Los medios y las y los periodistas pueden diversificar la agenda de cobertura
en sus diversos espacios informativos (foto: Pexels).
Establecer las causas de la problemática, las acciones que se asumen para erradicarla, las formas de prevenirla y dónde acudir por ayuda, son algunas ideas para el plan de cobertura informativa.
Por Claudia Quenallata
Edición: Patricia Cusicanqui
Con un promedio de 100 mujeres asesinadas cada año en Bolivia —a razón de una cada tres días—, la cobertura de los casos de feminicidio y sus repercusiones son una constante en los medios de comunicación. El hecho como tal es noticia, pero hay una serie de enfoques que se pueden y deben desarrollar acerca del mismo tema.
La finalidad de ampliar los ejes de cobertura no solo es el disponer de mayor información para la ciudadanía, sino la producción de material tendiente a explicar las razones de la violencia, prevenirla y coadyuvar a que se haga justicia.
Según la perspectiva de género y de acuerdo con los manuales de periodismo con enfoque de género, en un caso de feminicidio se sugiere un plan de cobertura que, entre otros, también considere:
– ¿El agresor tiene antecedentes de violencia en este u otros casos?
– ¿Buscó la víctima ayuda con anterioridad? ¿En qué entidad? ¿Qué respuesta obtuvo?
– En los casos en que la víctima haya sentado una denuncia, ¿le brindaron protección?
– ¿Qué instituciones y qué funcionarios incumplieron con sus funciones para proteger a la víctima?
– ¿Existe una red de ayuda para las víctimas en la zona donde se produjo el ataque?
– Si hay un proceso instaurado, ¿qué impide el avance de la causa?
– ¿Cómo costean los familiares de las víctimas el proceso?
– ¿Dónde y cómo se puede realizar una denuncia?
– ¿Qué normas protegen a las víctimas y cómo se castiga el delito?
Al abordar la problemática de las redes de trata y tráfico de personas, adicionalmente a un caso puntual en desarrollo, se puede indagar:
– ¿Qué nuevas técnicas para captar a sus víctimas emplean las redes de trata y tráfico?
– ¿Qué tipo de tratos engañosos hacen las redes de trata y tráfico a sus potenciales víctimas para que acepten las supuestas ofertas laborales?
– ¿Qué previsiones deben tomar las personas, en especial las mujeres, antes de aceptar un trabajo dudoso?
– ¿Qué rutas usan los tratantes para trasladar a sus víctimas y cómo sortean los controles cuando trafican con menores de edad?
– ¿Son efectivos los controles de los viajes de menores de edad?
– ¿Hay vínculos entre tratantes, proxenetas y policías?
– ¿Dónde se puede denunciar algún caso?
– ¿En qué están las denuncias de trata y tráfico iniciadas con anterioridad por otros casos?
– ¿Qué normas protegen a las víctimas y cómo se castiga el delito?
En cuanto a las víctimas de los delitos, es importante tomar en cuenta que su integridad y dignidad están en juego, por tanto:
– La regla número uno es no revictimizarlas al usar sus nombres completos o sus fotografías, mostrar sus viviendas o lugares de trabajo.
– Las entrevistas en las que se brinden detalles solo se harán con autorización expresa de la víctima y de sus familiares.
– Las víctimas no son culpables de lo que les sucede. Si permanecieron en el círculo de violencia podría ser por temor, falta de apoyo, de recursos o miedo. Si aceptaron un trabajo dudoso puede deberse por pobreza, falta de oportunidades, necesidad de dejar hogares disfuncionales.
– Es importante también narrar sus historias de sobrevivencia, mostrándolas como mujeres da coraje, decididas y un ejemplo para otras en situaciones similares.
Las y los periodistas deben preguntarse siempre: ¿cuánto aportará la información que obtuve a esclarecer el caso que indago?, ¿aportan estos datos a desmontar los círculos de violencia?
“La violencia de género no es un suceso, es un hecho que excede el ámbito privado, ya que se trata de una vulneración de los derechos humanos y un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas”, recuerda el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Este artículo fue elaborado con base en el “Manual de género para periodistas”, publicado por el UNFPA y en el “Protocolo para el tratamiento informativo de violencia basada en género”, publicado en 2021 por Ministerio de la Presidencia y el Viceministerio de Comunicación.
