La instancia que juzga a la prensa solo existe en La Paz, Oruro y Santa Cruz; en los otros departamentos aún no se implementó o no está activa
Joel Alexis Candia Pedraza / Joaquín Martela Cruz
En varios departamentos de Bolivia no están conformados o se encuentran inactivos los Tribunales de Imprenta, los cuales tienen la finalidad de defender, juzgar y velar el cumplimiento de principios de los periodistas en cumplimiento de la Ley de Imprenta promulgada en 1925. Dicha norma es citada por la Constitución Política del Estado (CPE), rige desde hace casi un siglo y aún sigue vigente.
La Ley de Imprenta norma la actividad de la prensa y resuelve todo problema legal que acontezca con relación al gremio periodístico y su trabajo. Por su parte, los tribunales de imprenta son los responsables de hacer cumplir esta legislación.
Por ejemplo, si una persona siente que el trabajo de un periodista mella su dignidad o atenta contra sus derechos puede denunciarlo ante un Tribunal de Imprenta.
En consecuencia, dicha instancia es la que se encarga de atender este tipo de casos y de las sanciones correspondientes, si es que hubiera vulneración de la ley. Por lo tanto, la justicia ordinaria no debería involucrarse ya que estaría atentando en contra de los artículos 106 y 107 de la CPE. En dichos artículos se determina que la libertad de expresión es un derecho y fija la autorregulación de la prensa a través de su ley (de Imprenta), respectivamente.
Existen varios casos en los que autoridades y funcionarios públicos denunciaron a periodistas ante la justicia ordinaria y no ante un Tribunal de Imprenta como debería de ser, a continuación describimos algunos.
Casos de vulneración a la Ley de Imprenta
Roberto Puma es un periodista de Yacuiba, Tarija, que a través de “Radio Frontera” denunció que una cantidad del desayuno escolar que se distribuía en las escuelas se encontraba en mal estado y que su consumo causó problemas en la salud de las y los escolares.
Por este motivo, el alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, inició un proceso judicial en contra del periodista para que indique quién le proporcionó la información. Es decir que quería obligar a Puma a revelar su fuente. Sin embargo, la Ley de Imprenta y el Pacto de San José, que está reconocido en Bolivia, garantizan la inviolabilidad del secreto de fuente.
Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron comunicados expresando su rechazo a la decisión del burgomaestre. Asimismo, exigieron que las autoridades que recibieron el caso lo desechen, porque el mismo debería ser remitido a un Tribunal de Imprenta. Este hecho ocurrió en septiembre de 2022.
Otro hecho, registrado en agosto de 2022, reveló que Andrés Titiboco, periodista del diario “Contacto” en Trinidad, Beni, enfrenta cinco procesos judiciales por publicar noticias que forman parte de su profesión. Estos procesos fueron iniciados por autoridades y funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), por el Tribunal Departamental de Justicia, la alcaldía de Trinidad y por una concejala del Movimiento Tercer Sistema (MTS).
Dichas autoridades acusaron al periodista Titiboco de cometer los presuntos delitos de discriminación, racismo, difamación, injurias y calumnias.
“Yo tengo cinco procesos por nada más que denunciar la corrupción y por defender los derechos de las mujeres”, manifestó Titiboco en una entrevista con el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la Red UNITAS.
[Boletín Alerta Común]
En Trinidad, abren cinco procesos en la justicia ordinaria contra un periodistahttps://t.co/qwPtx0nV6n
— Red UNITAS (@redunitas) August 10, 2022
Este hecho en contra del periodista beniano demostró que la intervención de la justicia ordinaria atenta contra la Ley de Imprenta.
Titiboco y Puma son protagonistas de dos de los 17 casos de judicialización o criminalización a periodistas en los últimos tres años, los cuales fueron reportados por la Red UNITAS.
¿Por qué es importante contar con Tribunales de Imprenta?
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, Elizabeth Arrázola, indicó al equipo del programa Derecho a la Información y Comunicación (DIC) que si un funcionario público u autoridad siente que un periodista mella su dignidad a través de una publicación debe denunciarlo ante un Tribunal de Imprenta y no así ante la justicia ordinaria.
