La nueva Comisión de alto nivel está conformada por miembros de tres órganos del Estado,
además de la Fiscalía y la Procuradoría (foto: ABI).
Desde 2019, dos equipos trabajaron desde el Legislativo y un tercero desde el Ejecutivo sin un impacto perceptible. Ahora, los ministerios de la Presidencia y de Justicia coordinan las acciones de una cuarta Comisión de alto nivel.
Por Patricia Cusicanqui
En respuesta al clamor de justicia de cientos de familiares de las víctimas de feminicidio, en los últimos dos años y cuatro meses, tanto el Gobierno como el Legislativo crearon cuatro comisiones para la revisión de los procesos en contra de los victimarios. Los resultados aún no son tangibles.
La más reciente, que empezó a trabajar este viernes 4 de febrero, se conformó por instrucción del presidente Luis Arce, a raíz de la ola de protestas que generaron los crímenes cometidos por Richard Choque Flores y los beneficios judiciales dolosos que recibió para salir con libertad.
Primera Comisión
Fue creada en septiembre de 2019 y fue llamada Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios. Este grupo de asambleístas trabajó durante tres meses y desarrolló 14 sesiones, dos de las cuales se efectuaron en Cochabamba y dos en Santa Cruz. Al cabo de este proceso, presentaron un informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en marzo de 2020.
Este equipo estuvo presidido por la diputada Sonia Brito (MAS), quien en la oportunidad expuso los alcances de su indagación; la legisladora explicó la metodología aplicada, los obstáculos enfrentados y las deficiencias encontradas en las diferentes instancias del Estado para la aplicación de la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre sin violencia.
El informe ya alertaba del elevado número de feminicidios que hasta entonces no habían recibido castigo debido a retardaciones en todas las fases del proceso. Por tanto, recomendaba que la ALP cuente con una instancia de fiscalización, seguimiento y monitoreo permanente a los órganos encargados de hacer justicia.
Segunda Comisión
Atendiendo a esa recomendación, una segunda comisión fue creada por el Legislativo el 17 de diciembre de 2020, nuevamente para indagar qué demora los procesos judiciales en contra de los feminicidas. Los asambleístas que la conformaron recorrieron todo el país recogiendo información, y en junio de 2021 debían presentar su informe a la ALP, pero esta amplió su tiempo de trabajo por seis meses a fin de reunir la mayor cantidad de información posible.
Así, en diciembre del año pasado, la denominada Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio entregó su informe final. Su presidenta, la diputada Estefanía Morales (MAS), alertó de que el número de criminales castigados ni siquiera llegaba al 40%.
Además, informó que, en al menos 87 casos, los familiares solicitaron auditorias jurídicas a los procesos, y que en reuniones con el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Policía se acordó darles seguimiento.
Tercera Comisión
Casi en paralelo funcionó la tercera comisión. En marzo de 2021, esta vez desde el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia informó del inicio de actividades de la denominada Comisión Nacional de Seguimiento para Casos de Feminicidio (CONASCFE), compuesta por nueve abogados especializados en derecho Penal y derecho Constitucional para hacer seguimiento a los procesos.
Como su nombre lo indica, la finalidad era agilizar las causas para hacer justicia con las víctimas y sus familiares. En la oportunidad, el abogado Iván Motellano, representante distrital de Chuquisaca, dijo que realizarían un seguimiento exhaustivo a los casos de feminicidios y su situación en el ámbito judicial. “Esta es una iniciativa que la sociedad está esperando y nosotros vamos a poner todo el empeño necesario para lograr el objetivo”, indicó.
En la misma línea, su colega Sandra Soto, representante del Ministerio de Justicia en Oruro, señaló que las y los miembros del equipo se capacitaron y actualizaron a fin de “tener más insumos y herramientas para realizar una coordinación en cada departamento y así atender la demanda de la población que quiere una justicia pronta y eficaz”.
Los resultados del trabajo de este equipo no fueron socializados de manera pública.
Cuarta Comisión
La última y más reciente instancia creada por el Gobierno, por orden del Presidente, es la llamada Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, que comenzó a trabajar este 4 de febrero de 2022.
“Ante la preocupante situación y conducta de jueces y operadores de justicia, instruimos la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en el que los sentenciados fueron liberados. La misma deberá presentar resultados en un plazo máximo de 120 días” (sic.), comunicó el 1 de febrero el jefe de Estado a través de su cuenta en Twitter.
Más tarde, el ministro de Justicia, Iván Lima dijo que esta Comisión del alto nivel le daría una respuesta al país sobre esta problemática. “Feminicidios, violaciones y otros crímenes graves deben ser analizados dada la susceptibilidad e incertidumbre generados parte de los administradores de justicia, los jueces que estaban a cargo de velar por la seguridad y justicia para estas ciudadanas”.
Esta comisión está conformada por:
– Ministerio de la Presidencia
– Ministerio de Justicia
– Ministerio de Gobierno
– Presidente de la Cámara de Senadores
– Presidente de la Cámara de Diputados
– Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
– Presidente del Consejo de la Magistratura
– Presidente del Tribunal Constitucional
– Fiscal General del Estado
– Procurador General del Estado