Una diferencia entre los choferes del servicio de transporte público y el Gobierno Autónomo Municipal, que debía ventilarse en los tribunales de justicia, pretende ser resuelta en las calles a través de las medidas de presión.
Con una conducta agresiva, desconsiderada y abusiva, los choferes bloquearon las calles de La Paz y El Alto, perjudicando a los casi dos millones de habitantes de esas urbes.
Nadie niega el derecho de los choferes a la protesta. Lo que no pueden hacer es bloquear y maltratar a la gente. Alguien tendría que ponerles freno.
El problema está en que el transporte público exige que se aplique automáticamente un descuento sobre los impuestos de sus movilidades. El municipio argumenta que dicho descuento únicamente es para quienes cumplieron con la mejora de las movilidades y del servicio. ¿Por qué no resuelven este asunto en la justicia?