“Un periodista no debe ser llevado a un tribunal ordinario, porque la Ley de Imprenta está vigente. Y mucho más cuando se trata de un servidor público (como demandante)” dijo.
A la vez explicó que si una persona particular (que no debe ser servidor público ni autoridad) se siente afectada por un periodista, puede recurrir al Consejo Nacional de Ética o puede demandar ante un tribunal ordinario. “Eso también está en la ley (de Imprenta)” comentó.
Por su parte, el abogado y presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, se refirió a la denuncia del alcalde de Yacuiba en contra de un periodista, a manera de ejemplificar la importancia de los Tribunales de Imprenta:
“En este caso no correspondía que el periodista sea obligado a revelar su fuente y eso trataba de hacerlo el alcalde de Yacuiba por medio de una orden judicial. ¿Entonces, qué fue lo que hicieron los abogados? Plantearon la declinatoria de competencia de ese juzgado en el entendido que nosotros tenemos la Ley de Imprenta y tenemos un Tribunal de Imprenta que se puede ocupar de esos casos”, detalló.
En resumen, los Tribunales de Imprenta son necesarios para tratar y juzgar faltas o delitos cometidos por periodistas o medios de comunicación en el desarrollo de su trabajo periodístico. La justicia ordinaria no tiene competencia sobre este tipo de hechos y su intervención viola los artículos 106 y 107 de la CPE.
¿Cómo se conforma un Tribunal de Imprenta?
La Ley del Estado, el Reglamento de Imprenta, del 19 de enero de 1925, indica que se debe conformar el Tribunal de Imprenta por 40 personas en las capitales de departamento y 20 en las provincias. Los mismos deben ser elegidos por los Concejos y Juntas Municipales.
Quienes tienen preferencia para formar parte del tribunal son los abogados más notables, quienes sean propietarios de inmuebles y residan en el lugar, y miembros de universidades.
Son estas personas quienes se encargan de analizar los casos y sancionar a los periodistas en caso de haber cometido una falta.
Quienes no pueden formar parte del tribunal son autoridades, como el Presidente y Vicepresidente del país, gobernadores, funcionarios de la Policía, jueces, fiscales y vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Diferencias entre los Tribunales de Imprenta y el Tribunal Nacional de Ética Periodística
El presidente del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Ronald Grebe, explicó a al equipo del DIC la importancia y diferencia entre los tribunales de imprenta y el Tribunal Nacional de Ética Periodística del cual forma parte:
Grebe dijo que los juicios contra los periodistas o medios de comunicación deben comenzar en un Tribunal de Imprenta y, según la sentencia que dicte el mismo, los denunciados podrían ser remitidos a la justicia ordinaria.
En cambio, el Tribunal Nacional de Ética Periodística fue creado de acuerdo al artículo 107, numeral II, de la CPE que dice:
“La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su Ley”.
Una de las resoluciones recientes del Tribunal Nacional de Ética Periodística fue emitida en contra de Jaime Iturri, quien fue acusado por “faltar a la verdad” el 8 y 9 de septiembre de 2022, durante la emisión de su programa “Anoticiando”.
Para Arrázola, los Tribunales de Imprenta son fundamentales para garantizar los derechos de la prensa avalados por la CPE. Sin embargo, ante la ausencia de estas instancias, está presente la intervención del Consejo Nacional de Ética Periodística para atender este tipo de casos desde todas las regiones del país.
Santa Cruz, Oruro y La Paz son los únicos departamentos que cuentan con un Tribunal de Imprenta
Santa Cruz
Los cruceños cuentan con un Tribunal de Imprenta, sin embargo, el mismo está incompleto debido a fallecimientos de los notables elegidos. Por este motivo, el Concejo Municipal de Santa Cruz instruyó a mediados de 2021 crear una comisión a fin de completar esta instancia.
