Foto: By Dennis Jarvis from Halifax, Canada – Bolivia-26 – Bolivian Women, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66954519

Doblemente víctimas

El cruel proceso de una denuncia 

Claudia Quenallata Mamani

Es casi medianoche y está haciendo mucho frio en la avenida principal de Vino Tinto, zona norte de la ciudad de La Paz. Sólo se oye el rechinar de las ultimas movilidades de la jornada, un domingo. Mientras pasan los minutos el frio se sume más y más en el cuerpo de Ximena, 27 años, recostada en su cama al lado de su bebé de 9 meses que duerme profundamente. Ximena, aún despierta, espera a Luis, su esposo, quien no llega después de haber salido a jugar futbol a la Cancha Litoral.

Una soñolienta Ximena oye a lo lejos los estruendos de su esposo, ebrio, que se acercan desde la calle; temerosa, oye las llaves de la puerta principal. Ahora Luis la busca a gritos: “¿Dónde te has metido!”; entra al dormitorio, la agarra del cabello, la arrastra por el suelo y revienta sus botas en las costillas de la mujer que juró amar y respetar, las hunde en el mismo vientre que parió a su hija; irritado por el llanto descontrolado de la bebé, ahora despierta, Luis se retira a dormir. Ximena yace en piso, lacerada, ensangrientada, sola.

Recibir golpes cada vez que Luis llega borracho se volvió normal hace demasiado tiempo, para Ximena. Pero hoy no llama a su hermana, su único apoyo cuando comenzó el maltrato, hoy contempla a su bebé en silencio, piensa, se arma de coraje, la abriga y sale corriendo hacia la calle Loayza y Potosí.

En los predios de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) es recibida por el tono antipático de la Subteniente Mamani, por la intimidante explicación que una denuncia sólo impidiría que el esposo encuentre trabajo y que mantenga a su hija. 

Las constantes golpizas, los ultrajes cotidianos, un intento de aborto a son de patadas por haber concebido a una primogénita mujer, la bebé que carga en los brazos… esa noche los consejos de la policía llegan a oídos sordos, o cansados. Ximena denuncia al esposo.

“¿Y de la nada te pega?” “Sí, sólo es por la niña y cuando llora él le pega a ella” “Huy, no señora… Bueno, te registraré. Ahora no está el psicólogo, ¿mañana temprano puedes volver?” “No, ahora me quedaré a esperar, ¡por favor! Porque a mi casa ya no puedo regresar”, dice Ximena llorando. “El médico también tiene que verte y justo pidió vacaciones, pero el de turno vendrá mañana también.”

Ximena pasa la noche en la FELCV. Al día siguiente le piden que compre hojas y un folder para abrir su caso: en la FELCV no cuentan con material de escritorio, cada víctima para sentar denuncia debe traerse sus hojitas blancas. Llega la médico forense y le hace el examen correspondiente, a pesar de que Ximena no entiende los términos médicos con los que la están evaluando.

Han pasado varios meses desde esa noche de sangre y valentía. La denuncia está puesta. Ximena ha estado viviendo donde su hermana y recibiendo amenazas por parte de la familia de Luis. Recuerda que debe ir a la FELCV para hacer seguimiento; se encuentra con la oficial que abrió la carpeta de denuncia y es derivada al juzgado que está tratando su caso. Camino a la Fiscalía Distrital de La Paz, Ximena tiene la fe de encontrar solución a sus problemas, de tener una sentencia justa en contra de su atracador, de que estaa pesadilla se acabe antes del poco dinero que le queda. La Subteniente Mamani no acertó: entre la denuncia y su seguimiento, fue ella quien no logró más encontrar un trabajo seguro.

Más tarde, la juez que está viendo su caso le indicará que tiene “muchos otros casos que atender y que más seguro estará al año no más”. Descorazonada, Ximena se dará la vuelta, llorará sin saber qué hacer, sin dinero, sola y se preguntará cómo logrará criar a su hija.

Violencia hacia las mujeres

En Bolivia, los datos de la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres (EPCVcM) del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que el 74,7% de las mujeres casadas o en unión libre, de 15 o más años de edad, sufren o han sufrido situaciones de violencia en su relación de pareja.

