Periodistas: la falta de una ley y el recelo político obstaculizan el acceso a la información
Periodistas: la falta de una ley y el recelo político obstaculizan el acceso a la información
Acceder a los datos es fundamental para el trabajo de la prensa; cuatro periodistas de diversas regiones de Bolivia explican cómo y cuánto afectan a su labor las falencias y restricciones sobre este tema.
Aunque acceder a la información púbica no es solo una prerrogativa de los periodistas, sino un derecho de la ciudadanía, los obstáculos a los que se enfrentan a diario los reporteros se constituyen en otra forma de violación de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y la Fundación para el Periodismo (FPP), a través de su programa Poder DIC – Derecho a la Información y la Comunicación, ha debatido con periodistas sobre este tema que es fundamental para su labor.
Compartiendo sus experiencias y análisis desde cuatro regiones del país, las y los entrevistados coincidieron en que las entidades públicas de todos los órganos y niveles del Estado son poco transparentes y no facilitan el acceso a los datos públicos; al contrario, entorpecen su labor y ponen trabas a la prensa sobre todo en temas delicados como corrupción, inversiones y narcotráfico, entre otros.
La periodista Nancy Vacaflor, de La Paz, dijo que, si bien en internet y las redes sociales circula un elevado volumen de información, mucha de ella no es oficial y en caso de serlo, se caracteriza por ser superflua. «No hay acceso a información pública. Estamos hablando de entidades que deben dar información a la ciudadanía y no lo hacen. Y hay diferentes obstáculos para intentar acceder», apuntó.
Por su parte, July Rojas, periodista de Cochabamba, aseguró que «rara vez, las entidades públicas se abren a compartir la información que administran».
Puso como ejemplo que, aunque todas estas instituciones deben realizar informes de rendición de cuentas, en estos eventos no se aceptan preguntas de la prensa o los datos compartidos son superficiales y muy técnicos, casi ininteligibles.
Dijo, además, que varias dependencias se demoran a propósito en la entregar de información, como si buscaran cansar al periodista.
Jesús Vargas, periodista de Bolivia Verifica en Tarija, señaló que, aunque abunda la información en la red, mucha de ésta es desinformación. «Las instituciones públicas terminan siendo parte de la ola de desinformativa porque no cooperan con la liberación completa de datos (es decir ofrecen información sesgada) o bien salen distintas versiones de casos específicos», dijo.
Vacaflor apuntó que la falta de transparencia ocurre en todos los niveles del Estado incluidos los órganos legislativo y judicial.
Su colega Mauricio Quiroz, que ejerce en Santa Cruz, recordó que Bolivia carece de una ley específica sobre al acceso a la información pública y subrayó que, aunque varias normas sí reconocen esta prerrogativa, los funcionarios siempre «eligen formas de ponerle trabas a las solicitudes o te dan mucha información técnica para evadir u ocultar la información».
Páginas web poco útiles
Las y los consultados también hicieron notar el escaso uso que se puede hacer de las páginas web institucionales, ya sea porque la información que contienen es incompleta o porque los datos están cifrados, lo que vulnera el principio de transparencia y accesibilidad.
Se citó el caso del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales), de donde es complicado obtener datos si no se desarrolla una expertise para navegar en la página.
Rojas indicó que, en general, es difícil encontrar información en línea y que muchas veces se debe recurrir a páginas del exterior que tienen más información que las entidades públicas bolivianas. Puso como ejemplo la información relacionada con la exportación de hidrocarburos, que se halla ampliamente en portales de Argentina y de Brasil, clientes del gas boliviano.
Vargas contó que un reportaje desarrollado por Bolivia Verifica se estableció que la mayoría de las páginas web del Estado contienen información propagandística de la labor que realiza la autoridad de turno. «Información sobre gestión casi no hay», cuestionó.
Agregó que tampoco existe información estadística sería sobre temas de interés público, como sucedió en 2020 durante la pandemia, oportunidad en la que no solo había carencia de datos, sino que se desinformó desde el Estado.
Información centralizada y abuso de la reserva
Otro punto que entorpece el acceso a la información pública es el centralismo. Las y los periodistas recordaron que en el pasado se podía buscar a cargos de menor jerarquía, como directores de área, para buscar datos y éstos los proporcionaban, pero ahora solo parece tener esa atribución la máxima autoridad ejecutiva (MAE).
«Efectivamente, tenemos que recurrir a la MAE, hay niveles que ya no hablan. Eso genera muchos más problemas y entidades públicas que quieren imponer agenda», apuntó Vacaflor.
Otro punto destacado por los entrevistados es la tendencia, desde el Ministerio Público, a declarar en reserva los casos controversiales en los que se ven involucrados funcionarios de Gobierno y oficialistas; incluso en temas que no lo amerite.
Rojas recordó el caso Nallar, sobre el asesinato de tres uniformados en Porongo, Santa Cruz, que fue declarado en reserva e incluso se perdió el cuaderno de investigaciones.
Lo mismo con el caso narcoaudios, que fue declarado en reserva y no se supo más de la investigación hasta que todos los denunciados, incluidos altos jefes de la lucha antidroga, fueron sobreseídos.
