Comisión de la Verdad, la ley que nació muerta

La Comisión de la Verdad fue creada para esclarecer los crímenes de las dictaduras y ayudar a las víctimas en las tareas de recuperación de la memoria y de reconocimiento del sufrimiento. Sin embargo, un manto de escepticismo cubre su trabajo. 

Daniela Romero Linares

“Hemos confiado en la Comisión de la Verdad, hemos confiado en esta Ley 879, por eso queremos que en el plazo establecido su informe cumpla con lo que manda la Constitución Política del Estado y las víctimas de las dictaduras tengamos una reparación integral”, dice Julio Llanos, uno de los representantes de este sector, sentado en una oficina improvisada que montó en pleno Prado paceño.

Hace más de seis años los afectados por los gobiernos de facto armaron carpas justo al frente del Ministerio de Justicia para exigir al Gobierno un resarcimiento integral. En todo ese tiempo pidieron reuniones con las autoridades, quienes poco o nada hicieron para escucharlos.

Como una esperanza, en diciembre de 2016 nació la Comisión de la Verdad, una instancia cuyo objetivo es investigar todas las violaciones graves de derechos humanos ocurridos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.

Sin embargo, las investigaciones y conclusiones a las que esta Comisión arribe no serán vinculantes, sino simplemente sugerencias para que las autoridades las tomen en cuenta o no. “Recomendar el diseño de políticas públicas de prevención y no repetición de violaciones graves de derechos humanos y las medidas de satisfacción a las víctimas”, señala el inciso d) del artículo 2 de la Ley No. 879.

Aunque, contradictoriamente, en la presentación de la norma se establece: “Esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidos como violaciones graves de derechos humanos fundados en motivos políticos e ideológicos…”.

Son contradicciones como ésta las que generan críticas e incertidumbre sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad. El analista político Carlos Cordero considera que la Comisión es poco o nada creíble. “Sus integrantes estuvieron vinculados de una u otra manera con el gobierno de Evo Morales. Una Comisión de la Verdad debería ser plural e independiente del poder de turno, una comisión de personalidades intachables que goce de la confianza ciudadana y que se convierta en la voz y la memoria de quienes reclamaron justicia en su momento”, afirma.

Desde un principio integraron la Comisión la exministra de Salud, Nila Heredia, quien preside la misma; el exdirigente sindical, Édgar “Huracán” Ramírez; el abogado y exasesor del presidente Evo Morales, Eusebio Gironda; la activista Isabel Viscarra y el exdirigente campesino Teodoro Barrientos. La norma establece que los mismos no percibirán salario por su trabajo.

Pero las críticas van más allá. Los integrantes de la Comisión de la Verdad fueron  acusados de ser partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin ir lejos, Gironda fue acusado de tramitar el certificado de nacimiento del hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata, en uno de los escándalos que causó remezón en Bolivia. En mayo de 2018, Gironda renunció a la Comisión de la Verdad alegando “motivos personales”.

“Esta comisión es un grupo de personas afines al MAS y a Evo Morales, cuya conformación y actividades desarrolladas no tienen el reconocimiento mayoritario de la ciudadanía, sino de los gobernantes que los seleccionaron”, asegura Cordero.

Frente a las críticas, “Huracán” Ramírez negó que su trabajo se enmarque en objetivos o estrategias políticas del gobierno. Explicó que la tarea fundamental que tiene la Comisión de la Verdad es investigar y obtener indicios de responsabilidades de los hechos de dictadura desde 1964 hasta 1982.

Bolivia vivió gobiernos militares entre 1964 y 1982. Esta etapa de la historia del país es calificada como la más oscura porque trajo consigo violencia extrema, exilio de miles de bolivianos, represión y muerte de compatriotas y la desaparición de muchas personas que no pensaban igual que los gobernantes de facto. Con todas estas acciones violentas, los derechos humanos de la población quedaron desguarnecidos. Las secuelas son irreparables hasta la fecha.

En mayo de 2018, el Ministerio de Justicia entregó a la Comisión 6.177 expedientes de víctimas de violencia política para que sean analizados y contribuyan a las investigaciones y al esclarecimiento de la verdad. La entrega de cientos de cajas de documentos fue para el gobierno una muestra de independencia institucional para con la Comisión.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, consideró importante el análisis de esos expedientes, pues tienen carpetas de las solicitudes presentadas por las víctimas de las dictaduras. Aseguró aquella vez que cada carpeta contiene los respaldos documentados y que es tuición de la Comisión de la Verdad tener acceso a esas cajas;  sin embargo, esta actitud trajo críticas. Las víctimas de las dictaduras reclamaron el hecho de que recién después de un año de establecerse la Comisión de la Verdad se haya entregado los expedientes que necesitan un análisis profundo.

Asimismo, un grupo de víctimas envió una carta a la comisión para denunciar discriminación. “Elevo mi más airada protesta por la discriminación que sufrimos en vida las víctimas de las dictaduras militares, los que se instauraron  por la democracia… Usted señora Heredia fue víctima de la violencia política, póngase en nuestro lugar, llenos (como estamos) de desilusiones e ingratitudes hechas por el actual gobierno del MAS”, le escribió Eddy Velasco a Nila Heredia, representante de la agrupación Kilómetro Cero.

Por otra parte, el Control Social de las víctimas de las dictaduras, una instancia conformada por al menos tres agrupaciones de afectados, observó –entre otras cosas– el párrafo 3 de la página 5 de la norma, en el que se resalta la voluntad política del gobierno de crear la Comisión de la Verdad.

“La comisión debe saber que la Ley de la Comisión de la Verdad no fue realizada por voluntad política del Gobierno. Nunca hubo voluntad política, fuimos las organizaciones de víctimas de la violencia política las que con nuestra lucha logramos la ley”, aclaró el Control Social. La Comisión no emitió ninguna respuesta a esta carta.

El trabajo de la Comisión de la Verdad tampoco ayudó a que se desclasifiquen los archivos de las Fuerzas Armadas; por lo tanto, continúa la impunidad militar en el caso de la desaparición del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros más. En julio de este año, en el acto que recordaba la muerte de Marcelo, quien fue asesinado en el golpe militar de Luis García Meza, el 17 de julio de 1980, el sobrino del fallecido aseguró que después de más de 30 años no hay justicia, todo lo contrario, “hay obstrucción”. “No hay apoyo, hay obstrucción de la justicia, hay una orden judicial de hace varios años para desclasificar los archivos de los militares, pero no se cumple… No sólo las Fuerzas Armadas no han cumplido, sino que el gobierno ha impedido que se abran estos archivos”, manifestó José Antonio Quiroga. Esta falta de voluntad se traduce en que hasta la fecha no se encuentran los restos del líder socialista y tampoco se da con los responsables directos del asesinato.

El analista Cordero va más allá sobre el trabajo de la Comisión. “Lo que vaya a concluir e informar la Comisión de la Verdad será hábilmente utilizada por el gobierno para distraer la atención pública y reforzar su estrategia de comunicación, estrategia que busca mejorar la deteriorada imagen del presidente Evo Morales de cara a las elecciones de 2019”, aseguró al sostener que la Comisión de la Verdad al final de cuentas “lavará” la imagen de las Fuerzas Armadas respecto de los hechos violatorios de derechos humanos. “Los culpables serán los que no se pueden defender porque están muertos”, finalizó.