En esta investigación se pudo constatar un alto desconocimiento de los funcionarios públicos bolivianos a las propias normativas nacionales de acceso a la información.
Por Adriana Olivera R./Periodista
Los periodistas de verificación en Bolivia, Cuba y Venezuela tienen algo en común, las complicaciones para acceder a datos públicos libres en sus países, donde los requerimientos no son atendidos por entidades estatales o se encuentran con trabas burocráticas.
En cambio, Argentina, Chile y Guatemala son los países donde la información pública para verificación e investigación está disponible.
Experiencias sobre el tema fueron relatadas al equipo de Bolivia Verifica en el encuentro de verificadores de la red LatamChequea 2022 que fue realizado en octubre en Bogotá, Colombia.
Latam Chequea, es un proyecto regional colaborativo para verificar información y luchar contra la “infodemia”. Conforman esta red más de 22 verificadoras de 15 países de Latinoamérica y España.
El común denominador de los países donde no hay acceso a información pública es la ausencia de normativa específica que obligue a los Estados al acceso libre de datos.
En el caso de Bolivia, si bien en la Constitución Política del Estado se determina que el ciudadano tiene el derecho a la información, ese mandato no se cumple al 100 por ciento.
“A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”, dicen los artículos 21,106 y 242.
En el caso de Cuba y Venezuela, no solo no hay normas, sino que existen denuncias de ataques contra periodistas, según señala un listado de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).
Incursión de la verificación
En América Latina fueron incursionando hace más de una década los sitios web o medios de comunicación que se dedican a la verificación de contenidos falsos y de discursos públicos que dan las autoridades gubernamentales o públicas (también es conocido en inglés como fact checking).
Chequeado de Argentina fue pionera en esta región, la verificadora empezó a trabajar en el año 2009.
Con el objetivo de identificar las desinformaciones que circularon en un año de elecciones nacionales, fue creada Bolivia Verifica en el año 2019, un proyecto de la Fundación Para el Periodismo.
Desde La Paz se empezó a analizar los discursos de candidatos a las elecciones presidenciales. También inició el monitoreo e identificación de contenidos falsos y engañosos que circulaban en las redes sociales.
La metodología de trabajo para la verificación de hechos y discursos indica que se debe acudir a fuentes personales o documentales para contrastar los datos (al igual que periodismo tradicional o investigativo), con el fin de dar una categoría de falso, engañoso o verdadero al chequeo efectuado.
Sin embargo, recurrir a las fuentes del Estado no es un trabajo fácil, más aún si no se tiene una ley que permita el acceso a la información pública para respaldar los chequeos e incluso, investigaciones.
¿Por qué es importante que un gobierno tenga los datos abiertos?
Los datos abiertos son bases que permiten su reutilización, redistribución e integración con otros.
“Los datos abiertos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen”, explica la fundación especializada en este tema “Open Knowledge”.
Las principales características de los datos abiertos son: disponibilidad y acceso.
“Los datos abiertos pueden ayudar a mejorar el flujo de información dentro de los gobiernos y entre ellos, y hacen que las decisiones y procesos de gobierno sean más transparentes. Una mayor buena transparencia promueve la rendición de cuentas y la gobernanza, enriquece el debate público y ayuda al combate contra la corrupción”, afirma Open Data Charter, organización que también se dedica a fomentar la información pública.
Cuando un Estado tiene su información disponible para la ciudadanía, pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto (la Open Goverment Partnertship en inglés). Dentro de esta asociación se encuentran más de 80 países. Bolivia, Cuba y Venezuela no son parte de ella.
Si bien en Bolivia existe la web Datos Abiertos, en este sitio solo se encuentra información de ocho instituciones gubernamentales y está habilitado a 43 temas. La actualización de la mayoría de estos conjuntos está hasta el año 2020.
En cambio, los datos cerrados se encuentran en formatos más comunes como PDF en los que no se permite realizar cambios.
Acceso a datos públicos
- Bolivia
Bolivia, Cuba y Venezuela son países donde no se cuentan con datos actualizados, cuyos gobiernos tardan en entregar información pública o simplemente no las contestan.