Una ley no será suficiente sin voluntad política
Las y los reporteros que participaron del debate creen que la promulgación de una ley de acceso a la información es urgente e importante, pero consideran que no será suficiente para facilitar el acceso a los datos públicos sin un cambio profundo en los servidores públicos.
Quiroz reflexionó sobre la necesidad de crear una cultura en torno a la transparencia de la gestión pública, no solo con las y los funcionarios, sino con la sociedad en su conjunto. «Como ciudadanos tampoco exigimos el cumplimiento de este derecho y los propios periodistas igual nos conformamos a veces con las declaraciones que se hacen en las conferencias de prensa”, donde no se hacen más preguntas para profundizar.
Para Vacaflor, hay un vacío legal y una deuda con este tema; recordó la vigencia de un decreto supremo emitido por el gobierno de Carlos Mesa en 2005, pero este no solo no se cumple, sino que es limitado. «Contamos con un decreto, pero es una norma desactualizada que se reduce al Ejecutivo y no a otros órganos del Estado que también tienen que dar información”.
Esta prerrogativa está reconocida por el derecho internacional y es, por tanto, de aplicación obligatoria en el Estado boliviano.
Vargas, en tanto, afirmó que una ley es necesaria. «Pero para que funcione una ley es necesario que los comunicadores, los periodistas la conozcamos y sepamos usarla. Porque incluso la propia Ley de Imprenta, la misma Constitución, establecen que el ciudadano tiene derecho a acceder a la información pública, pero ni los ciudadanos ni los periodistas en la mayoría de los casos tienen conocimiento de esto».
Vacaflor dijo que, actualmente, no hay condiciones muy favorables para la aprobación de una ley de acceso a la información por la falta de voluntad política, más considerando la división interna en el Movimiento Al Socialismo (MÁS), la mayor fuerza política en el Legislativo.
En Bolivia, en 22 años, se propusieron al menos 10 proyectos de ley acceso a la información, pero ninguno prosperó. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), son tres las naciones de toda la región que no tienen una ley de acceso a información pública: Bolivia, Cuba y Surinam
Declaración de la III Cumbre Global sobre Desinformación
Declaración de la III Cumbre Global sobre Desinformación
27 y 28 de septiembre de 2023
La III Cumbre Global sobre Desinformación, celebrada en septiembre de 2023 y organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Proyecto Desconfío (Argentina) y la Fundación para el Periodismo (Bolivia), reunió a expertos y líderes en un foro crucial para abordar la creciente amenaza de la desinformación en el mundo actual. En la declaración resultante, se destacan varios puntos fundamentales:
En primer lugar, la desinformación se reconoce como un fenómeno global que socava los fundamentos de las sociedades democráticas al obstaculizar el sano debate de ideas y la formación de consensos.
Se subraya la necesidad de que gobiernos y organismos multilaterales asuman la responsabilidad de combatir la desinformación, promuevan la transparencia y el acceso a información confiable.
Se insta a las grandes plataformas tecnológicas a desempeñar un papel activo en la lucha contra la difusión de contenidos desinformativos, superando las deficiencias que se han evidenciado en este ámbito.
Por último, se destaca el rol esencial de la alfabetización mediática como una herramienta fundamental para fortalecer a las sociedades y reducir la circulación de narrativas desinformantes.
Las entidades organizadoras de la Cumbre Global sobre Desinformación enfatizan la necesidad de un enfoque integral en la lucha contra la desinformación, que involucre a gobiernos, medios de comunicación, plataformas tecnológicas y la sociedad en su conjunto para abordar eficazmente el desafío de la desinformación en las democracias contemporáneas; y consideran:
- La desinformación es un fenómeno global que conspira contra las sociedades democráticas, perjudicando el debate de ideas y la búsqueda de consensos. La desinformación empaña los procesos electorales.
- Los gobiernos deben combatir la desinformación y desalentar las prácticas que fomentan la circulación de mentiras y engaños. Los gobiernos no deben constituirse como jueces de la verdad, ni utilizar su poder de amplificación para propagar información falsa o engañosa.
- Las campañas de difamación a medios y periodistas por parte de gobiernos deben ser monitoreadas, denunciadas y sancionadas por parte de los organismos multilaterales, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Se requiere de un esfuerzo multiactor para hacer frente a este tipo de hechos.
- Los gobiernos y organismos multilaterales deben comprometerse con la transparencia de los asuntos públicos y la defensa del derecho de acceso a información confiable. Se requieren políticas públicas integrales y eficientes que aborden la problemática.
- La industria de los medios debe recuperar la confianza de sus audiencias por medio de estrategias que den cuenta de prácticas transparentes en el tratamiento de la información. Las empresas periodísticas deben procurar la incorporación de metodologías que les permitan crear contenidos de calidad y elevar los indicadores de credibilidad de las noticias.
- Las grandes plataformas tecnológicas deben implementar acciones concretas y efectivas para frenar la circulación de contenidos falsos o engañosos, discursos de odio y teorías conspirativas. Sus medidas han demostrado ser insuficientes.
