La ministra Marianela Prada, en la conferencia de prensa del 9 de marzo (foto: ABI).
El Gobierno hace énfasis en que esta comisión no solo hará auditorías, sino que tomará acciones en diversos frentes para luchar contra la impunidad, las irregularidades, la corrupción y la debilidad institucional en la atención de esta problemática.
Por Patricia Cusicanqui Hanssen
La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Femicidio presentó el 9 de marzo los avances de su trabajo en su primer mes de funciones. En la oportunidad, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada afirmó que la misión del equipo multisectorial no se reducirá a la revisión de irregularidades o corrupción en la justicia, sino que se han trazado una ruta de trabajo en cuatro ejes, con acciones concretas en cada uno.
“Esta no es solo una Comisión de revisión de casos, sino una que toma acciones como la recaptura de feminicidas, para que las familias de las víctimas sientan al menos un poco de tranquilidad (…). Pero también se avanza en otros ejes; en total son cuatro los pilares de trabajo de los que ya tenemos resultados”, anunció la ministra.
Primer pilar
Sobre el primer pilar, referido a la revisión de irregularidades y la operación de consorcios que benefician con libertad condicional a feminicidas y violadores, Prada detalló que hasta el momento se analizan 135 casos y que se consiguió recapturar a 10 delincuentes sentenciados por delitos sexuales, feminicidio o asesinato de mujeres, niños y niñas.
Este escándalo de corrupción judicial se destapó a raíz del feminicidio de dos adolescentes de El Alto, crímenes cometidos por el feminicida y violador serial Richard Choque, beneficiado con libertad condicional pese a contar con una sentencia ejecutoriada sin derecho indulto por el asesinato de una joven de 20 años en 2013.
Una vez liberado, en 2019, Choque extorsionó, abusó y acosó a por lo menos 77 mujeres, varias de las cuales también fueron vejadas sexualmente.
Una lista de feminicidas y violadores liberados por jueces que habrían incurrido en prevaricato fue elaborada por Mujeres Creando a raíz de este y otros casos que este colectivo patrocina jurídicamente, Esta nómina fue entregada el 31 de enero al Ministerio de Gobierno tras una protesta de miles de mujeres demandando justicia y un alto a la impunidad, y se constituyó en la base de trabajo de la Comisión.
Segundo pilar
Este segundo eje de trabajo se aboca a impulsar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que hubieran incurrido en faltas y/o delitos en el cumplimiento de sus funciones. En esa línea, Prada detalló que nueve jueces están siendo procesados por su participación irregular en la liberación de reos con sentencia ejecutoriada.
Cuatro de las autoridades judiciales están aprehendidas, una recibió detención domiciliaria y las denuncias en contra de otras cuatro aún se encuentran en investigación.
Los procesos alcanzan también a “otros administradores de justica, cómplices en estos delitos en consorcio. Se procesa también a tres personas del personal de apoyo judicial y a dos abogados. Solo en el caso de Choque son 11 los aprendidos y/o procesados”, indicó la ministra.
Adelantó también que, en vista de que un proceso disciplinar contra un juez puede demorar años, se está trabajando para lograr procedimientos expeditos.
Tercer pilar
En este punto, la autoridad explicó que los miembros del Legislativo que conforman la Comisión trabajan en ajustes a la normativa vigente, con la finalidad de endurecer las penas por prevaricato y hallar la forma de que los feminicidas y violadores no se beneficien con libertad condicional.
El Código Penal, en su artículo 173 describe que una jueza o un juez incurre en el delito de prevaricato cuando, “en el ejercicio de sus funciones, dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley”, por lo que “será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”. La pena será agravada en dos tercios cuando sus determinaciones estén relacionadas con casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, conforme la normativa legal vigente.
En ese sentido, Prada anunció que se analizan modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para incrementar la pena de privación de libertad del juez o la jueza de ocho a 20 años en los casos relacionados con delitos de feminicidio, violación e infanticidio. También se están estudiando las figuras legales para “evitar que este tipo de delincuentes salgan libres de las cárceles una vez conocida su sentencia”.
Cuarto pilar
Finalmente, la Comisión trabaja en la consolidación de diversos convenios institucionales para mejorar la atención de esta problemática en vista de la debilidad institucional identificada.
“Se han detectado temas estructurales que hacen a la falta de integración de los sistemas, la ausencia de información cruzada entre las instancias que hacen seguimiento a los casos. A partir de eso hemos propiciado la interoperabilidad de los sistemas. Y gracias a un convenio entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justica, también se hará seguimiento a la ejecución de penas, esto es algo que no se hacía”, adelantó Prada.
La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Femicidio empezó a trabajar el 4 de febrero por instrucción del presidente Luis Arce. Está conformada por representantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. El plazo instituido para el desarrollo de sus funciones es de 120 días y metodológicamente se reúnen cada dos semanas.
El presidente Luis Arce, en el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer (foto: ABI).
Programas, obras y anuncios
La conferencia de prensa brindada por la ministra Prada sirvió también para que se informara sobre las políticas desarrolladas por el Gobierno para mejorar las oportunidades de desarrollo de miles de bolivianas.
La autoridad recordó que el 2022 fue declarado “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, y que el Ejecutivo desarrolla varias acciones en ese marco.
“Este ocho de marzo, el Presidente hizo algunos anuncios importantes que venimos trabajando en el marco de esa política: por ejemplo, se entregaron 776 viviendas a madres jefas de hogar, otras 457 a mujeres adultas mayores y 145 a mujeres con discapacidad”.
En cuanto a proporcionar autonomía económica a las mujeres, Prada explicó que, hasta el 28 de febrero, más de 1.185 millones de bolivianos fueron destinados en favor de 24.907 mujeres emprendedoras, a través del Banco de Desarrollo Productivo.
Sobre los proyectos que se ejecutarán a futuro detallo:
– El programa de vivienda social, que beneficiará a jefas de hogar y víctimas de violencia machista.
– El programa de autonomía económica, destinado al fortalecimiento de unidades productivas lideradas por mujeres.
– El programa de empleo para mujeres en el sector de la construcción; mediante la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) se dará prioridad a la contratación de empresas que cuenten con 50% o más mujeres en sus planillas.
– El lanzamiento del sello empresarial “Empresas seguras, libres de violencia”, para aquellas que cumplan con ciertos estándares con perspectiva de género.
Fortalecimiento de la FELCV
Finalmente, la autoridad se refirió al fortalecimiento de los servicios de la Fuerza Especial de la Lucha Contra la Violencia (FELCV), a través de un proyecto al que han denominado “FELCV Integral”.
“Comenzaremos por el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; estos serán espacios donde se dé calidad y calidez de atención a las víctimas. Estos lugares integrarán oficinas del Ministerio Público, la Policía, atención médica, juzgados, servicios municipales, consultorios de psicólogos, trabajadores sociales e incluso refugios transitorios para las víctimas”, dijo.
Las Alcaldías de estas ciudades deberán dotar de los terrenos para la construcción e implementación de estas unidades de atención integral. “Haremos los esfuerzos para que las FELCV Integrales sean una realidad en el menor tiempo posible. Esta es una lucha que nos involucra a todas y todos y debemos asumir que esto demanda un cambio estructural que atraviesa todos los ámbitos de la vida”, afirmó Prada.
