Un vendedor deja la nobel urbanización de la Florida luego ofrecer con su megáfono pescado “sábalo fresco” de la lejana Villamontes (a más de 1.000 kilómetros al sur), y parte en su motocicleta. Son las ocho de la mañana del domingo 26 de septiembre en este poblado, ubicado en la comunidad Aco Aco, municipio de Machacamarca, al borde de la carretera que comunica la región con la ciudad de Huanuni. Todo un cambio en un lugar donde las abuelas y bisabuelas aún narran la época en que se podía pescar pejerreyes en la subcuenca Pairumani, cuando la contaminación minera del ingenio Santa Fe no era demasiado letal.
La región es agrícola y subsiste gracias a los sistemas de riego por tubería de plástico, fierro o las canaletas rusticas hechas de piedra que rescatan las aguas desde los cerros donde existen vertientes que emergen de los ‘ojitos’ de agua. El propósito es evitar que se desperdicien terminando en las aguas ácidas que arrastra el Pairumani a lo largo de 7 kilómetros.
El rescate de las aguas que ‘brotan’ desde los cerros o descienden cuando existe lluvia se lo realiza aprovechando la gravedad mediante canaletas rústicas, tuberías de plástico y las viejas tuberías de fierro entre ambos cerros para que el líquido elemento aporte al sistema de riego.
Solamente en la población de Pairumani donde se encuentra el viejo ingenio se encuentran cinco ojos de agua, de los cuales, dos son aprovechados para el sembradío.
“De manera natural no se puede porque baja a la corriente y se cambia (…) para recuperar más necesitamos inversión, bombas, tuberías, cañerías que nos sirvan a nosotros, la agricultura como también a los animales”, sostuvo Rebeca Cruz Daga, Secretaria General de la comunidad de Aco Aco.
Ese mismo día, una noticia publicada en la página cuatro del periódico La Patria de Oruro decía: “Cooperativistas de ‘Santa Fe R.L.’ piden apoyo para el bombeo de aguas”, narrando las dificultades que surgieron para explotar la mina debido a la inundación. Santa Fe extrae complejos de plomo, plata y zinc y está ubicada en el municipio de Huanuni en un yacimiento arrendado por la Corporación Minería de Bolivia. Su presidente, Rolando Gutiérrez Mamani, considera como solución que se aumente el sistema de evacuación de las aguas ácidas de los actuales 40 litros por segundo a, al menos, 100 litros por segundo”.
De conseguir su propósito, la evacuación del líquido, ante la carencia de un dique de colas o una planta de tratamiento, aumentará el caudal de la contaminación en el río Pairumani. Esta intención amenaza con afectar los cercanos ojos de agua de la subcuenca y erosionar los suelos aptos para el cultivo de haba, maíz, arveja y papa en las comunidades de Machacamarca.
Santa Fé no es la única mina que evacúa directamente sus aguas ácidas. También contaminan el líquido vital las operaciones de Morococala y Japo. Ambas son también administradas por cooperativas que precisan ingresar a las galerías más profundas para extraer los minerales complejos.
La actividad es intensa porque la subida del precio de los minerales, en especial el estaño, impulsa a los operadores mineros a retomar sus actividades después del “párate” de la pandemia Covid-19.
Las víctimas no reciben regalías
Las tres operaciones mineras se encuentran en la jurisdicción del municipio de Huanuni que recibe el 15 por ciento de las regalías mineras como “compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables.”, de acuerdo a los boletines del Ministerio de Minería y Metalurgia. El restante 85 por ciento se destina a las arcas de la Gobernación, entidad que debe destinar el 11,7 por ciento prospección y exploración minera.
Aco Aco, como comunidad de Machacamarca, donde no hay explotación minera, no tiene el derecho de recibir regalías y su población debe remitirse a mirar cruzar el cauce del río contaminado. Las comunidades de Machamarca, como terceros afectados de la contaminación no reciben recursos de las regalías mineras de las operaciones que funcionan en Huanuni. Por ello no se pueden formular proyectos de mitigación ambiental.
Según informes del Servicio Nacional del Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), hasta el primer semestre del 2021, Huanuni recibió 3,64 millones de bolivianos y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro recaudó 20,62 millones de bolivianos, como producto de la explotación de estaño, zinc, plata y plomo.
Se desconoce la reinversión que se realiza con los montos recaudados que deben destinarse a exploración y prospección minera. Pero hasta la fecha no existen acciones de remediación ambiental.
Durante la campaña para las elecciones generales 2020, al entonces candidato presidencial Luis Arce Catacora, en una entrevista con radio Pio XII, le consultaron si parte del dinero de la regalía minera se podría utilizar para la remediación ambiental.
“Sí se quiere revertir de las regalías, hay que cobrarles a los gobiernos departamentales, a los municipios que reciben la regalía minera. En eso no veo ningún problema en esa propuesta para cumplir la normativa y de pronto solucionar los problemas que hemos visto. Hemos recorrido Potosí, Oruro, y hemos visto que muchos ríos están altamente contaminados”, sostuvo el actual Presidente boliviano.