- Los medios de fact-checking así como los fact-checkers tienen un rol esencial en el análisis de los discursos públicos, en la identificación de patrones en el flujo de contenidos digitales, y en la distribución de información verificada a las audiencias.
- Existe un amplio acuerdo en la necesidad de incorporar pautas éticas en el uso de IA por parte de los medios de comunicación. Los actores involucrados necesitan mirar atentamente y evaluar el impacto de la IA en el periodismo.
- La estrecha vinculación entre las posibilidades que ofrecen las herramientas de IA y el fenómeno de la desinformación ha sido demostrada por diversos estudios en todo el mundo. Quienes abogan por la lucha contra la diseminación de información falsa y engañosa, deben comprometerse a investigar y fomentar el uso de las posibilidades que ofrece la IA en la detección temprana de piezas de desinformación.
- La educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Medios de comunicación, periodistas y actores comprometidos en la lucha contra la desinformación, deben promover y fortalecer las prácticas de alfabetización mediática en la sociedad para mitigar la circulación de narrativas desinformantes.
En 22 años, hubo 10 proyectos de ley sobre acceso a la información y ninguno prosperó
En 22 años, hubo 10 proyectos de ley sobre acceso a la información y ninguno prosperó
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Bolivia, junto a Surinam, son los únicos dos países de Latinoamérica que no tienen una ley que garantice el ejercicio del derecho humano a acceder a la información pública.
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El debate sobre la falta de una ley de acceso a la información pública en Bolivia se extiende ya desde hace dos décadas sin que haya habido, hasta el momento, voluntad política para tratar una norma que proteja y preserve este derecho establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) y reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En una entrevista de Poder DIC (Derecho a la Información y Comunicación), un programa de la Fundación para el Periodismo (FPP), el investigador y comunicador Diego Cuadros dijo que, en 22 años, fueron presentados 10 proyectos de ley de acceso a la información pública en el país y todos quedaron en nada.
Cuadros consideró que la principal causa para que el Legislativo no quiera aprobar una ley de esta naturaleza es porque existe una “cultura del secretismo”, ya que los funcionarios públicos creen que solo deben entregar información a sus superiores.
“Hay un desconocimiento del derecho de acceso la información y se impone el secretismo”, insistió Cuadros a tiempo de señalar que los políticos tienen temores de que se hagan públicas sus actuaciones.
Proyectos de ley presentados
Este recuento en orden cronológico resume las veces que se presentó una propuesta de ley a ser analizada por el Legislativo.
1.- En 2001, durante el Gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga, la diputada Susana Peñaranda presentó un proyecto de ley de acceso a la información, después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un proyecto modelo para la región.
Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores, pero luego fue archivado.
2.- En 2005, durante el Gobierno de Carlos Mesa, la periodista Lupe Cajías, trabajó un proyecto de ley de acceso a la información, pero el escenario complejo del Congreso en ese momento frustró la iniciativa jurídica.
Este proyecto de ley fue socializado en los escenarios regionales, pero no fue propuesto al Congreso. Finalmente, este documento de ley se tradujo en el Decreto Supremo 28168.
3.- En 2007, el Viceministerio de Transparencia Institucional, a través de Nardi Suxo, elaboró un proyecto de acceso a la información y socializó los marcos regulatorios de la iniciativa con varios sectores sociales.
4.- En 2012, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado, el Ejecutivo a través del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información, pero tampoco avanzó.
5.- En 2013, el Ejecutivo volvió a presentar un proyecto de ley de acceso a la información, una versión modifica de la propuesta de 2012, sin embargo, este documento durmió en una comisión en la Cámara de Diputados. Esta propuesta pone excepciones a temas medioambientales y de explotación de recursos humanos.
6.- En 2016, la Asociación de Periodista de La Paz (APLP) presentó un proyecto de ley de acceso a la información, sin el impacto necesario.
7.- En 2016, el sociólogo e investigador, Hennry Oporto, presentó un proyecto Transparencia y Accesos a la Información, sin mucho éxito porque el trámite tampoco avanzó.
8.- En 2021, la representación parlamentaria de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información, pero la propuesta no fue enviada a ninguna comisión y su tramité terminó ahí.
9.- En 2021, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció la presentación de un proyecto de ley de acceso a la información, cuyo documento, supuestamente, estaba en revisión. Sin embargo, el proyecto nunca fue presentado a la Asamblea ni publicado en su sitio web.
10.- En 2023, la senadora de CC, Silvia Salame, presentó un proyecto de acceso a la información a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Expertos coinciden en la falta de voluntad política
Para el constitucionalista Julio Veizaga, la información pública es una fuente del poder ciudadano en una sociedad democrática. “El Gobierno que no comparte el derecho a la información pública denota que no tiene voluntad política para el fortalecimiento del sistema democrático. Bolivia no cuenta con una ley de acceso a la información pública porque no se confía mucho en el ciudadano”, dijo.