Joaquín Martela, periodista y fact checker de Bolivia Verifica, relata los obstáculos que afrontó para conseguir información pública. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, le dijeron que no consideraban como periodismo al trabajo de verificación.
“Envié una carta al jefe de Comunicación del Ministerio de Salud, Iván Ayaviri, para solicitar información sobre el Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas. Mi solicitud no fue atendida dentro de las 72 horas. Después de dos semanas me comuniqué por teléfono y el funcionario dijo que no podía darme información debido a que estaban ‘muy ocupados’ con otros asuntos y que el medio en el que trabajo no es periodístico”.
El funcionario estatal dijo a Martela que el periodismo de verificación “no existe” y que por esa razón no se le entregará la documentación solicitada, pese a que el tema por el que se acudió a esa cartera de Estado, era investigativo.
La normativa boliviana establece que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar información pública, no necesariamente que esté en algún gremio o sea un periodista, la cual mostró desconocer el funcionario.
Situación similar le ocurrió con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, donde acudió para solicitar información de la planilla salarial para contrastar con un dato en la sección de discurso.
La Alcaldía de El Alto tardó más de un mes en responder la solicitud, pero los datos no estaban abiertos ni actualizados.
Contrariamente a los dichos del Director de Comunicación del Ministerio de Salud, la verificación se aplica desde hace mucho y está ligado al periodismo investigativo que se empezó a realizar en el siglo XIX.
Los espacios de verificación de datos surgen en el año 2003, tal es el caso de FactCheck.org y The Fact Checker que pertenece al The Washington Post, ambos de Estados Unidos.
“Si hubiera esa ley podría usarla para exigir a los funcionarios que respondan a la prensa, que transparenten su trabajo. De alguna manera esa ley los obligaría a hablar, no solo con medios de comunicación, sino con cualquier persona o institución que esté fiscalizando al Estado”, agregó el periodista de Bolivia Verifica
Pero esta situación no solo ocurre con los verificadores, sino también con periodistas de diferentes medios de comunicación del país.
Otro de los casos es de Verdad con Tinta, un medio independiente de Tarija que al hacer una investigación sobre la construcción de una hidroeléctrica envió un requerimiento a la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) el año 2021, el cual no fue respondido hasta la fecha.
- Cuba
En Cuba la situación para acceder a la información es más compleja, pero al igual que Bolivia no cuenta con una ley para obtener datos.
“El acceso a la información es súper complicado porque todo aquello que tiene que ver con datos oficiales, sobre asuntos que ellos consideran que los pueden perjudicar, no existen. Ni en base de datos, ni en medios de prensa oficiales. Está muy controlado. Lo manejan como secreto de Estado”, describe Melissa Cordero, editora de El Toque.
Las limitaciones dentro de Cuba, no impide que el trabajo de verificación sea realizado, al contrario, los medios acuden a la base de datos de organismos internacionales que el mismo Estado entrega.
Cordero también dijo que los medios independientes de Cuba no están dentro de la isla; es decir, trabajan desde otros países para continuar con su labor periodística. “Por ley, el periodismo independiente está prohibido”, sentenció.
El Toque y otros medios de comunicación están realizando una campaña para exigir el acceso a la información en Cuba y para que no se manejen los datos públicos como si fuesen privados.
- Venezuela
Venezuela también presenta dificultades para acceder a la información, pues desde el Gobierno no se brindan ni se publican los datos públicos. Un ejemplo concreto es que el Estado tampoco comparte las cifras económicas del país.
“Hay una práctica recurrente de no brindar información y a eso se suma, en el caso de Venezuela, que no hay una norma explícita. Está previsto que tenemos el derecho a pedir información al Estado, pero nunca se aprobó una ley específica”, describe Andrés Cañizales, director de la plataforma de fact checking Cotejo.Info.
Como El Toque de Cuba, en Cotejo.Info también se acude a los datos abiertos de organismos internacionales que recaban información del Estado venezolano.