Una propuesta de solución
El analista en temas mineros, exsenador por Oruro y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Carlos Sandy, señala al respecto: “Son las empresas (operadores mineros) quienes tienen que remediar, pero tienen que remediar no cargando al costo del producto para que pague la población, sino al costo de la ganancia que genera la propia empresa. ¿Quién controla esto?, nadie. Y el costo de la remediación se lo cargan a la población”.
Sandy asegura que es necesario considerar un mecanismo para que la remediación sea aplicable según el contexto del operador. Esto debido a que en Oruro existen cooperativistas mineras y mineros chicos cuyas rentas son pequeñas en relación a los grandes operadores mineros.
“Debería haber una compensación diferente a los municipios donde no está operando la empresa, no con nombre de regalía, sino con una compensación diferente. Hay que poner todo esto un poco en orden porque como se dice la contaminación está saliendo por esos municipios que no están con empresas y no tienen ingresos”, manifestó.
En recientes movilizaciones, las comunidades afiliadas a la Coordinadora de Defensa del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Popó (Coridup) solicitaron que se regule la actividad minera como se lo hace en Perú. En ese país las empresas deben desarrollar trabajos integrales de responsabilidad social, además de la remediación ambiental.
“En nuestra Constitución se establece que tienen prestar una solidaridad social. En el Perú es mucho más drástico este tema porque se fijan puntos importantes para que contribuyan a la comunidad (…) Esa consulta previa está predeterminada a ciertos requisitos, por ejemplo, si los trabajadores fueran de Sabaya, según cuánto dé a Sabaya, tanto se quedará aquí. Y en esa consulta previa debe hacerse todo un compromiso y así se soluciona. Por eso es tan complicado lo de Bolivia y por eso no existen inversiones mineras”, explicó Sandy.
En agosto de 2021, en la inauguración de la Cumbre Minera Departamental realizada en la Facultad Nacional de Ingeniería, el Gobernador de Oruro, Johnny Vedia Rodríguez, señaló la necesidad de que los recursos generados por la minería lleguen a la población de forma directa.
“Pero algo debemos estar haciendo mal. Yo soy de Huanuni y a la fecha en mi municipio no hay alcantarillado, ni siquiera el agua que es esencial para todas las viviendas, no hay el embovedado para el río y esta figura se repite en la mina San José, Machacamarca, Pazña, Antequera, Bolívar y en todos los distritos mineros de nuestro departamento. Contradice que Oruro siempre haya sido el puntal para defender la democracia y el progreso, desarrollo del país, algo debemos estar haciendo mal”, dijo.
Por su lado, el sector de cooperativistas mineros se muestra susceptible cuando se habla de remediación ambiental. Inclusive en abril se manifestaron en contra de la promulgación del proyecto de Ley del Defensor de la Madre Tierra, propuesto por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce.
En un voto resolutivo aprobado el 19 de abril, los cooperativistas rechazaron la medida. Ahí señalan: “atenta contra la actividad minera y exigimos una ley de consenso y en base a la realidad y apoyo también a la clase productiva”.
El sector opera de forma artesanal en los yacimientos arrendados por la Corporación Minera Bolivia y aglutina a miles de socios mineros. Pocos datos se tiene del aporte a la región, pero no están en condiciones de aplicar proyectos grandes de remediación ambiental. Por ello, siempre estuvieron gestionando proyectos en los desaparecidos programas “Apoyo al Desarrollo Económico Sostenible en Áreas Mineras empobrecidas del Occidente de Bolivia (Apemin) I y II, financiados por la Unión Europea.
Inmigración hacia la carretera
Por varias de todas las anteriores causas “La Florida” es el nuevo poblado urbanizado desde 2015, ahí junto a la carretera que conecta con Huanuni. Es parte de la comunidad de Aco Aco que lleva su nombre por el sonido que surge cuando se abre la bolsa del haba. La especie de planta herbácea cultivada desde tiempos inmemoriales sigue siendo la base económica de producción donde en los últimos años se sumaron el maíz y quinua.
Su llegada al borde de la carretera constituye el segundo traslado que realizan, puesto que antes la comunidad se encontraba cerca del río donde hoy solamente han quedado las ruinas de la exhacienda, la antigua Iglesia, las casas y la escuelita.
La Florida se encuentra ubicada cerca del límite con el municipio de Huanuni, al este de donde se realiza la operación minera de la Empresa Minera Huanuni que dejó infértil la sub cuenca San Juan de Sora Sora producto de las aguas negras como la muerte y pestilentes por el fuerte olor de copajira.
Los comunarios se trasladaron a la zona de la carretera por la inestabilidad del terreno en la población de Aco Aco donde aumentó el peligro de los hundimientos de terreno.
El nuevo poblado ya tiene listo el espacio para la plaza, graderías para los desfiles y, en la parte posterior, una piedra que simboliza a la llama propia de la cultural “Sura”. Hay cerca de medio centenar de construcciones de vivienda, pero carecen de agua potable para consumo humano y los pobladores subsisten con agua de riego.
Texto y fotos: Etzhel A. Llanque Ferrufino
Este reportaje fue realizado en el marco del curso “Derecho humano al agua, saneamiento y periodismo”, promovido por la Fundación Para el Periodismo, con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unión Europea.
