Editor febrero 11, 2022
Cumbre La Paz violencia política TSE

Autoridades electas de La Paz durante el Encuentro Departamental en Contra del Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, desarrollado el 8 de febrero (foto: TSE).

 

Entre las funciones del Comité se consensuó la creación de comisiones para la detección de casos de violencia política contra las mujeres en los 87 gobiernos municipales de La Paz, así como para el seguimiento a los procesos para sancionar las faltas y delitos reconocidos por ley.

 

Por Patricia Cusicanqui

Las autoridades electas del departamento de La Paz acordaron y dieron curso a la conformación del denominado Comité Departamental de Lucha contra el Acoso y la Violencia Política hacia las mujeres, con miras a la cumbre nacional en la que se discutirá y consensuará una estrategia para frenar todo tipo de agresiones que atentan contra los derechos de las mujeres en cargos político-públicos.

El Comité fue creado en el marco del Encuentro Departamental contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, organizado y desarrollado el 8 de febrero por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental de La Paz (TED La Paz).

En el evento se conformaron cuatro mesas de trabajo que trazaron las funciones y actividades que deberá desarrollar el Comité; en ese sentido se propone lo siguiente:

 

–          Crear una red contra el acoso y la violencia política ―a nivel nacional, departamental y municipal― que recoja las denuncias, las revise y emita sanciones más severas, bajo el entendido de que ninguno de los casos denunciados ha tenido resultados satisfactorios en términos de sanción y resarcimiento a las víctimas.

–          Crear comisiones de trabajo que hagan seguimiento y lleven el control de datos, cifras y avances de los procesos de denuncia; que fiscalicen el cumplimiento de la normativa vigente; y que desarrollen procesos de capacitación, información, socialización y sensibilización a nivel departamental.

–          Conformar una comisión que visite a los 87 municipios del departamento y concrete entrevistas con las concejalas de los gobiernos autónomos municipales.

–          “Romper la cadena del silencio”, no callar la violencia y el acoso político, a partir de la visibilización de la problemática y la capacitación a las bases sociales, cantones, municipios y provincias del departamento de La Paz.

–          Crear una página web para realizar seguimiento a los diferentes casos de acoso y violencia política en el departamento.

–          Que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) cree una instancia disciplinaria y de capacitación a las autoridades electas de los distintos niveles de gobierno.

–          Establecer las atribuciones de esta instancia para realizar el seguimiento a las denuncias de acoso y violencia hasta su conclusión, sin las restricciones identificadas en el ‘Reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas electas o en función político-pública”.

–          Que el Ministerio Público también forme parte del Comité, a fin de que se lleven adelante reuniones bimensuales de coordinación y con fines operativos.

–          Que el Órgano Electoral Plurinacional remita notas a las alcaldesas, alcaldes y a los concejos municipales una vez reciban las notificaciones de las denuncias de acoso y violencia política. Asimismo, dirigir las notas a las organizaciones políticas para que sancionen a los responsables en el marco de los criterios de ética establecidos en sus Estatutos Orgánicos aprobados.

 

Como en La Paz, en otras regiones del país se desarrollan diversos encuentros preparatorios con miras a la “Cumbre nacional en contra del acoso y la violencia política hacia las mujeres en función político-pública”, a desarrollarse próximamente.

Este año, se cumple una década de la promulgación y puesta en vigencia de la Ley 243, “Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres”, que tiene por objeto establecer los mecanismos para la prevención, atención y sanción de los actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.