Entrevista a Martín Becerra
–¿Qué es el acceso a la información pública?
– El acceso a la información pública forma parte del derecho a la libertad de expresión. Es también un derecho humano. Cuando digo que forma parte es porque integra, básicamente, las actividades de recibir información que, junto con difundir e investigar, conforman la base del derecho a la libertad de expresión. Entonces, se relaciona con un derecho que tiene toda ciudadana y todo ciudadano, pero además se relaciona con la existencia misma de la democracia en una sociedad, porque una sociedad sin acceso a la información pública es una sociedad que está privada de una parte central de los datos y de las informaciones con las que la ciudadanía debe tomar decisiones sobre su vida cotidiana de acceso a salud, educación y también derechos políticos. Así es que por eso es que creemos que es tan importante el ejercicio de este derecho.
– El derecho al acceso a la información pública no sólo es una cuestión que tiene que ver con los periodistas o la prensa ¿cuál es el alcance?
– Por supuesto, el titular del derecho al acceso a la información pública es todo ciudadano y toda ciudadana. Es decir que no hay, en este sentido, una prerrogativa de ningún sector de la sociedad o de ningún sector profesional. Aunque, obviamente, los y las periodistas, al ser la profesión que se encarga industrialmente y de manera sistematizada de producir y difundir información en la sociedad, suelen ser el actor social y profesional que más ejerce el derecho a la información pública. Pero la titularidad de este derecho corresponde a toda persona.
– ¿Por qué es tan importante ejercer este derecho?
– Vamos a decir que disminuye la discrecionalidad de la administración de la cosa pública, disminuye la discrecionalidad de los gobiernos, de los funcionarios públicos. También es cierto que el derecho de acceso a la información pública es una suerte de defensa contra el oscurantismo, contra esta inercia que tienen algunos funcionarios de algunos gobiernos, tanto locales, nacionales o departamentales, de considerar que los datos y la información que produce el Gobierno o el área de gobierno donde ellos se desempeñan son datos propios. Hacen un ejercicio, vamos a decir de patrimonialidad, con los datos que son públicos y ocultan esos datos a la ciudadanía. Entonces, para prevenir el oscurantismo, para garantizar la transparencia, para mejorar la participación de la ciudadanía en una sociedad democrática, es que el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental.
-¿Cuál es la relación del derecho a la información y el trabajo de la prensa?
-Justamente, los periodistas son quienes tratan profesionalmente la información. En muchos casos consultan fuentes, producen, editan, difunden información y datos y, en ese sentido, son un actor, vamos a decir fundamental, porque están en el lugar central de abastecimiento de información y de datos y de noticias a la ciudadanía. Entonces, en muchos casos operan como mediadores entre la información que el Estado recaba, produce y atesora y procesa, y la ciudadanía que necesita acceder a esa información para ejercer sus derechos.
– En la región latinoamericana, Bolivia y Surinam no tienen una Ley de Acceso a la Información. ¿Cómo ve este panorama?
– Bolivia tiene, efectivamente, un marco constitucional que reconoce explícitamente el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas de los gobiernos, de las administraciones públicas. Tiene decretos supremos firmados por el expresidente Carlos Mesa y por el expresidente Evo Morales, que, en un caso, habla de derecho de acceso a la información pública. En otro caso habla de transparencia y de apertura de los datos de la administración pública para la ciudadanía de Bolivia. Entonces, en términos generales, diría que las normas vigentes en Bolivia tienden formalmente a reconocer el derecho de acceso a la información pública. No obstante lo cual es cierto que Bolivia carece de una ley de acceso a la información pública sancionada por el Congreso, como sí tiene casi todo el resto de América del Sur. Entonces, si en nuestro subcontinente sudamericano casi todos los países, con excepción de Bolivia y de Surinam, tienen leyes de acceso a la información pública, creo que, y dado que la Constitución Política del Estado de Bolivia también reconoce este derecho y que hay decretos de expresidentes que también lo hacen, creo que es importante dar un paso más para que la legitimidad de ese derecho esté reconocida por una ley.
– Seis talleres en país. ¿Cuál es el contenido con el que hemos abordado la importancia del ejercicio del acceso a la información?