Desde marzo de 2013 las mujeres bolivianas tienen una ley que las ampara: la 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Así, el Estado Plurinacional asume el compromiso de proteger a las mujeres, sancionando 16 tipos diferente de violencia, como la física, la psicológica, la económica y la sexual. Además, su artículo 42 dictamina que la mujer víctima de violencia puede encotrar amparo para denunciar a su agresor en la Policía Boliviana, en el Ministerio Público, en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y, si es menor de edad, en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Revictimización de las mujeres

Según el psicólogo Raúl Sánchez, abogado especializado en política criminal y docente de la Universidad del Rosario, la “revictimización”, “victimización secundaria” o “doble victimización” es el proceso mediante el cual se inflige a la víctima un sufrimiento añadido a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido. Culpables: instituciones, profesionales encargados de prestar atención a la víctima (ya sea de malos tratos, violencia de género, secuestros, abusos sexuales, etc.), jueces, policías, abogados, entre muchos otros.

“La victima va devastada, anímica y traumada por la situación que está pasando y las mismas policías mujeres te empiezan a calificar sobre lo que hiciste, que te lo merecías, y te dan un trato de no ponerse en tus zapatos. Si es violencia psicológica no te harán caso, ya que solo avanzan hasta el psicólogo”, indica Katherine Trujillo, comunicadora social feminista.

“Mi expareja me acosa desde que rompimos, desde ahí que me llama de teléfonos fijos porque ya su número no contesto, en el whatsapp lo he bloqueado y sus llamadas también, pero de otro números de celulares me llama diciendo que volvamos. No le hecho caso, hasta que un día fui a denunciarlo para que me deje en paz porque ya tuve problema y la Policía no me ha dado importancia porque me ven joven y me dijeron que mi caso está aceptado como denuncia, a pesar que yo llevé impresos todos los mensaje de texto que me mandó, las llamadas y todo. Tenía bastantes respaldos pero me dijeron: ‘Anda a la Fiscalía’, y yo fui a la Fiscalía, donde dijeron que no tendría sentencia ese caso”, dice Gloria, estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Ante esto, muchas de las observaciones finales y opiniones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en virtud del Protocolo Facultativo de la CEDAW, demuestran que las normas probatorias y de procedimiento son discriminatorias y existe una falta de diligencia debida en la prevención, investigación, enjuiciamiento, castigo y provisión de recursos por violaciones de los derechos de la mujer que dan por resultado el desacato de las obligaciones para asegurar que la mujer tenga igualdad de acceso a la justicia. 

La burocracia retarda la justicia 

“La falta de sensibilidad de las autoridades y de conocimiento respecto al tema de la violencia, porque lo primero que hacen es juzgarte como mujer y te dicen: ‘Seguro te has hecho pegar porque has hecho algo malo’…”, señala Noelia Rendón, activista feminista.

En las pequeñas oficinas verdes y frías que caracterizan a la FELCV, la Subteniente Mamani declara: “Hay veces, en estado de ebriedad vienen las personas, violentas, que ese rato quieren que le hagamos escarmentar a su esposo, eso no dice la Ley No. 348, nosotros les informamos a las señoras que va tardar, luego que no es rápido pero ellas vienen todas ansiosas. Jovencitas de 15 a 20 años nos discuten, nos amenazan diciendo que van a venir con los medios de comunicación indicando que no cumplimos nuestro trabajo”.

Trujillo señala también que en las instituciones públicas donde las victimas van a sentar la denuncia existe burocracia y corrupción: “Aparte que las víctimas de violencia están anímicamente mal, tienes a la familia de tu agresor insultándote, molestándote. Detrás de la abogada igual tienes que estar pendiente y si no tienes dinero es un tema burocrático perverso y antes de vivir eso prefieres evitarlo y vuelves con tu abusador”.

Una solución fulminante 

La Convención Belem do Pará, ratificada por Bolivia y aplicada mediante la Ley No. 1599 del 18 de octubre de 1994, establece como deber de los Estados actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Con este fin, los operadores de justicia deberían evitar la revictimización, especialidad personal, valoración de riesgo y efectividad de medidas de protección, gratuidad del servicio, servicios multidisciplinarios, además de otorgar información clara, veraz y oportuna, auxilio inmediato, seguimiento y acompañamiento, inmediatez en la atención y trato digno.

Ante esta situación, es necesario construir los perfiles ideales de investigadores, fiscales y jueces para diseñar un programa de especialización, con base en las necesidades de las víctimas.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa debería fiscalizar y controlar los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia para que no exista retardación de justicia y revictimización, y se considere la especialización del personal.