“Los periodistas que ejercen la fiscalización de los actos del Gobierno representan un obstáculo para el ejercicio del poder político. La necesidad de asegurar el derecho de acceso a la información pública no es una tarea de prioridad en la sociedad actual. Mantener en secreto toda información pública se constituye en una herramienta que evita que el pueblo tenga la posibilidad de ejercer el control social”, explicó Veizaga.
El abogado y experto internacional en libertad de prensa, Ramiro Orias, le dijo a Bolivia Verifica que este Gobierno, como los anteriores, no quiere comprometerse con un instrumento que permita al ciudadano acceder a la información pública ante la falta de transparencia y la opacidad en ciertos temas referidos a la gestión pública.
“Bolivia no quiere aprobar una ley de acceso a la información porque no quiere ceder ante la discrecionalidad que tienen los políticos y los funcionarios públicos en su trabajo”, añadió Orias.
Susana Saavedra, investigadora y directora ejecutiva de la Fundación Construir, se refirió también al tema y apuntó que entre las causas para que en Bolivia no haya prosperado hasta el momento ningún proyecto de ley de acceso a la información pública es la falta de conciencia de la propia ciudadanía en el ejercicio de este derecho y de la voluntad política.
“No puede ser que Bolivia, teniendo una Constitución tan amplia, porque este derecho está garantizado desde una Constitución tan de avanzada, hasta ahora esté rezagada”, señaló.
Agregó que es muy importante conocer la información para que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera informada. La falta de una ley restringe la toma de decisiones sin la suficiente evidencia, precisó.
Cuadros apuntó a que ha sido tan poco el interés político en un proyecto de ley de información, que los debates al respecto se han dado, sobre todo, en escenarios de discusión de la sociedad civil o en espacios de diálogo entre Estado y sociedad civil más que en la propia Asamblea Legislativa.
“En todo caso, nunca se ha profundizado lo suficiente esta discusión. Se ha dado en escenarios muy pequeños, muy muy cerrados. No se ha generado un debate que haga que haya una conciencia ciudadana o que determinados actores tomen determinada posición respecto al tema”, afirmó el investigador.
Contradicciones de los legisladores
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, explicó que este tema es importante para las y los bolivianos. “Nosotros vamos a escuchar y vamos a debatir cualquier iniciativa sobre el tema. Pero, sobre todo, vamos a consensuar un eventual proyecto”.
“Si en más de 15 años del Gobierno de Evo Morales no se pudo hacer nada, nosotros vamos a escuchar y vamos a abrimos a la posibilidad de debatir un proyecto de ley sobre el tema”, añadió el legislador de la denominada “ala arcista”.
El diputado de Comunidad Ciudadana, George Komadina, explicó que la razón principal para que el Legislativo, en un periodo de 20 años, no haya mostrado interés en aprobar la ley de acceso a la información es porque no existe voluntad política.
“A través de la información se puede cuestionar los presupuestos de los ministerios, algunos muy inflados irracionalmente, el exceso de gasto público; esto es algo intrínseco a una forma o un modelo democrático de los últimos años”, indicó.
Según Komadina, la ciudadanía no conoce el valor del acceso a la información y desconoce sus derechos. En consecuencia, no solo es un problema de los gobernantes, la población tampoco sabe que tiene derecho a conocer y acceder a la información pública.
En Bolivia, rige un acuerdo internacional sobre el acceso a la información medioambiental, pero no se cumple
El Acuerdo de Escazú busca garantizar el acceso a la información, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia ambiental. El Gobierno dice que se cumple, pero tres expertas en el tema lo niegan.
En septiembre de 2018, 14 países de América Latina y el Caribe fueron los primeros en firmar el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entró en vigor en Bolivia y en otros 11 países que lo ratificaron el 22 de abril de 2021.
Desde este hecho histórico, los habitantes de toda área afectada por proyectos extractivistas, los defensores de los derechos del medio ambiente, los periodistas y la ciudadanía en general en Bolivia tienen, según la norma, el derecho de acceder a la información pública y a la justicia ambiental y a tomar decisiones informadas en esta materia.
Sin embargo, el acuerdo y, en general, la normativa ambiental en Bolivia no se cumple. Así lo afirmaron una especialista en gestión ambiental, una activista y una periodista durante un conversatorio organizado por Poder DIC (Derecho a la Información y la Comunicación), un programa de la Fundación para el Periodismo (FPP).
Por su parte, el Gobierno, a través del viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magín Herrera, aseguró esta semana en se cumple con la ley, lo que incluye con el acuerdo de Escazú.
Qué dicen los actores involucrados en la temática
La exdirectora de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Jenny Gruenberger, explicó a Poder DIC que el acceso a la información es limitado y que no hay respuesta a las solicitudes dentro los órganos del Estado. “Por ejemplo el país tiene que elaborar un informe sobre el estado ambiental cada cuatro años y nunca lo ha hecho. Este problema no tiene nada que ver con el MAS o con la oposición. Históricamente nunca se ha hecho. Esto demuestra la poca importancia que se le da a este tema en Bolivia”, dijo.
