Con un performance, un elenco artístico muestra los escollos que deben sortear las mujeres en la carrera política (Foto: Coordinadora de la Mujer).
En lo que va del año, el TSE ha registrado 30 denuncias por acoso y violencia política. La Ley de Organizaciones Políticas establece que las organizaciones políticas deben incluir en su estatuto un régimen de despatriarcalización.
Por Claudia Quenallata Mamami
La experiencia ha demostrado que las organizaciones políticas fueron, son y siguen siendo uno de los espacios menos abiertos a la inclusión de mujeres en la participación y toma de decisiones. Sus estructuras y dinámicas de funcionamiento reproducen valores y patrones de comportamiento machistas, que tienden a normalizar la violencia y el acoso político.
En la actualidad, las mujeres representan cerca del 51% de los miembros elegidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y la representación en los gobiernos subnacionales es muy cercana a la paridad. Sin embargo, la participación efectiva de las mujeres se ve obstaculizada por la prevalencia, dentro de las organizaciones políticas, de prácticas discriminatorias e incluso de violencia en razón de género.
En lo que va del año, de acuerdo con datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se registraron 30 denuncias y renuncias de mujeres autoridades electas por acoso y violencia política. En tanto que el Ministerio Público reportó 48 casos por los mismos delitos. A menudo, estas acciones provienen de los miembros de la misma organización política de la denunciante o renunciante.
Para hacer frente a esta problemática, según la Ley 1096 (Ley de Organizaciones Políticas), los partidos y agrupaciones ciudadanas deberán incluir en su estatuto un régimen de despatriarcalización (Artículo 18) que garantice la participación de las mujeres en la conformación de la estructura orgánica, dirigencias y definición de candidaturas, así como el ejercicio igualitario de sus derechos políticos.
Diversas acciones e iniciativas se desarrollan en ese sentido. Es así que la semana pasada se lanzó la campaña “Cuelga los cachos de macho. Paridad sin peros”, impulsada por la Coordinadora de la Mujer, Oxfam y el Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), con el objetivo de develar las prácticas machistas y patriarcales existentes en la cultura política boliviana, y promover cambios de actitud en los hombres, particularmente en los militantes y dirigentes de las organizaciones políticas.
“Colgar los cachos de macho en la política significa renunciar a ser machista y reconocer a las mujeres como sujetas de derechos políticos; es reconocer que el poder político no es un atributo masculino, sino que es un espacio al que hombres y mujeres pueden acceder y ejercerlo”, expuso Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer.
La labor de la prensa
¿Cómo pueden aportar los medios de comunicación y las y los periodistas a revertir esta problemática? “El trabajo conjunto de la sociedad boliviana, el Órgano Electoral y el periodismo son importantes para lograr tres cosas: primero, entender a las mujeres como sujetos políticos, con derechos y deberes; segundo, garantizar que no se acepte el acoso y la violencia política dentro de las instituciones del quehacer político; y tercero, hacer un seguimiento y vigilancia a los partidos políticos y la implementación de la Ley 1096”, señaló Elizabeth Reyes, socióloga y exdiputada nacional.
Tania Sánchez, exdirectora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero” (SEPMUD), hizo hincapié en la importancia de superar los prejuicios y estereotipos a la hora de informar. “Cuando hablamos de la producción informativa, muchísimas veces se profundiza en estereotipos y roles y no se visibiliza el gran aporte que realizan las mujeres; hay que considerar que a las mujeres políticas les cuesta llegar a esos espacios y luchan con estereotipos sociales también”.
