Lanzan espacio de protección y asistencia jurídica para periodistas

Mesa redonda analizó la situación de la prensa

La Paz, 10 de mayo

La sociedad debe valorar el trabajo de la prensa como intermediaria entre el poder político y el Estado; asimismo, los periodistas necesitan empoderarse de derechos y obligaciones para precautelar su labor y el poder debe entender que la información que se genera no es de un gobierno, ni siquiera de un Estado, sino de la genta, que es la titular del derecho a la información y la libertad de expresión.

Estos fueron algunos de los temas en los que la Mesa redonda: “El trabajo de la prensa en Bolivia” reflexionó en el marco del lanzamiento de la Red de Apoyo y Protección al Periodismo (RAPP), hoy 10 de mayo, Día del Periodista en Bolivia.

El evento fue organizado por la Fundación para el Periodismo y contó con la participación de Mery Vaca, directora de Página Siete; Marco Zelaya, director de Los Tiempos; Susana Eróstegui, directora de Unitas y Ramiro Orías, abogado y responsable del Consultorio Jurídico que pone en vigor esta nueva instancia de respaldo al trabajo cotidiano de la prensa.

Periodistas y expertos coincidieron en la importancia de la creación de un espacio de apoyo a periodistas en caso de vulneración de sus derechos en el ejercicio de su labor informativa, también de la necesidad de capacitación en seguridad personal y digital y en la normativa vigente.

Según la directora de Página Siete, Mery Vaca, “no queremos victimizarnos: los periodistas queremos que la gente valore que somos los intermediarios entre el poder político y el ciudadano, y esta es una labor imprescindible para la democracia”.

Vaca describió una serie de ataques físicos, psicológicos, judiciales y cibernéticos sufridos por su equipo de prensa en los últimos meses, que han llevado incluso a la cárcel a un periodista, y mencionó la importancia de contar con asistencia jurídica en esos casos.

“No hay respeto ni comprensión al trabajo de fiscalización del periodista”, acotó.

Marco Zelaya, director de Los Tiempos, describió el marco normativo que rige la labor de la prensa como un edificio de cuatro pisos, en el que está la constitucionalización de la libertad de expresión –que el describe como uno de los derechos fundamentales del ser humano-, la Ley de Imprenta y la normativa internacional, que ampara el ejercicio responsable y autoregulado del periodismo. Sin embargo, menciona, “hay que construir jurisprudencia en el país”.

De acuerdo a Zelaya “si algún sentido tiene la libertad de expresión, es decir a las personas y en especial al poder, lo que no quieren oír; es decir, que la prensa siempre va a buscar los límites del poder, y en eso coincide con la Constitución Política del Estado, que es un instrumento de la democracia que hace posible ponerle límites al poder”. Sin embargo, sostiene, en Bolivia estamos lejos de eso, porque el poder político penaliza, judicializa y amenaza el oficio de informar.

Susana Eróstegui destacó la importancia de la labor de registro, monitoreo de las agresiones a los defensores de los derechos humanos, entre los cuales están los periodistas, pues las agresiones a la libertad de expresión son en última instancia, agresiones al derecho ciudadano de recibir información plural y completa

De acuerdo al registro que el Observatorio de Derechos Humanos que lleva adelante Unitas, entre enero y abril de 2022 se han registrado 61 casos de vulneración de derechos de la prensa, entre los cuales se lista la estigmatización de periodistas, las agresiones físicas, la criminalización del trabajo de la prensa y el ataque a los medios. “Son tendencias que, lastimosamente, van creciendo”, afirma.

El consultor jurídico de la red RAPP, Ramiro Orías, describió el papel que jugará este nuevo espacio en un contexto en el que la justicia ha quedado ajena a las vulneraciones que tienen que ver con la libertad de expresión y el derecho de informar y ser informados. “Un factor que nos motiva es la condición de impunidad generalizada de las vulneraciones al trabajo de la prensa. No hay una sola sentencia condenatoria”, dijo y recordó el caso Las Londras, suscitado en enero de este año y que no ha avanzado en sus investigaciones.

“La sociedad debe entender que cuando se ataca a un periodista se hace una afrenta a la libertad de prensa, pero la justicia prefiere irse por lo accesorio e investigar el bien jurídico menor, como puede ser la pérdida de un equipo, el daño personal”, señaló.

La Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) estará al servicio de los periodistas de todo el país de forma gratuita, tanto para asesorarlos como para capacitarlos. https://fundacionperiodismo.org/red-de-apoyo-para-periodistas/

Mas información: https://fundacionperiodismo.org/red-de-apoyo-para-periodistas/

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