En 2021, la violencia en razón de género se cobró las vidas de 108 mujeres (foto: ABI).
El Gobierno recogió y sistematizó al menos 1.000 planteamientos de 448 proponentes. Las propuestas están agrupadas en 10 áreas y consideran no solo modificaciones a la norma sino también incorporaciones.
Por Patricia Cusicanqui Hanssen
Al menos 10 ejes de discusión podrían traducirse en los pilares para la reforma a la Ley 348. Entre los principales se hallan: la precisión en el objeto y alcance de la norma; la incorporación de nuevas formas de violencia y la tipificación de otras ya reconocidas en la ley; el fortalecimiento de las medidas de protección para las mujeres en riesgo; la adecuación de políticas públicas para cumplir con los mandatos de la ley; la optimización de los mecanismos para hacer justicia con celeridad; y la asignación de más recursos.
Desde noviembre de 2020, en un proceso altamente participativo, el Gobierno trabaja en un anteproyecto para la que será la nueva “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. El documento aún está en revisión técnica interministerial y recibe también las observaciones y sugerencias del Ministerio Público.
La primera etapa de construcción conjunta se llevó a cabo de diciembre de 2020 a enero de 2021, periodo en el que se recibieron cerca de 1.000 planteamientos de al menos 448 proponentes, entre organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, personas particulares y entidades del Estado.
El informe “Estado de Situación de la Violencia contra las Mujeres de Bolivia 2021”, publicado por el Ministerio de Justicia, sistematiza los alcances de la primera fase de trabajo e identifica los artículos de la Ley 348 y los ejes temáticos que generan mayor discusión para una posible reforma.
“El proceso participativo de recepción de propuestas revela que son al menos 10 los artículos de la Ley 348, ‘Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia’, que han concitado el mayor número de propuestas de ajustes, varias de ellas contradictorias entre sí. Entre los más destacados se pueden mencionar el artículo 19 (medidas en el ámbito educativo), el 7 (tipos de violencia) y el 84 (nuevos tipos penales). También resaltan las propuestas referidas a los artículos 50 (SLIM), 31 (rehabilitación de agresores), 35 (medidas de protección) y 46 (prohibición de conciliar)”, se lee en el documento.
Los 10 ejes para modificar la norma
La sistematización de los diversos planteamientos recibidos permite identificar los 10 principales ejes que guían la reformulación y complementación de la norma. Estos se detallan a continuación:
1. Precisión en el objeto y alcance de la ley. Las propuestas van en tres sentidos: que se incorpore en el objeto a las mujeres sin distinción, incluidas mujeres transgénero y transexuales; otras piden precisar que es para las mujeres biológicas y por opción sexual; y otras sostienen que esas formulaciones no abarcan en su protección a las parejas lesbianas.
2. Incorporación de nuevas formas de violencia y nuevos tipos penales. Se plantea la tipificación de la violencia gineco-obstétrica, la violencia cibernética o digital y la violencia étnica racial. Además de tipificar otras formas de violencia ya reconocidas en la ley.
3. Perfeccionamiento de las atribuciones y roles de la institucionalidad. El fin es garantizar la prevención, la atención y la persecución penal desde los diversos niveles del Estado.
4. Medidas de protección. Incorporar todas las medidas de protección, tanto para mujeres como para hijos e hijas en situación de riesgo, en un solo cuerpo legal y establecer la forma de aplicación y las entidades responsables de hacerlo.
5. Procedimiento especial corto y rápido. Surge la posibilidad de implementar procedimientos diferenciados según la calificación penal y el grado de sanción, a fin de mejorar el tratamiento procesal a los ilícitos asociados a las violencias.
6. Jurisdicción alternativa. Alguna propuesta explora la posibilidad de aplicarla solo para el delito de violencia intrafamiliar o doméstica (no en casos de feminicidio ni violencia agravada) y así permitir lo que se conoce como conciliación. El tema es de amplio debate.
7. Políticas públicas. Con la finalidad de aclarar y fortalecer los mandatos de la norma en las áreas de educación, salud, laboral, comunicación, tecnología, e incluso los roles de las universidades y los colegios de profesionales.
8. Financiamiento. Todas las propuestas plantean destinar mayores recursos económicos a la lucha contra la violencia; se requiere un análisis de precisión para verificar dónde se debe reforzar la asignación según las prioridades.
9. Modernización en el registro de antecedentes. La idea es contar con un registro efectivo, actualizado e interoperable, sin que se incurra en problemas legales de inconstitucionalidad ni se vulnere el debido proceso y la presunción de inocencia de los presuntos implicados.
10. Ampliación de derechos en el marco de la progresividad. Para avanzar en la progresividad de derechos de las mujeres, protegidos por convencionalidad.
Los ajustes que se realizarán a la norma son una respuesta a la ola de feminicidios y al alto índice de casos de violencia registrados en el país en los últimos años. Los asesinatos en razón de género llegan aun promedio de 100 por año, sin una reducción significativa de casos.
Mientras, la incidencia de la criminalidad en Bolivia revela que las mujeres, niñas, niños y adolescentes son el grupo de personas sistemáticamente violentadas. Por ejemplo, en 2019, el Ministerio Público recibió un total de 85.074 denuncias, de las que 36.469 (el 43%) corresponden a violencia doméstica, abuso sexual, violación y violación de infante, niño, niña o adolescente. Le siguen delitos como robo, lesiones leves y graves, hurto, estafa, homicidio y lesiones graves y gravísimas, robo agravado y otros.
Un panorama similar se produjo en 2020, cuando se reportó un total de 67.680 casos, de los que 32.969 correspondieron a violencia familiar o doméstica y abuso sexual, lo que representa el 48,7% de todas las denuncias recibidas por la Fiscalía.
Esta tendencia es una expresión de que la violencia ejercida sobre las mujeres, las niñas, niños y adolescentes es uno de los mayores problemas no solo para el sistema judicial, sino para el desarrollo integral y sostenible de la población.
Una vez que el Gobierno tenga el anteproyecto de ley redactado y revisado, deberá comenzar con la socialización del documento con las diversas entidades y organizaciones involucradas.
“El proceso de modificación que se ha venido trabajando involucra a actores fundamentales en la ruta de atención a víctimas en situación de violencia. Una vez que se defina el cronograma oficial, se comenzará con la socialización. Considerando que las propuestas han sido recogidas de las propias instituciones y si estas están conformes, creo que no va a ver mucho qué cambiar. Pero si surgen complementaciones, por supuesto que va a tardar. El fin es tener una ley muy consensuada”, declaró a la Red de Periodismo para una Vida sin Violencia, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani.