Un caso específico es la información que entrega a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, tomando en cuenta que el principal ingreso de Venezuela es por la venta de hidrocarburos.
Los periodistas y verificadores acuden a ese informe para contrastar datos cuando se analiza un discurso referente al tema.
“Hemos ido construyendo una base de contactos y de fuentes de la organización civil. En Venezuela han surgido varios observatorios; por ejemplo, de la violencia, de la educación, entre otros”.
Cañizales explicó que existen organizaciones que en áreas específicas están recopilando datos e información, “solemos apelar a ellas”, dijo ante la falta de datos abiertos.
En Venezuela también existe un pedido generalizado de la ciudadanía para obtener una ley que garantice que todos los niveles gubernamentales entreguen datos y se tenga acceso a la información pública.
Leyes que se cumplen a medias
- Perú
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es la que se aplica en Perú. Esta normativa fue aprobada hace 20 años.
Irene Ignacio, editora del sitio Verificador del medio La República de Perú señala que esta ley sirve principalmente para “solicitar información sobre vuelos presidenciales y correos electrónicos de funcionarios públicos”, y que no es necesario indicar las razones porque se hace esta petición, pero a veces “no se cumple del todo”.
“A veces las instituciones no dan la información completa o está censurada, pero si un ciudadano considera que su derecho a la información ha sido vulnerado puede presentar una queja, ese ya es un camino un poco más engorroso”, explicó.
Milagros Requena, periodista especializada en datos de La República, explicó que existen reportes de organizaciones no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo que señalan una deficiencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dentro del equipo periodístico también tuvieron percances con el cumplimiento de la ley, dijo Requena, quien dijo que “hubo problemas para acceder a la información”.
“Nos han entregado información de manera presencial y con un cobro mínimo, pese a que no debería hacerse, porque así la ley lo estipula ”, insistió.
En esa misma línea de incumplimiento de la ley, el equipo de LR Data también afirmó que tardaron “mucho tiempo” en recibir la información solicitada, pese a que la ley estipula que la respuesta se debe dar en un tiempo de diez días hábiles, pero no se cumple.
“Algunos de nuestros pedidos aún no tienen respuesta. Nosotras, desde el equipo, hemos apelado ante el Tribunal de Transparencia que es la instancia máxima, pero la respuesta no varía mucho. Hay colegas que han llevado su caso a los tribunales y los procesos pueden durar hasta un año o más para pedir información”, insistió Requena.
Para la periodista peruana existe una falta de transparencia de las instituciones públicas, porque no presentan datos abiertos.
El periodista y cofundador de Ojo Público, David Hidalgo, reconoció que existen ministerios del gobierno peruano que tienen datos abiertos y eso facilita el trabajo periodístico.
El periodista peruano dijo que a través de la ley, la información pública se debe obtener dentro del rango de siete días.
- México
En este país se tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Según Liliana Elósegui, periodista de Verificado, este organismo sí cumplía su función y ayudó a conocer datos a través de investigaciones periodísticas.
Sin embargo, “todo cambió” cuando ingresó al mandato Andrés López Obrador.
“En los proyectos emblemáticos de su gestión: la construcción de la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y también lo relacionado a la compra de las vacunas y su distribución, el Gobierno pidió la reserva de la información alegando que son temas de ‘seguridad nacional’”, recordó la periodista mexicana.
Al igual que Perú, este país tiene impedimento de acceder a una buena información de los datos públicos que maneja el Estado.
Hacer periodismo en México es complicado, así lo refleja el periodista y editor de El Sabueso, Arturo Ascención, quien relató que para el Gobierno, los medios son el enemigo. “Es su estrategia narrativa. Es complicada la labor periodística”.
- Brasil
Brasil también tiene su Ley de Acceso a la Información Pública pero esta presenta percances al momento de ser ejecutada. Si bien tiene diez años de vigencia, con el Gobierno de Jair Bolsonario, “fue complicado acceder a los datos públicos”.
