Quillacollo: bocas cerradas y pozos de agua a pedir de boca
Quillacollo: bocas cerradas y pozos de agua a pedir de boca

Quillacollo: bocas cerradas y pozos de agua a pedir de boca

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Quillacollo (Emapaq), en un expreso informe, precisó que atiende al 24 por ciento de las instalaciones domiciliarias, es decir, 8.073 de las 28.499 viviendas de la mancha urbana.

Paralelamente, más del 70 por ciento de las conexiones están bajo la tuición de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB). Las restantes son aprovisionadas por casi media docena de empresas “aguateras”, y de aguas superficiales, principalmente, en áreas rurales. A ellas se suman, desafiantes, innumerables pozos familiares, de las industrias y empresas que prescinden de toda norma.

Esta diversidad de servicios genera también un confuso escenario de conexiones. El “Informe de Sistema de gestión sostenible del agua para la ciudad de Quillacollo” de Éricka Gutiérrez Ayala, de la Universidad de Alicante (España), señala: “El Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo (PMAPA), fue creado para (…) la construcción de un sistema integral de alcantarillado sanitario en reemplazo del viejo sistema (..). La instalación de nuevas redes se empezó, pero no se finalizó y aún está paralizada, solo funciona la red antigua. Bajo las calles de Quillacollo se pueden encontrar tres redes superpuestas de agua: Emapaq, PMAPA y vecinales”.

Un “pocero”, que prefirió no identificarse, señaló que en Quillacollo existen por lo menos cuatro empresas estables. Mientras que otras, como la suya, operan con maquinaria artesanal. “Las perforaciones para las OTB, son de 6 pulgadas de diámetro y a 120 metros de profundidad, cuyo costo fluctúa de 110 y 120 dólares el metro lineal. Hay demanda, pero también dificultades para los permisos. Las OTB, tienen paso libre”, dijo.

La complejidad del acceso al agua para los vecinos quillacolleños se evidencia en un sinfín de anécdotas. Segundina Ortega Acebey, de la OTB Catavi, ubicada al noreste de Quillacollo explicó: “Somos 110 socios, con un pozo y el acceso a es de 500 dólares. El pago mensual es de un boliviano por metro cúbico. Se cerró un pozo privado”. Por su parte, Willy Rojas Cortez, del “casco viejo”, cuenta con una conexión municipal, y también con un propio pozo, asumió la perforación, por el escaso flujo del acuífero municipal. Mientras que Estefanía Lazarte Escobar, de la OTB Siglo XX, ubicada en el sur, puntualizó: “Inscritos en la OTB somos 84, tenemos un pozo y, para ser socio se paga 1.000 dólares”.

El poder vecinal

En este contexto, normalmente las dirigencias vecinales procuran las perforaciones, y habilitan y regentan las conexiones. Al haberse hecho responsables de la administración de los pozos definen también los costos de afiliación.

Sin embargo, los costos no son nada módicos. Los vecinos revelaron que las inscripciones fluctúan entre 500 y mil dólares, mientras el sistema municipal cuesta 272 bolivianos, es decir, menos de 40 dólares. El costo del consumo también presenta marcadas disparidades. Los mismos vecinos han fijado modalidades como tarifas cobradas según el registro del medidor, a costos que varían entre 1 y 2 bolivianos por metro cúbico. Mientras tanto, en el sistema municipal rige un canon fijo de 10 bolivianos que desdeña la implementación de medidores y abre la facilidad de un consumo ilimitado. Ello implica que, en promedio, las conexiones ediles permiten consumir hasta 60 veces más agua por un costo seis veces menor y para los sectores mejor acomodados.

Los costos para quienes reciben el servicio vecinal no se limitan a las tarifas. La regencia vecinal aplica multas y sanciones por incumplimientos a sus mandantes. Casi en todas las OTB se exigen también cobros adicionales, para la renovación de tuberías, reparación o adquisición de una nueva bomba y lógicamente, el servicio técnico eventual.

Consecuencia, el poder vecinal gestiona este “recurso estratégico” sin mayor regulación y sus potenciales errores y excesos pueden pasar impunes. Sin embargo, pese a los costos y variadas dificultades añadidas, aún no han logrado sumar al servicio una cualidad importante: casi toda el agua provista carece de tratamientos microbiológicos.

Agua cara y turbia

En este proceso una gran mayoría de las proveedoras relegan la depuración de sus aguas. Al fluido por tubería se adhiere normalmente, como es lógico, una variedad de microorganismos. Para evaluar la calidad de las aguas que consume Quillacollo la Alcaldía dispone de dos reparticiones de análisis químicos, dependientes también de dos instancias, y sin relación entre ellas. Sin embargo, ambas carecen de información actual, pero admitieron poseer “alguna” información, considerada confidencial, condición que, señalaron, requiere autorización previa. Frente a la complejidad del sistema es frecuente que autoridades y administradores opten por el silencio.

Sin embargo, ya existen indicios del estado del agua que se consume en esta urbe de casi 140 mil habitantes. El investigador Juan E. Cabrera de la Universidad Privada de Bolivia, en su estudio titulado la “Fragmentación urbana por medio de redes de agua: el caso de Cochabamba, Bolivia”, sostiene: “(…)Los exámenes de aguas subterráneas han podido verificar la existencia de coliformes totales, plomo, heces y otro tipo de contaminantes”. Según el informe citado al inicio de este reportaje, de los 35 pozos que administra Emapaq, “siete de ellos, reciben dosificación con pastillas de tricloro”, para evitar mayores daños a la salud.

Así, el municipio de Quillacollo prácticamente se halla acribillado de pozos de agua, sin coraza sanitaria, sin apropiada regulación de consumo. Mientras tanto, los grifos resultan manipulados con plena autonomía por los dirigentes vecinales, quienes manejan fluidamente un caudal económico, muy potable, y bajo el riesgo de que tengan destinos poco cristalinos.

Texto y fotos: Johnny Fernández Rojas

 

Este reportaje fue realizado en el marco del curso “Derecho humano al agua, saneamiento y periodismo”, promovido por la Fundación Para el Periodismo, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unión Europea.