las calles y necesitan atención, lo que minimiza este problema.
Lucia Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, refirió también al papel que jugó la prensa en este caso. “Los medios de comunicación se han focalizado en la niña, tratando de conocer los detalles, tratando de generar cierta opinión en contra o a favor del aborto y creemos que eso no contribuye a la sensibilización respecto a esta gran problemática que no solo es el caso de la niña, ya que en lo que va del año tenemos el dato de más de 1.500 niñas embarazadas en Bolivia”.
Por su parte, ONU Bolivia, señaló en un pronunciamiento que someter a una niña a un embarazo forzado está “calificado como tortura” e instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual. Puede leer el pronunciamiento aquí: https://bit.ly/3wQgAHE.
