La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani Zapana (foto: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional).
El Gobierno trabaja en la redacción de un anteproyecto de modificación de la Ley 348, que recoge cerca de 1.000 propuestas emanadas de la sociedad civil. Una de las ideas es aplicar sanciones administrativas a quienes incumplan sus funciones en la atención de casos de violencia, lo que genera amplio debate con la Fiscalía.
Por Claudia Quenallata
Edición: Patricia Cusicanqui
Ante la ola de feminicidios y los altos índices de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, diversas organizaciones demandan el cumplimiento del compromiso para una pronta modificación de la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, a fin de reducir el número de casos y dar celeridad a los procesos penales en contra de los agresores.
En los últimos 9 años, desde la promulgación de dicha norma, los feminicidios superan el promedio de 100 por año, mientras que, en 2021, el Ministerio Público recibió un total de 46.774 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley 348 (37.613 por violencia familiar o doméstica; 2.638 por abuso sexual; 2.078 por violación de infante, niña, niño o adolescente; 2.249 por violación; 1.548 por estupro; 217 por acoso sexual y otros).
En noviembre de 2020, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4699, que dispone modificaciones y complementaciones a la Ley 348, labor que ha sido asignada al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de un proceso participativo del cual, en su primera etapa, emanaron al menos 1.000 propuestas planteadas por la sociedad civil. Estas ideas han sido recogidas, analizadas y sistematizadas para la redacción del anteproyecto de ley que próximamente deberá ser socializado con las instituciones interesadas.
En esta entrevista concedida a la Red de Periodismo para una Vida sin Violencia, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, explica los avances del proceso y adelanta algunos de los cambios fundamentales a la norma.
— El Gobierno ha venido trabajando en una propuesta de modificación a la Ley 348, incluso en coordinación técnica interministerial. ¿Cuándo se tendrá el documento para socializarlo con las instituciones interesadas y cuánto se prevé que durará este proceso?
— El cronograma oficial está en proceso de consolidación, además es importante señalar que el proceso de modificación que se ha venido trabajando ha involucrado a actores fundamentales en toda la ruta de atención a víctimas en situación de violencia. De esta manera, una vez que se defina el cronograma oficial, se comenzará con la socialización. Considerando que las propuestas han sido recogidas de las propias instituciones y si estas están conformes, creo que no va a ver mucho qué cambiar. Pero si surgen complementaciones, por supuesto que va a tardar. El fin es tener una ley muy consensuada.
— ¿Cuáles son los ajustes de fondo que se proponen para cambiar la ley?
— El primer vacío que se pretende cerrar, y que se recoge de las propuestas que llegaron al Ministerio (de Justicia y Transparencia Institucional), es delimitar (el alcance de) la ley únicamente para las mujeres. También se plantea otorgar una sanción a todos los tipos de violencia que se reconocen en la norma; hasta ahora, no todos estaban tipificados penalmente. Surgió además la idea de complementar las formas de violencia incorporando la violencia obstétrica y la violencia cibernética, que también tendrán su correspondiente sanción penal.
Por otro lado, se pretende establecer la vigencia de procesos administrativos (contra quienes incumplan sus funciones en la atención de casos de violencia) a fin de bajar la cifra de procesos estancados en los estrados judiciales, es decir, una forma de sanción administrativa que le dé mayor celeridad a los procesos. Justamente, esta parte ha generado un amplio debate con la Fiscalía.
— ¿Qué argumentos se exponen desde el Ministerio Público?
— Hay observaciones por parte de la Fiscalía. Muchas veces, los jueces o el propio fiscal (a cargo de una investigación) mandan (al agresor) a proceso solo si hay una prueba (tangible del feminicidio), cuando el asesinato es a sangre fría, pero todos los aspectos del crimen deben ser valorados al momento de investigar y emitir la sentencia. Sobre este aspecto tuvimos un amplio debate con la Fiscalía y ellos sostienen que, ante las valoraciones del juez, necesariamente tienen que adjuntarse todas las pruebas posibles para la correcta valoración de las mismas que sirvan de fundamento para la emisión de la sentencia y su correspondiente sanción.
La Fiscalía argumenta que se tienen que cumplir todos los pasos del proceso, la normativa y los plazos. Lo que nosotros buscamos es agilizar estos plazos para que se den respuestas rápidas en el marco del principio de celeridad procesal. También se está tratando de que se pueda realizar un acompañamiento a los casos desde otras instancias especializadas, como los SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales) y la Policía Boliviana.
Otro aspecto que argumentan es la presunción de inocencia de la persona investigada, que es un factor inminente en la normativa que tampoco se puede vulnerar. Todos estos debates hacen que vayamos tocando con mayor cuidado estos temas.
— ¿Cuál es el nivel de consenso para que la ley 348 sea netamente para la protección de las mujeres?
— Eso se fue recogiendo de las propuestas que han llegado al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Muchos colectivos feministas y activistas que acompañan a familiares en el seguimiento a los procesos por feminicidio y otras formas de violencia impulsan ese principio. Se ha recogido y se está haciendo esa propuesta, pero habrá que ver cuál es la reacción de la gente.