Gruenberger afirmó que la poca colaboración de los gobiernos para acceder a la información, no viene de ahora, sino de siempre. Ahora, obtener información de los sectores estratégicos, como hidrocarburos, es mucho más difícil, incluso ocultan información.
Mercedes Villarroel, abogada especializada en gestión estratégica ambiental de Lidema, recordó que el Acuerdo de Escazú es un instrumento que tienen los países de América Latina y el Caribe acceder a tres importantes derechos relacionados con la temática ambiental.
“Son el derecho a la información, el derecho de acceso a la participación y el derecho de acceso a la justicia, pero, además, el Acuerdo de Escazú implementa un cuarto componente que habla sobre la defensa de los defensores medioambientales”, expuso.
Villarroel señaló que, en cuanto al derecho al acceso a información, el Acuerdo establece que todas las partes tienen derecho a acceder a la información pública relacionada a la temática medioambiental y los Estados tienen la obligación de otorgarla.
“Es el derecho de la ciudadanía a acceder a toda información pública que genera el país. Por ejemplo, si hay contratos de actividades, obras o proyectos que se adjudican o se pretendan ejecutar dentro del territorio, el Estado tiene la obligación de hacerlos públicos. Es el caso de las actividades mineras y otras que tienen que ver con la extracción de recursos naturales renovables o no renovables y que pueden generar un impacto negativo en nuestro medio ambiente”, dijo.
Agregó que, según el Acuerdo, la ciudadanía boliviana también tiene derecho a participar de manera informada en la toma de decisiones. “En este caso, el derecho de acceso a la información está relacionado con la consulta previa y la información previa que se debe dar a las comunidades para la participación activa en estos temas”, apuntó.
Organismos de la ONU, como Unicef, socializan el Acuerdo con enfoque en la juventud.
¿Qué sucede con las solicitudes de los medios y la prensa?
La periodista Rocío Lloret, directora de la revista La Región, especializada en temas medioambientales y turismo sostenible, aseguró a Poder DIC que el Acuerdo de Escazú no se cumple en el país.
“Bolivia es uno de los países con mejor normativa en temas medioambientales. Lamentablemente, solo es letra muerta. En los hechos, como periodistas y en general para la ciudadanía hay trabas”.
Añadió que, si para los periodistas es difícil acceder a información sobre los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, es peor aún para el ciudadano común.
Lloret citó como ejemplos que es difícil conocer qué empresa se adjudicó un proyecto o qué tipo de empresa es la que quiere entrar a una comunidad en un área protegida para explotar oro u otro recurso natural.
En cuanto a la consulta previa, apunto que, en muchos casos, no solo se limita la información a los pueblos indígenas, sino que se les engaña, ignorando su derecho sobre la tierra y el territorio.
“El Ministerio de Medio Ambiente, las entidades públicas, tendrían que verificar que la consulta se realice efectivamente, pero hay historias que revelan que se han firmado acuerdos incluso en medio de churrascos. Yo he documentado un caso de 2021, cuando les han dicho a los asistentes (indígenas) que pongan sus nombres en una hoja y (los representantes de la empresa) han presentado eso para argumentar que todos estaban de acuerdo con que se construya una carretera”, denunció.
Qué argumenta el Gobierno nacional
El viceministro Herrera aseguró que existe acceso transparente a la información del Gobierno en materia de medio ambiente. “Particularmente, mi despacho no ejecuta proyectos, pero los responsables de la ejecución deben entregar la información. Nosotros atendemos a la gente más allá del horario de oficina”, dijo.
Recordó que mucha gente, lo busca, por ejemplo, para que se indague la explotación presuntamente ilegal de oro en la Amazonía. Sin embargo, aseguró, este tema está en manos de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
“Hace poco también se dijo que había fallecidos por consumo de agua contaminada con mercurio cerca de los ríos donde explotan oro. Sin embargo, un informe oficial rechaza esa versión y atribuye a otros problemas de salud el fallecimiento de dos personas”, indicó.
Justicia medioambiental
Así como los entrevistados reclamaron porque no se cumple el acceso a la información medioambiental, también denunciaron fallas en la aplicación de la justicia en esta área.
“Se incorporó en el sistema judicial del Estado los juzgados agroambientales, pero dentro de sus atribuciones no hemos podido incidir como sociedad civil para que estos cumplan con su misión como establece la ley (…) Hay casos que no han tenido respuesta en los estratos judiciales”, dijo Villarroel.
La abogada llamó también la atención sobre los problemas derivados de la contraposición de unas leyes con otras. Por ejemplo, citó que la ley minera se apoya en la Constitución, la cual señala que todo recurso no renovable puede ser explotado si es de interés público. “Así, el Estado se atribuye un derecho prioritario sobre nuestros recursos naturales, por encima de los pueblos indígenas. Esas falencias son brechas que debemos allanar”, expuso.
Consulta previa informada
La consulta previa, como dice la misma Constitución, debe ser libre e informada, pero generalmente estas premisas no se cumplen.
Lloret, que como periodista conoce casos de consultas realizadas en la Amazonía y la Chiquitanía, apuntó que el gran problema es la falta de acceso a información transparente y oportuna desde el Estado.
