Este afiche es parte de la campaña ejecutada por el Senado para frenar la violencia.
Durante las audiencias regionales que desarrolla la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, la legisladora se topó con que operadores de justicia de esa región tienen denuncias por prevaricato y consorcio; hay casos en que suman más de 50 acusaciones, dijo.
Por Patricia Cusicanqui Hanssen
A medida que el trabajo de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio avanza, una serie de ajustes y anuncios se van dando a conocer por parte de sus miembros. En días pasados, la senadora oficialista Virginia Velasco pidió a las autoridades del Poder Judicial destituir al menos al 50% de los jueces y fiscales que trabajan en Cochabamba, en vista de que se sospecha que hubieran incurrido en faltas y delitos en el ejercicio de sus funciones.
La solicitud surgió a raíz de la audiencia pública desarrollada en ese departamento como parte de las acciones que lleva adelante la Comisión. Tras su visita a esa región, Velasco aseguró que recibieron una serie de denuncias que pesan en contra de varios operadores de justicia que habrían cometido prevaricato y consorcio.
“Pedimos con mucho respeto al Consejo de la Magistratura y al Fiscal General que aquellos mal operadores de la justica sean destituidos de manera inmediata, no puede ser que tengan más de 50 denuncias y que hasta el momento no sean cesados en sus funciones, más siendo que hay denuncias con pruebas”, afirmó.
La legisladora precisó luego que, en su criterio, “al menos 50% de los jueces y el 50% de los fiscales deberían ser destituidos”. En ese contexto resaltó la importancia y la urgencia de modificar el Código Penal para castigar con más severidad los ilícitos cometidos por los funcionarios encargados de ejercer justicia.
Estas modificaciones están en proceso. Al momento, el proyecto de ley se encuentra en análisis en la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara Baja y se prevé que sea llegue a su par del Senado en estos días.
Lee también “Conoce los 7 ajustes normativos para castigar la violencia y a quien la propicie”: https://bit.ly/3sqZ1wH
Velasco indicó también que además de destituir a los jueces y fiscales que faltan a sus funciones, el Consejo de la Magistratura debería también aplicar sanciones disciplinarias en otros casos. Y lamentó que, a pesar de la voluntad demostrada por el presidente de esta institución para
Las audiencias que lleva adelante la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio tienen la finalidad de detectar todas las ilegalidades e irregularidades cometidas por funcionarios públicos del Órgano Judicial en la atención de los procesos a feminicidas y violadores. La próxima cita es en la ciudad tarijeña de Vallegrande.
La Comisión comenzó a funcionar a inicios de febrero de este año a raíz de que se destapara una red de corrupción judicial que beneficia con libertad condicional a feminicidas y violadores a cambio de pagos y regalos. El caso de Richard Choque y los múltiples crímenes que cometió fue la punta que desató el ovillo.
La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio tiene 120 días para trabajar en un diagnóstico profundo de esta problemática y proponer acciones concretas para tratar de terminar con los casos de corrupción, prevaricato y consorcio y castigar con mayor severidad a los responsables. Asimismo, se espera un plan para la erradicación gradual de la violencia machista, que se viene cobrando un promedio de 100 vidas cada año, desde 2013.
Esta comisión de alto nivel está conformada por los ministerios de la Presidencia, de Justicia y de Gobierno, además de las presidencias de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Policía. La senadora Velasco y la ministra María Nela Prada están al frente de este trabajo.