– En general, nuestro taller ha tratado de poner en común los estándares que rigen en muchos países del mundo, en muchos países del continente americano, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene en relación con el derecho de acceso a la información pública como derecho humano. Hemos visto casos que ha dirigido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o experiencias de sanción de la ley de creación de organismos con márgenes de autonomía importante respecto de sus gobiernos en otros países de nuestra región. Entonces compartimos experiencias, evaluamos estándares, reflexionamos sobre la realidad boliviana y además damos algunas herramientas para ejercer el derecho de acceso a la información pública, porque, desafortunadamente, hay periodistas que no conocen o que no practican el ejercicio de este derecho. Algunas y algunos de ellos lo que señalan es que en verdad sienten que no es muy productivo el ejercicio de este derecho, pues hay marcos de discrecionalidad no solamente en el Poder Ejecutivo, también en el Legislativo y en el Poder Judicial. Pero también hemos visto en talleres en Tarija, en Sucre y en La Paz, experiencias muy virtuosas de ejercicio del derecho, experiencias laboriosas de periodistas de investigación, quienes han ejercido el derecho de acceso a la información pública, han realizado solicitudes. En algunos casos, las solicitudes fueron satisfechas por los organismos a los que se las pidieron. En otros casos no, pero apelaron a instancias administrativas, a la Defensoría del Pueblo, al Poder Judicial y han tenido resultados muy positivos, que además fueron, yo diría, la sustancia de investigaciones periodísticas de gran valor.
– Hasta el momento, el taller ha pasado por tres ciudades. ¿Ha encontrado algunas dificultades en común en la prensa?
– Sí, muchas y muchos colegas periodistas señalan como dificultad el hecho de que cuando han solicitado pedidos de acceso a la información pública, cuando piden hablar con alguna fuente en alguno de los poderes del Estado, no siempre encuentran respuestas satisfactorias. Es un problema común que ellos manifiestan. El hecho de que hay organismos estatales que tienen áreas de comunicación institucional que, en lugar de facilitar el acceso a la información pública, lo que hacen es obstaculizarlo, digamos obstruir, entonces ahí hay dificultades comunes. Por eso creo que es necesario este debate. Sería ideal que este debate desembocara también en algún tipo de toma de decisiones por parte de los gremios periodísticos, del conjunto del mundo de los medios. Porque, como decíamos antes, los periodistas, las periodistas son especiales interesadas e interesados por su desempeño profesional en que este derecho se consagre y se practique de manera cotidiana.
-¿Qué propuestas a encontrado para ejercer el periodismo y el derecho de acceso a la información?
– Sí, han habido propuestas superinteresantes de colegas de distintas ciudades. Una de ellas, por ejemplo, consiste en motivar a un conjunto de periodistas de todo el territorio de Bolivia para presentar, durante X tiempo, podríamos decir tres meses, seis meses, pedidos de acceso a la información pública con una base de datos común, tanto en los casos en que reciban respuesta favorables, como también de cuáles son las excusas y los pretextos más comunes que ponen los funcionarios públicos que se resisten a brindar a la ciudadanía la información y los datos que estos funcionarios producen con los recursos de la propia ciudadanía. Me parece una propuesta interesante, porque registrar públicamente quiénes son los obstaculizadores o los obstáculos de los pedidos de acceso, también le presenta a la ciudadanía una información o una noticia que probablemente hoy no tenga sistematizada respecto del desempeño de los funcionarios que deberían ser servidores públicos.
– Los periodistas decían que lo primero que hacen es acudir a la Jefatura de Prensa o a la Dirección de Comunicación. ¿Qué se podría hacer? ¿Tal vez hacer una campaña de socialización, de democratización de lo que es el derecho de acceso a la información a nivel de los funcionarios públicos?
– Creo que eso sería muy positivo. Efectivamente, una campaña de concientización, sobre todo porque, por lo que cuentan muchas colegas y muchos colegas periodistas, en el funcionariado del Estado no siempre hay conocimiento incluso de artículos de la Constitución Política del Estado o de los decretos supremos vigentes al día de hoy. Entonces, por un lado, pienso que una labor pedagógica, digamos con ese funcionariado sería importante, pero también creo que es importante hacer lo que hace la Fundación para el Periodismo, una labor pedagógica entre los propios periodistas, muchos de los cuales tampoco conocen el derecho de acceso a la información pública.
– En los talleres se habló de la posibilidad de promover una ley de acceso a la información. ¿Esa ley debe venir desde los periodistas? ¿Cuáles son los elementos principales que debería de tener?