Las empresas que buscan entrar a explotar recursos naturales, indicó, suelen apelar directamente a las necesidades que tienen los pueblos indígenas.
“Muchas de estas empresas llegan directamente (al lugar) con sus técnicos y le hablan a la gente en un lenguaje inentendible, ni siquiera para un periodista. Casi siempre mencionan que va a haber beneficios, pero cuando uno empieza a ver qué tipo de beneficios les ofrecen se da cuenta que están ofreciendo una escuelita de 20 mil dólares, un coliseo, montos que parecieran elevados para su realidad, pero que en los hechos son ínfimos”, añadió.
Para Lloret, el problema no es la discusión sobre desarrollo, porque los propios pueblos dicen que sí quieren desarrollo y tienen derecho a beneficiarse de él; “el problema es la información tergiversada y muchas veces manipulada que reciben”. De esta forma, dijo, terminan aceptando una compensación mínima por proyectos que harán mucho daño a su hábitat.
“El tema no pasa porque se haga una lucha férrea para que nunca se explote nada, sino que se lo haga de manera responsable y sostenible. Por eso las propias leyes señalan que se deben elaborar informes ambientales, informes de impacto, informes de mitigación. Pero el tema es que no se cumple”, lamentó.
IV Fondo de apoyo al periodismo de investigación “Crisis Climática 2023”
Convocatoria
IV Fondo de apoyo al periodismo de investigación “Crisis Climática 2023”
I. Presentación
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y la Fundación para el Periodismo (FPP) lanzan la convocatoria para el Fondo de apoyo al periodismo de investigación “Crisis Climática 2023”, que busca promover la atención periodística en el problema del cambio climático, impulsando la realización de investigaciones sobre la crisis climática y su impacto en la agricultura en Bolivia, así como las posibles respuestas que deriven de los bosques bolivianos, que deberán ser plasmadas en REPORTAJES o CRÓNICAS.
La Fundación para el Periodismo (FPP) desarrolla diferentes actividades con el objetivo de mejorar la calidad del periodismo boliviano, en las que ha priorizado una maestría en periodismo, talleres de capacitación, mesas de reflexión, así como foros y debates destinados, en su mayoría, a periodistas en ejercicio.
La Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) es una red nacional compuesta por más de 45 organizaciones sociales y de la sociedad civil que aporta a la defensa de la Madre Tierra y, principalmente, a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas. Esto desde una visión de Justicia Climática y de equidad de género para impulsar un proceso social que haga frente al reto que implica el cambio climático global y reduzca la vulnerabilidad de las comunidades locales frente a la crisis climática.
La PBFCC ha enfocado su trabajo en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres indígenas de tierras bajas y altas, la difusión del problema de la crisis climática y de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) de Bolivia, y en visibilizar y promocionar la importancia de la economía del bosque y la agricultura familiar y su aporte frente al cambio climático.
En el marco de este trabajo, se convoca a los y las periodistas de Bolivia a presentar propuestas temáticas para la realización de reportajes sobre las problemáticas relacionadas con la crisis climática en Bolivia, la economía del bosque y la agricultura familiar.
II. Objetivos
- Poner en la agenda de los medios de comunicación la problemática de la crisis climática (reflejada en las inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, entre otros) y la urgencia de tomar acciones, y el rol que tienen el Estado y la sociedad civil frente a este problema.
- Poner en agenda nacional, a través de la investigación periodística, la importancia de los bosques y la agricultura familiar para hacer frente a la crisis climática, a pesar de ser las áreas más golpeadas por el cambio climático.
III. Temáticas
Las propuestas de las postulaciones al fondo deben enmarcarse en las siguientes áreas temáticas:
- Consecuencias del cambio climático en los bosques, los territorios indígenas y las comunidades que practican la agricultura familiar.
- La economía del bosque que hace frente al cambio climático y como factor alternativo al modelo económico extractivo que afectan los bosques, áreas protegidas y territorios indígenas.
- Alternativas de producción agrícola que hacen frente al cambio climático
Elegibilidad
La convocatoria está abierta a cualquier periodista que trabaje o colabore con frecuencia con un medio escrito, radio, televisión o plataforma en línea (mínimo tres años de trabajo) de Bolivia. Los periodistas de planta y los periodistas independientes (freelance) son elegibles para aplicar. No están excluidas las propuestas de fotoperiodistas.
Los comunicadores que trabajan en puestos de Relaciones Públicas u oficinas de Comunicación Social o que son portavoces institucionales no son elegibles para solicitar una subvención del Fondo de Apoyo Periodístico 2023.
Un requisito indispensable es cursar y obtener el certificado del taller virtual “Periodismo, crisis climática, agricultura y bosques” que se desarrollará del 16 al 20 de octubre, de 20:00 a 22:00 horas.
Las y los interesados en acceder al apoyo económico del Fondo para realizar una investigación deben llenar en línea el formulario que se encuentra en la parte final de esta convocatoria o buscarlo en la página web de la PBFCC: www.cambioclimático.org.bo
Se valorarán las propuestas de temas inéditos y de interés social. Las propuestas deben incluir un presupuesto.