El asesor del presidente del Concejo Municipal en Santa Cruz de la Sierra, Juan Carlos Quisbert, indicó a al equipo del DIC que el Concejo cruceño se encuentra trabajando para solucionar dichas ausencias y completar el Tribunal de Imprenta. Asimismo, dijo que, para ello, se coordina con los gremios de prensa a fin de que sus instituciones evalúen a los nuevos jurados.
“En realidad, el Tribunal de Imprenta está acéfalo (carece de jefe o autoridad). Varios de los miembros han fallecido o algún tipo de situación así y ya no están formando parte del Tribunal. Y lo que sí se está trabajando es en una actualización de los miembros”, expresó Quisbert, quien además señala que este compromiso existe desde la anterior gestión de los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa.
El asesor también subrayó que recientemente “no ha habido casos o denuncias presentadas contra periodistas o al ejercicio periodístico”.
Sin embargo, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz señala que el Tribunal de Imprenta cruceño no precisa de la conformación total de sus miembros para atender posibles casos que surjan en el municipio.
“Aquí (en Santa Cruz de la Sierra) si hubiera la necesidad de abrir un proceso por la vía de la Ley de Imprenta, es fácil, porque son 40 miembros, de los cuales tienen que actuar 20, entonces se podría instalar (el Tribunal de Imprenta). Sin embargo, nosotros hemos pedido que se complete la totalidad de ello para que no existan inconvenientes”, explica Méndez, a tiempo de observar que no se han presentado casos relacionados al rubro periodístico desde hace al menos 15 años.
La Paz
En este departamento, el Concejo Municipal ya tiene designados a los miembros que conforman el Tribunal de Imprenta.
Sin embargo, algunos jurados son incompatibles al poseer cargos públicos, tal como señala el artículo 23 de la Ley de Imprenta.
Por otro lado, desde el área de Comunicación del Concejo paceño explicaron al equipo del DIC que, ante la existencia de un caso, el Tribunal de Imprenta es convocado por un juez de esta misma instancia y no por el Consejo Municipal que los designó.
Una vez el Tribunal esté reunido para atender alguna solicitud, las partes (denunciante y denunciado) pueden seleccionar alrededor de 15 de los 40 miembros para llevar adelante el caso. Por ende, no es indispensable que esté conformada la totalidad del Tribunal de Imprenta.
En conclusión, esta instancia no trabaja permanentemente y está a la espera, hasta que un juez los convoque.
Oruro
Los orureños son los únicos que cuentan con un Tribunal de Imprenta completo, esta instancia participó en el acto de homenaje a los 194 años de Bolivia, acto que se realizó el 8 de agosto de 2019.
- El Tribunal orureño actualmente se encuentra vigente, el mismo fue conformado por el Concejo Municipal en 2017. Sin embargo, aún no trató ninguna denuncia o caso, así lo indica un anterior reportaje de Poder DIC (Derecho a la Información y Comunicación).Ausencia de un Tribunal de Imprenta en CochabambaEl presidente del Tribunal de Honor de la ANPB, Ronald Grebe, comentó que Cochabamba es uno de los pocos departamentos que consiguió sentenciar a un periodista (Marco Carrillo), mediante el Tribunal de Imprenta que operaba desde hace casi dos décadas (2003).“Un dato importante es que un Tribunal de Imprenta en Cochabamba es de los pocos tribunales que terminaron con una sentencia. O sea, en su momento se hizo, pero hace varios años ya funcionaba el Tribunal de Imprenta de Cochabamba” dijo Grebe.En los años 2011, 2019 y 2020, el Concejo Municipal de Cochabamba lanzó convocatorias para la conformación del Tribunal de Imprenta, pero no se logró el propósito por falta de postulantes, los cuales deberían ser propuestos por la ciudadanía y diferentes instituciones.Asimismo, personalidades probas que habían sido elegidas por el ente municipal fallecieron y no se le dio la importancia necesaria a la reactivación del Tribunal de Imprenta.Al respecto, Arrázola comentó que la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa y la Asociación de Periodistas de Cochabamba están acompañando en el trabajo al municipio cochabambino con el propósito de completar las “acefalías” del Tribunal de Imprenta.Jorge Ábrego, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), señala que también se encuentran trabajando en la conformación del Tribunal de Imprenta.“Como parte de la Federación (de Trabajadores de la Prensa) hemos tratado de restablecer eso (el Tribunal de Imprenta) en Cochabamba. Hace tres años (2020) hemos vuelto a convocar mediante el Consejo Municipal, pero nadie se ha postulado, ha quedado desierta la convocatoria”, expresó.De la misma manera, Ábrego explicó al equipo del DIC que presentaron una lista de posibles candidatos, sin embargo, expresó lo siguiente:“Nosotros como periodistas no podemos ser juez y parte. Nosotros no podemos darles o sugerir unas listas completas porque (el Tribunal de Imprenta) a nosotros mismos nos va a censurar, enjuiciar o finalmente decir que somos inocentes. Entonces eso es lo que no comprende el Concejo Municipal” dijo.Ábrego, en su calidad de periodista residente en Cochabamba, apuntó que el problema no es la falta de postulantes como pretende hacer creer la Comisión del Concejo cochabambino.