Dentro de la petición de información, las instituciones gubernamentales retrasan la entrega de datos. Incluso, guardan la información hasta seis años, según indica el editor en jefe del Proyecto Comprova, Sérgio Lüdtke
“Si algo está siendo investigado sobre el Palacio de la Presidencia, por ejemplo, es muy difícil, casi nunca tenemos una respuesta. Eso es un problema, porque para la verificación algunas veces tenemos pocas fuentes”, explicó.
En verificación es más complicado obtener la información para desmentir, porque la tardanza de una respuesta hace que la falsedad vuelva a circular cuando ya pasó auge.
“Para la verificación es necesario que se tenga la información correcta y más rápido posible, para que se pueda, con las otras evidencias de hechos que se tiene, tener una conclusión y que esta verificación sea vista por lo máximo de personas posible y en el punto espacio de tiempo”, señala el editor en jefe de Comprova.
Cuando empezó la pandemia en el año 2020, la información que se otorgaba desde el Gobierno de Brasil era cambiada, situación que fue observada por los verificadores.
Con esa experiencia, fue realizada una alianza de medios junto a Comprova, lo que permitió trabajar en una base de datos.
¿Qué dice la IFCN ante estos casos?
La International Fact-Checking Network (IFCN por sus siglas en inglés) o la Red Internacional de Verificación de Datos es la organización que reúne a todos los verificadores del mundo. Una instancia que respalda el trabajo periodístico.
El director de IFCN Baybars Örsek declaró que se está asesorando a las organizaciones de fact checking para que puedan acceder y manejar la información que tienen las organizaciones internacionales; por ejemplo el Banco Mundial (BM).
En esa línea, agregó que se está trabajando con organismos a nivel global para que tengan más datos abiertos.
Baybars Örsek acotó que el problema de acceso libre a la información no solo se ve en Latinoamérica, sino también en el este de Europa y en el norte de África.
Países que no tienen problemas para acceder a los datos
- Argentina
Este país tuvo problemas de acceso a la información entre 2009 y 2015, pero posteriormente el Gobierno nacional sancionó el año 2016 la Ley de Acceso a la Información Pública.
Esta normativa sí responde a la solicitud de los periodistas, algunas veces tarda, pero se otorgan los datos.
Chequeado tiene un Centro de Datos en el cual se va concentrando la información que se solicita al Estado y que puede ser de interés común. Por lo general, son datos que el Gobierno no tiene abiertos.
“Hacemos solicitudes formales de información y lo vamos armando; a veces son solicitudes que hacemos de manera periódica, entonces, son series que vamos armando” , explicó la directora de la verificadora Chequeado, Laura Zommer.
Zommer agregó que el Centro de Datos presenta esa información que puedan ser “más sencillos para no expertos”.
- Chile
Chile cuenta con la Ley 20285 de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la administración del Estado. Fue promulgada en el año 2008 y entró en vigencia en 2009.
La entidad que hace cumplir la Ley 20285 es el Consejo de Transparencia que brinda los datos públicos.
El director de Mala Espina Check, Tomás Martínez, explicó que en su calidad de verificador no ha tenido “ningún problema” para acceder a los datos públicos. “Las instituciones públicas tienen un banner para hacer solicitudes de acceso a información”, añadió.
- Guatemala
En Guatemala también se tiene la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta normativa funciona de la misma manera que en Chile, donde las entidades públicas deben fijar un espacio en sus sitios webs de acceso a datos públicos.
Según el periodista Alex Maldonado de Fáctica de la Agencia Ocote, para realizar una petición de información pública se debe realizar mediante la ley. La mayoría de las entidades cumplen cuando la solicitud es realizada con ese procedimiento.
“El periodo no debe exceder de quince días, y si la entidad lo considera, puede resolver darse otro plazo igual, y lo notifican. También pueden rechazar la petición de información y el solicitante apelar”.
Si el solicitante está inconforme, puede acudir a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que sancione a la entidad.
“No todos cumplen con los procesos y entrega de información, pero depende de lo que uno pida; en un alto porcentaje lo cumplen”.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo The Global Media Defence Fund – UNESCO