Se facilitará el contacto con las más de 45 instituciones y organizaciones que forman parte de la PBFCC para consultas o entrevistas de acuerdo al tema.
El postulante cuya propuesta sea aprobada acepta las siguientes condiciones del Fondo:
- Firmar un contrato con la PBFCC en el que se compromete a cumplir con la realización y publicación del trabajo periodístico en los plazos establecidos.
- Publicar la investigación en un REPORTAJE o CRÓNICA en su medio de comunicación hasta el jueves 25 de noviembre de 2023.
- Autorizar a la PBFCC y a la FPP la publicación de su trabajo en sus webs institucionales y redes sociales, así como de otras instituciones con las que trabajan.
Plazos
- La convocatoria estará abierta hasta el viernes 27 de octubre.
- El jurado calificador dará a conocer la lista de las propuestas aceptadas el 31 de octubre.
- El 31 de octubre, la Fundación para el Periodismo comunicará a los periodistas seleccionados para la firma del convenio en el cual se plasmará las condiciones del apoyo y los compromisos asumidos.
- Los REPORTAJES o CRÓNICAS deberán ser publicados o difundidos hasta el 25 de noviembre y el informe deberá ser presentado hasta 10 días después de la publicación, el cual debe incluir las repercusiones del reportaje/crónica.
Montos a financiar
El fondo tiene previsto apoyar económicamente a 6 investigaciones con un monto de hasta Bs. 3.000 (Tres mil bolivianos 00/100) cada una.
Este monto está destinado únicamente a cubrir los costos de la cobertura como ser transporte y estadía; así como la elaboración de videos o infografías. No está destinado a la compra de ningún equipo. Se debe tomar en cuenta la deducción de impuestos si no se presenta factura.
VII. Criterios de evaluación
Un comité integrado por periodistas y especialistas en crisis climática evaluará las propuestas de investigación y seleccionará a las que recibirán el apoyo financiero del fondo. La selección se realizará con base a criterios periodísticos en los que se tomarán en cuenta el enfoque periodístico, novedad e interés social que despertará la propuesta que deberá estar enmarcada en la crisis climática relacionadas con bosques y agricultura familiar.
VIII. Informe del proyecto
El fondo será desembolsado cuando el periodista entregue el informe final, el cual debe ser presentado máximo 10 días después de la publicación del trabajo periodístico: REPORTAJE o CRÓNICA. El mismo deberá contener los siguientes aspectos:
- Descripción general de la ejecución del trabajo periodístico.
- Repercusiones de la publicación, ya sea en otros medios, redes sociales o de algunas autoridades del sector.
- Copia de la publicación (escrita y/o digital, según corresponda al medio donde se publique).
- Registro fotográfico de la cobertura periodística.
- La factura por el monto total del fondo recibido. (O retención del impuesto de ley).
Coordinación y consultas
La coordinación del fondo de apoyo periodístico está a cargo de Miriam Jemio. Cualquier consulta puede hacerlo a través del correo electrónico pbfccbol.comuna@gmail.com o al celular: 63214465
Aplica en el siguiente enlace:
Este fondo cuenta con el apoyo de:
La Paz, 9 de octubre de 2022
IV Taller virtual “Periodismo, crisis climática, bosques y agricultura”
Convocatoria 2023
“Periodismo, crisis climática, bosques y agricultura”
Introducción
A nivel mundial, las catástrofes climáticas extremas son cada vez más frecuentes e intensas y los impactos de la crisis climática se están sintiendo con mayor intensidad en países en desarrollo como los que se encuentran en América Latina. Este año, en Bolivia se ha manifestado principalmente en sequías y olas de calor que están afectando a diferentes regiones del país.
Estos fenómenos climáticos amenazan a la seguridad alimentaria de la población, a la salud e inciden en la migración. Estos son algunos de los problemas que ocurren por el cambio climático y sus múltiples impactos.
Frente a ello, hay algunas acciones que está realizando la población en las ciudades y áreas rurales que son necesarias visibilizar, así como la importancia de los bosques para generar resiliencia y enfrentar la crisis climática.
Los periodistas tienen un rol fundamental a la hora de informar al público y, tomando en cuenta el desafío que significa para los periodistas comunicar la crisis climática, porque requiere de una profunda comprensión de los conceptos científicos y de capacidades para comunicarlos de manera sencilla y comprensible, en eses que la PBFCC y la Fundación para el Periodismo lanzan el taller “Periodismo, crisis climática, bosques y agricultura”.
La PBFCC trabaja en la capacitación de periodistas desde 2020 y apoya financieramente la realización de reportajes sobre la crisis climática. Busca ampliar y profundizar la alianza con los periodistas para llegar a la población y a los tomadores de decisiones con la información relevante para la toma de acciones frente a los efectos del cambio climático que se vive en Bolivia: sequías, heladas, escasez de agua y la pérdida de glaciares, entre otros.
La Fundación para el Periodismo (FPP) desarrolla diferentes actividades con el objetivo de mejorar la calidad del periodismo boliviano, en las que ha priorizado una maestría en periodismo, talleres de capacitación, mesas de reflexión, así como foros y debates destinados, en su mayoría, a periodistas en ejercicio.