“Hay personalidades (que puedan ser miembros del Tribunal de Imprenta), lo que falta aquí es la voluntad política. Acá es, si bien no lo decimos, un feudo, que hace muchos años, antes que salga Evo Morales del poder, era de masistas. O sea, era un feudo masista. Ahora con Reyes Villa (como alcalde), tenemos un poco más de accionar como prensa para solicitar (la conformación del Tribunal de Imprenta). Pero hay una traba del Concejo Municipal, de esa comisión que es netamente masista, que no deja accionar esta situación”, indicó.
Finalmente, el secretario ejecutivo de la CSTPB explicó que ante la ausencia de un Tribunal de Imprenta y la vulneración de derechos de algunos periodistas, debieron acudir a otras instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Defensor del Pueblo en Bolivia y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Nosotros hemos recurrido a otras instancias como la CIDH en el tema del 2019. Hemos recurrido al Defensor del Pueblo, al GIEI y hemos tenido casos de oídos sordos a nuestras denuncias a partir de 2019. Van casi como 12 denuncias que tenemos, ocho se han pasado ya a cautelares en la CIDH. Y vemos con mucha preocupación porque aquí se ha vulnerado con agresiones; a los periodistas se los censuran de parte de ambos grupos (desde el conflicto de 2019)”, comentó
¿Qué pasó con los demás departamentos?
Además de Oruro, Grebe indica que solo La Paz y Santa Cruz tienen Tribunales de imprenta, pero que estas instancias deberían existir en cada municipio y departamento para que puedan tratar distintos casos que se presenten.
“Hace poco hemos tenido una reunión y gente de Cochabamba me decía que están tratando de implementar el Tribunal de Imprenta en su departamento. Han habido varios casos, como el del señor Iturri cuando era director del periódico Extra, el caso llegó al Tribunal de Imprenta. También se dió el tema del presidente Evo Morales y los 33 camiones donde estaba involucrado Quintana, donde se convocó al Tribunal de Imprenta. Esos son los dos últimos casos en donde el Tribunal de Imprenta designado por el Concejo Municipal ha funcionado”, comentó.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, dijo que conoce de las vulneraciones a la labor periodística debido a la inactividad de estos Tribunales de Imprenta. Indica que, por ese motivo, desde la ANPB han realizado encuentros durante los últimos meses a fin de que los concejos municipales a nivel nacional conformen estos Tribunales, tal como contempla la Ley de Imprenta a través de su artículo 2.
“Durante un encuentro (en La Paz) se ha denunciado la judicialización, las agresiones que tenemos, la asfixia económica entre los medios de comunicación repercute directamente entre los periodistas”, comenta Glasinovic a tiempo de indicar que la ANPB emitirá un comunicado a nivel nacional para que los concejos municipales cumplan la Ley de Imprenta.
A la vez, menciona que las reuniones de la ANPB con las nueve asociaciones departamentales de periodistas están en procura de organizar los Tribunales de Imprenta en las capitales de todos los departamentos y provincias.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP), con el respaldo The Global Media Defence Fund – UNESCO.