– Yo diría que todo ciudadano y toda ciudadana puede estar interesado en una ley de acceso a la información pública. Pero, efectivamente, por lo que decíamos antes, el estamento periodístico tiene por su desempeño profesional mayor interés y vocación. Por lo tanto, sí es muy probable que sean los y las periodistas quienes más activamente puedan estar comprometidos con el impulso de una ley de acceso a la información pública y los contenidos de esa posible norma. Creo que sería bueno que se inspiren en una ley modelo que tiene la Organización de Estados Americanos (OEA), que es actual, detallada, que presenta una gama de opciones para los distintos países que regulan legalmente el acceso a la información pública y, por lo tanto, dependerá del temperamento de las y los legisladores de Bolivia, pues, digamos, elegir dentro de ese marco de opciones válidas. Lo que es importante siempre como principio es que el acceso en toda ley tiene que ser la norma, no la excepción. O sea, no puede haber una cantidad de excepciones o limitaciones al acceso a la información pública dispuestas por ley mayores que el derecho de acceso o las aperturas que permite la ley. Es importante que sea una ley en este sentido, que sea progresista en el sentido de que haga progresar el ejercicio de ese derecho. También creo que es importante que haya un organismo con márgenes de autonomía garantizado respecto del Poder Ejecutivo de turno, sea del partido que sea el gobierno de turno, para que este organismo pueda canalizar los pedidos de la ciudadanía de acceso a la información pública y que no dependa la provisión de esa información de la discrecionalidad del funcionario a cargo de un área y que, eventualmente, si hay una discrecionalidad, que ese funcionario o esa funcionaria sea sancionado por retrasar, por privar a la ciudadanía del acceso a esa información. Tiene que haber un principio de máxima transparencia por parte del Estado. El Estado tiene que producir y colocar públicamente desde la Ley de Presupuesto en adelante, digo la Ley de Presupuesto porque suele organizar el cálculo de gastos y recursos que tiene el Estado en un año determinado. Es una ley madre de otras leyes. Pero digo un grado máximo de apertura, de máxima divulgación, de máxima publicidad. Estos son algunos de los principios que tiene esta ley modelo que menciono de la Organización de Estados Americanos, que es muy positiva.
– Bolivia tiene una situación complicada con los medios de comunicación, con el acceso a la información, sobre todo con las instituciones públicas. ¿Cree que es importante el contexto?
– El contexto político y social siempre es importante. Bolivia es un país que tiene una marcada polarización política y social, igual que muchos otros países latinoamericanos, igual que Brasil, igual que la Argentina, igual que Chile, igual que Colombia. En fin, no es el único país polarizado, pero en otros países con altos grados de polarización, por ejemplo en la Argentina, que es el país donde yo vivo, se avanzó en la sanción de una ley, incluso en un contexto político marcadamente polarizado. Es decir, en Argentina, igual que aquí, tanto la política como los medios de comunicación, como muchas y muchos periodistas y el resto de la comunidad suele tener. En general, uno está en columnas o de un lado o del otro y no resigna ningún tipo de matiz al bando o a la vereda adversaria o contraria. En ese contexto, en la Argentina se han sancionado leyes muy importantes, entre otras, la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces me parece que hay que tener en cuenta el contexto, pero también hay que tener en cuenta si hay actores sociales y profesionales comprometidos con el ejercicio de este derecho, pues creo que la presión sobre el Poder Legislativo y eventualmente también sobre el Poder Ejecutivo para que se sancione una ley va a ser mejor.
– ¿Cómo sería una estrategias para viabilizar un debate también a nivel de la sociedad civil, pero también a nivel del Parlamento?
– Creo que con los legisladores y legisladoras hay que ir hablando, por supuesto, de todos los partidos políticos, pero insisto en que tiene que haber una sociedad civil organizada y un estamento profesional periodístico organizado que defienda y que esté comprometido con este debate, porque al depender sólo de la voluntad de los legisladores en un contexto de alta polarización puede hacer fracasar el intento de regular una ley. En cambio, si como ha ocurrido y ocurre, me consta con leyes que sanciona, se sancionan en Bolivia, si hay actores sociales que sí están comprometidos, la presión sobre los legisladores es distinta. Me parece que ésa es la clave de una sociedad democrática. La participación de la sociedad impulsa cambios legales. Cuando estos cambios legales son definidos de arriba abajo y no de abajo arriba, su legitimidad, su confianza ciudadana puede resentirse finalmente.
– Como parte de esos contextos que ha visto en las tres ciudades, ¿qué consejo da a los periodistas o a los medios para seguir trabajando en esta área?
– Con mucha humildad, porque yo no soy boliviano y no estoy completamente compenetrado con la realidad de Bolivia, pero yo creo que estamos en un momento muy difícil del ejercicio del periodismo por la precarización tanto de las condiciones laborales como también de la economía de los medios de comunicación como sector industrial. En el marco de esas dificultades, creo que es más imperioso que nunca el acuerdo, el debate, la reunión con colegas. Y creo que éste es un muy buen tema de articulación y armonización con colegas. Creo que la salvación va en este sentido. Aunque sé que el espíritu de época impulsa el individualismo, creo que la salvación no es individual. En un momento difícil, la salvación, si es que la hay, tiene más que ver con armar redes, sostener solidaridades, escuchar a los otros. Y de ahí salen las mejores ideas. En estos talleres salieron muy buenas ideas haciendo eso, generando redes.