Objetivos
Brindar las herramientas conceptuales necesarias para que las y los periodistas realicen sus coberturas sobre crisis climática conociendo la dimensión del problema y los múltiples impactos del cambio climático en Bolivia.
Incorporar en la agenda de los periodistas la problemática del cambio climático y las herramientas necesarias para que escriban y produzcan contenidos adecuados sobre la problemática.
Metodología
El taller se desarrollará en cinco sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom.
Los facilitadores realizarán exposiciones magistrales, durante las cuales los participantes podrán interactuar con los expositores.
Para obtener el certificado, los participantes deben elaborar una nota que será publicada en las páginas web de la PBFCC y de la FPP, así como en sus medios de comunicación.
Dirigido
El taller no tiene costo y está dirigido a periodistas que trabajen en un medio de comunicación o de manera independiente, editores, directores de medios de comunicación y estudiantes de Comunicación y Periodismo.
Fecha:
La Cuarta Versión del Taller virtual “Periodismo, crisis climática, bosques y agricultura”, organizado en el marco del Fondo de apoyo periodístico “Crisis climática 2023”, se desarrollará del 16 al 20 de octubre. El plantel de facilitadores está compuesto por técnicos y periodistas con especialización en el tema.
Hora: 20:00 a 22:00
Todos los participantes que concluyan el taller y obtengan su certificado de participación podrán postular a fondo concursable para realizar una investigación relacionada a los temas abordados en el taller.
El Fondo de apoyo periodístico “Crisis Climática 2023” tiene como objetivo promover la investigación sobre los impactos de la crisis climática en Bolivia, principalmente en los bosques y la agricultura familiar, que no solo son los más vulnerables al cambio climático, sino que también representan una fortaleza para hacer frente a la crisis climática.
Inscripciones hasta el 15 de octubre en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yp64rawj
Mayor información: 63214465
Programa
Lunes 16 de octubre: 20:00 a 22:00
Una mirada en el contexto internacional y nacional sobre la crisis climática:
Los impactos del cambio climático en el mundo y Bolivia
La agenda nacional e internacional para enfrentar la crisis climática.
Lo que se espera de las negociaciones internacionales sobre el clima (COP 28)
Facilitador: Marcos Nordgren
Técnico e investigador de la PBFCC
Martes 17 de octubre: 20:00 a 22:00
El impacto del cambio climático en los bosques
- Las consecuencias
- La fortaleza de la economía del bosque para hacer frente a la crisis climática y al extractivismo.
Facilitador: Vincent Vos
Biólogo e investigador asociado Universidad del Beni José Ballivián
Miércoles 18 de octubre: 20:00 a 22:00
La agricultura familiar, vital para garantizar la seguridad alimentaria frente a la crisis climática
- El impacto del cambio climático en la agricultura.
- El aporte de la agricultura familiar a la crisis climática.
Facilitador: Fredy Villagómez
Investigador y Director de CIPCA Altiplano
Jueves 19 de octubre: 19:00 a 21:00
El periodismo de soluciones y la comunicación del cambio climático en los medios: oportunidades y desafíos
- Qué es y que no es el periodismo de soluciones
- Cómo identificar un problema de relevancia social. Estrategias para trabajar en una historia de periodismo de soluciones: la porción manejable, preguntas clave ¿buscar la mejor solución?
- Contar la historia: personajes, tensión narrativa, estructuras.
Facilitadora: Carolina Gil Posse
Periodista y comunicadora
Directora de programas y comunicaciones para América Latina en Salud sin Daño
Capacitadora acreditada por Solutions Journalism Network
Investigadora Lancet Countdown Sudamérica
Viernes 20 de octubre: 20:00 a 22:00
La agenda climática urgente en los medios de comunicación
- Una mirada a la cobertura nacional sobre cambio climático.
- Temas relevantes de la agenda climática en Bolivia.
- Herramientas y fuentes para abordar el tema de la crisis climática.
Facilitadora: Miriam Jemio
Periodista ambiental
Inscripciones hasta el 15 octubre en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/yp64rawj
Para combatir la desinformación hay que conocer sus tendencias
Para combatir la desinformación hay que conocer sus tendencias, las estrategias de los desinformantes y las herramientas y recursos disponibles para desmontarla. El 27 y 28 de septiembre, cerca de 30 speakers compartieron su conocimiento y experiencias en la III Cumbre Global sobre Desinformación, evento al que se inscribieron más de 2.000 participantes de 50 países del orbe.
Los ejes desarrollados en la cita fueron: desinformación en etapa electoral, distribución de contenidos verificados, indicadores de calidad en las noticias, verificación en la era de la inteligencia artificial, alfabetización mediática informacional e innovaciones en materia de verificación.
En el siguiente compendio podrás hallar un resumen de las nueve conferencias del evento organizado por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), el Proyecto Desconfío de Argentina y la Fundación Para el Periodismo (FPP). Bolivia Verifica participó como expositor y media partner.
